El Salvador: Gobierno reprueba en materia ambiental

Por Tomás Andréu

Instituciones ambientales gubernamentales carecen de liderazgo y no cumplen con su mandato.

“A cuatro años del gobierno Funes, la situación ambiental de El Salvador literalmente no ha cambiado, porque se siguen desplegando todos los procesos que generan deterioro ambiental, se sigue trabajando con una orientación económica de corte neoliberal que hace de la naturaleza una mercancía. Este gobierno literalmente no ha hecho nada que valga la pena para evitar la crisis que se incuba”, dijo el presidente de la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Ángel Ibarra.

Funes llegó al poder en junio de 2009 de la mano del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), venciendo a la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que gobernó El Salvador durante 20 años.

El 5 de junio del 2012, en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Funes, acompañado por su gabinete, presentó la “Política Nacional del Medio Ambiente”, que guía la acción ambiental de la administración pública y municipal y cuyo objetivo es revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad del país frente al cambio climático.

Un año después, en el balance de su gestión presentado el 1 de junio pasado ante la Asamblea Legislativa, Funes afirmó que “hemos hecho una inversión sin precedentes para comenzar a enfrentar los graves problemas ambientales heredados. Fortalecimos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para que cumpla su amplio mandato”, a la vez que aprovechó la ocasión para pedir a los diputados la aprobación de la Ley General de Aguas que envió al Palacio Legislativo hace más de un año.

“Es una ley absolutamente necesaria para alcanzar la seguridad hídrica en nuestro país”, aseveró el presidente durante la lectura de su informe. De aprobarse, el agua tendrá carácter de bien nacional y al mismo tiempo será un derecho humano y su fin será su consumo, cerrando las puertas a todo deseo de privatizarla, explicó.

No hubo, sin embargo, mención sobre temas como los transgénicos, la minería o el cambio climático que, para los analistas, deberían ser la columna vertebral de la gestión ambiental del gobierno.

Transgénicos en etapa de experimentación

Los expertos coinciden en que el actual titular del MARN, Herman Rosa Chávez, no ha tenido un liderazgo al frente de su cartera, a pesar de que proviene del no gubernamental Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA).

“El actual titular del MARN no desconoce que en el CENTA [gubernamental Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal] se han realizado parcelas agrícolas experimentales con organismos genéticamente modificados”, reveló la investigadora y asesora de políticas en materia de cambio climático, Yvette Aguilar. Ella vaticina que el MARN justificará “la introducción de estos [organismos] en el sector agropecuario [por] su mayor resistencia a los cambios del clima”.

En el año 2008 se derogó en la Asamblea Legislativa el artículo 30 de la Ley de Semillas, permitiendo que las semillas transgénicas o genéticamente modificadas se puedan vender o importar en El Salvador.

El año pasado, el viceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Alexander Flores Hidalgo, declaró a la prensa que el tema de los transgénicos “es punto que no ha sido discutido y el ministerio no tiene una posición oficial al respecto”.

Respecto a que el tema del cambio climático no se halla en la agenda gubernamental, la Aguilar amplía la responsabilidad a otras estructuras del gobierno.

“El Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MARN y el Ministerio de Salud tienen responsabilidad compartida”, afirma Aguilar. “El tema engloba diferentes componentes: la disponibilidad, el acceso, el aprovechamiento biológico de los alimentos y la adecuación de estos. Sin embargo, el cambio climático mundial ya está afectando a todos los componentes referidos y a futuro se proyectan mayores afectaciones. El abordaje y tratamiento de este tema debería ser una prioridad en la agenda nacional de cambio climático liderada por el MARN”.

Edgardo Mira, directivo del no gubernamental Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), sostiene que “en materia ambiental, este gobierno no ha dado una respuesta aceptable a las amenazas de la industria minera metálica. Nosotros hemos estudiado exhaustivamente la minería y hemos investigado, documentado y constatado los efectos que provoca la minería en el agua. El gobierno debería tener una postura clara, contundente, adversando toda posibilidad de proyectos mineros, pero lo que tenemos son propuestas que abren las posibilidades a la industria minera en El Salvador”.

Mira señala que el gobierno ha hecho muy buenos diagnósticos sobre la problemática ambiental que vive El Salvador, sin embargo, “vemos un contrasentido a la hora de aplicar el remedio”. Un ejemplo de ello es la Evaluación Ambiental Estratégica del Sector Minero Metálico de El Salvador realizada por el Ministerio de Economía (MINEC) y el MARN entre el 2011 y el 2012.

En una presentación ante el Congreso a fines de agosto del 2012, Rosa Chávez y el titular del MINEC, Armando Flores, explicaron que el documento revela que los beneficios potenciales de la minería metálica no compensan los daños ambientales causados por esa actividad. Sin embargo, no recomienda su prohibición, sino que simplemente aconsejan la máxima cautela y precaución.

“Esa evaluación es para justificar la apertura a la minería metálica. Hicimos público nuestro desacuerdo [con la evaluación] y se lo dimos por escrito al MARN”, recuerda Mira.

“Por lo menos en el país hay 28 proyectos de exploración minera. Unos pueden estar inactivos y otros se mantienen activos. Estos datos cambian tanto y el MARN no te da esta información. También sabemos que hay otros focos de concentración minera en el territorio”, recalca Mira.

Proyectos mineros transfronterizos

El directivo del CEICOM también ve una ausencia de liderazgo en el actual titular del MARN y en el presidente Funes.

“Hubiese sido fundamental que el gobierno liderase un proceso de negociación mínimo con Honduras y Guatemala sobre los proyectos mineros transfronterizos. Este gobierno tuvo la oportunidad de ser líder en la región declarando las zonas fronterizas libres de minería. Este ministro [del MARN] no tuvo cualidades para ello. Es una persona apagada”, dijo.

CEICOM ha contabilizado 11 proyectos mineros en Guatemala y 42 en Honduras. Diez de esos proyectos se encuentran sobre la cuenca del río Lempa que abraza a tres países: Guatemala, Honduras y El Salvador, uno sobre la cuenca del río Paz, que divide a El Salvador y Guatemala, y el resto están en la cuenca del río Goascorán, entre Honduras y El Salvador.

Ibarra critica la Ley Especial de Asocio Públicos-Privado aprobada en mayo por la Asamblea Legislativa, que da incentivos y condiciones a los inversionistas privados para que puedan invertir en el sector público. Con esta ley el gobierno espera mayor inversión en proyectos de infraestructura y servicios, quedando excluidas el agua, educación, salud, seguridad y la custodia de convictos.

No obstante, para CEICOM, la ley abre las puertas a los proyectos mineros, mientras que UNES considera que “es darle los bienes naturales a la empresa privada” en una especie de concesión “para seguir la lógica de la rentabilidad económica a costa del deterioro ambiental”.

Fuente: Noticias Aliadas