El “comercio electrónico” en la OMC

Scasserra, economista y master en Relaciones y Negociaciones Internacionales, se desempeña actualmente como asesora en temas económicos internacionales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios; y es asesora en comercio internacional para UNI Américas Sindicato Global.

En diálogo con ALAI, realizado con motivo del Encuentro “Diálogos por una Internet Ciudadana, NuestrAmérica rumbo al Foro Social de Internet”, en Quito, la economista aclaró por qué a los movimientos sociales y los gobiernos latinoamericanos les debería preocupar esta propuesta. Nos recuerda que la mayoría de países latinoamericanos son receptores de tecnología, más que productores. Y eso significa que las normativas que se pretende introducir en la OMC “nos dejarían expuestos a la voluntad de las empresas transnacionales, sin ningún tipo de transferencia tecnológica hacia nuestros países y una vulnerabilidad en términos de seguridad y de datos fiscales de los contribuyentes, así como también de los consumidores y de los ciudadanos en general. Por lo cual, yo creo que los países latinoamericanos tienen mucho de qué preocuparse de esta agenda, porque en alguna manera daña la soberanía estatal y el modelo regulatorio de los Estados para poder beneficiarse de las inversiones extranjeras que vienen a los países de la región”. El diálogo continuó en los siguientes términos.

¿En nuestra región, a qué sectores de la sociedad más les puede afectar y de qué manera?

Yo creo que el tema de Comercio Electrónico permea a toda la cadena productiva de una economía, porque la economía de datos o la economía a través de Internet cada vez crece más y, hoy por hoy, prácticamente no hay ningún bien o servicio que no tenga parte de su cadena productiva a través de la Web, o de los datos o de un canal electrónico. Con lo cual, no hay que pensar en el Comercio Electrónico sólo como un portal como Amazon o eBay que venden y compran por Internet, sino que hay que pensar en todas las empresas de software que dan servicios terciarizados a empresas locales, desde la contabilidad de una empresa, pasando por la parte bancaria, hasta llegar a un software como SAP para la parte contable, o de logística o administración. Y la agenda de Comercio Electrónico permea todo esto, con lo cual no va a haber solo un sector impactado, sino que son todos los sectores, incluso los Estados, con todos los servicios informáticos que tienen, tanto de seguridad, como de temas fiscales y contribuciones, asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones, etc. Por lo cual, yo creo que todo lo que es digital, en la economía, --que hoy por hoy, es casi todo, y, si no lo es, en un futuro no muy lejano lo va a ser--. Esta agenda nos preocupa a todos los sectores, sean industriales, sean de servicios, agropecuarios, incluso los movimientos sociales u organismos, porque todos tenemos alguna parte de nuestra producción que es digital, o que pasa por canales digitales.

Nuestros países todavía no tienen muy desarrollado el tema del Comercio Electrónico, entonces, podrían preguntarse si no sería un beneficio tener eso regulado en la Organización Mundial de Comercio… y si no, ¿por qué?

El problema es que la Organización Mundial de Comercio, lo que está planteando es la desregulación del sector, no la regulación del sector. Si lo que plantearan fuera la capacidad de los Estados de regular ese nuevo sector que se está abriendo en América Latina --y que cada vez se expande más, puesto que el Comercio Electrónico y la digitalización están teniendo cada vez más relevancia y protagonismo en la economía--, si se tratara de regularlo en pos de esa soberanía y en pos de beneficiarnos con la tecnología como sociedad y como ciudadanos, yo creo que estaría a favor. Sin embargo, el problema es que justamente ellos plantean reglas que sean las ‘no reglas’; es decir, que no se puede regular nunca más a futuro el Comercio Electrónico, el comercio de datos o la transferencia de datos por Internet.

En Argentina, el Comercio Electrónico visto de manera tradicional no está muy desarrollado, y en toda América Latina tampoco. Y yo creo que se debe principalmente a que no tenemos muy desarrollado el sector logístico. En otras palabras, para tener una fuerte capacidad de compra-venta de artículos por Internet, tú necesitas como contrapartida un sector logístico muy eficiente; y la realidad es que en América Latina, por tener mal distribuida la densidad de población y, a la vez, extensiones de territorio muy amplias, resulta muy caro tener un sistema logístico eficiente. Por esta razón, el Comercio Electrónico de a poco va repuntando pero no está muy desarrollado, no así la parte digital de las empresas y la industria de datos, ya que existen empresas que realmente están trabajando mucho en la digitalización de sus sistemas con la modernización de todos los canales electrónicos y de toda la transferencia de datos entre empresas.

De esa manera, si miramos la agenda de Comercio Electrónico, no como compra-venta por Internet, sino como transferencia de datos, ahí sí encontramos que no podría haber capacidad regulatoria si se firmara esto en la OMC o en cualquier otro tratado, porque este tema lo abordan también otros tratados como el TISA, cuya negociación está actualmente en vigencia, o el Tratado Transpacífico, que ahora ya no está en vigencia pero cuyos textos siguen vivos. Del mismo modo, el RCEP (que es acuerdo asiático con China) trata el asunto del Comercio Electrónico, el TTIP y muchos otros acuerdos que actualmente están en proceso de negociación, o cerrada la negociación o dando vueltas por el mundo.

¿Qué tipo de regulaciones serían favorables para nuestros países, y nuestros consumidores/as y la ciudadanía, y quién debería adoptar esas regulaciones?

Yo creo que los Estados a la cabeza deben tomar las riendas y poder regular el comercio de datos y proteger la soberanía, los consumidores, los contribuyentes fiscales, los datos bancarios de los ciudadanos. Pero, también existe una responsabilidad por parte de otros organismos, porque la agenda de Comercio Electrónico no solamente busca poner una camisa de fuerza a los Estados, sino también a las instancias municipales, provinciales, y no estaduales, por ejemplo, un colegio de abogados, un colegio de escribanos o una agencia profesional, tampoco podrían regular o poner normativas que vayan en contra de la agenda de Comercio Electrónico, como se quiere plantear. Por tanto, hay un montón de regulaciones –no solamente estatales-- que van a ser influenciadas por la agenda de Comercio Electrónico.

Los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos, me parece que esa es una de las funciones del Estado, y creo que las regulaciones deberían exigir un estándar mínimo de la empresa que venga a invertir al país, exigir estándares mínimos de performance o de procesos de inversión. Exigir que los datos queden en el país, que no se los lleven, por temas de seguridad nacional sobre todo, y también obviamente poder tener la capacidad de poner tribunales que protejan a sus consumidores y también de cobrar impuestos a las transacciones electrónicas. Hoy por hoy, ya casi no existe un bien o un servicio que no se pueda comprar por Internet, y al decir que no se puede cobrar impuestos a las transacciones por Internet, lo que están haciendo indirectamente es liberalizar toda la agenda de comercio internacional dentro de los países, y eso es algo que los Estados tienen la soberanía para decidir cuáles van a ser sus aranceles y sus tarifas en la OMC. Y, la agenda de comercio electrónico iría a diezmar todo el trabajo realizado por los Estados en fijar sus aranceles consolidados en la OMC.

Si se decide en la OMC abrir negociaciones sobre el Comercio Electrónico, ¿qué significa en la práctica?

Hay varios puntos. El primero es que si se decide abrir la negociación, probablemente en esta próxima reunión ministerial que se va a desarrollar en Buenos Aires en diciembre no se llegará a un acuerdo; pero sí significa que la agenda de comercio electrónico quede de acá al futuro, en todas las ministeriales, para poder negociar e ir avanzando cada vez más en lograr acuerdos o consensos dentro de la agenda de lo que está planteado. Esto es muy importante porque los países subdesarrollados venían bloqueando las negociaciones comerciales en la OMC, exigiendo que se atiendan sus demandas. Sus demandas eran reglas más justas para los países en vías de desarrollo, sobre todo en temas de subsidios, dado que los países en vías de desarrollo son agroexportadores y los países desarrollados siguen subvencionando su agro en detrimento de los términos de intercambio respecto a los países subdesarrollados. Entonces, estas negociaciones estaban trabadas hasta que no se atiendan las demandas de los países en vías de desarrollo.

Como estos nuevos temas comerciales surgen --y los países en desarrollo quieren meterlos porque los necesitan negociar en la OMC--, hay una esperanza de poder negociar la agenda que está rezagada, a cambio de la agenda de los temas más modernos. Si se logra meter este tema en la agenda, el peligro es que nunca más se atiendan las demandas de los países en vías de desarrollo, porque si ellos logran introducir estos nuevos temas de la agenda comercial, muy probablemente ya no haya interés o incentivo por parte de los países desarrollados en dar concesiones a los países en vías de desarrollo para tratar las demandas que son realmente justas en términos de subsidios, seguridad alimentaria, agroindustria y otros. De modo que considero que ese es el mayor peligro: perder capacidad negociadora por parte de los países en vías de desarrollo.

Entonces, entiendo que la recomendación a nuestros gobiernos es no aceptar abrir esa negociación en la OMC… Frente a las amenazas a las cuales te refieres, ¿qué proponen hacer las organizaciones sociales de Argentina y de la región con motivo de la reunión ministerial de la OMC que se va a realizar en Buenos Aires en diciembre?

En Buenos Aires todavía estamos en proceso de organización de cuál va a ser la movida, pero sí hay un claro consenso por parte de las organizaciones sociales de repudiar la Ministerial. Está la Asamblea ‘Argentina Mejor sin TLC’ que está movilizando a las organizaciones sociales y algunos sindicatos; el sindicalismo argentino, por su parte, la CGT ya se ha manifestado en contra de estas negociaciones, y estamos a la espera de ver si se va a armar una gran movilización por parte de los sindicatos. Pero todavía nos encontramos en un proceso complicado porque hay elecciones el mes próximo en Buenos Aires, y esto genera un juego de ajedrez donde hay temas que no se están tratando.

Pero hay un recuerdo muy grande por parte de los organismos sociales y de los sindicatos de lo que fue el proceso del No al ALCA. Y hay un claro consenso de que estamos en contra de esta agenda, de que no queremos a la OMC, no queremos Tratados de Libre Comercio, tampoco queremos al G-20. Y que todas estas instancias lo que buscan en definitiva es desregular y privatizar nuestras economías y atar de manos y pies a los Estados en su capacidad soberana de regulación.

Así que el consenso está claro, las declaraciones se hacen. Lo que hay que definir bien es cómo se va a organizar todo de cara a la ministerial. Estamos rumbo a eso. Estamos trabajando fuertemente en este tema. Esperamos que toda América Latina se sume a la lucha en contra de estos acuerdos que tanto dañan a nuestras economías, a nuestros Estados y a nuestra soberanía nacional.

Fuente: ALAI