El Estado mexicano y empresas, culpables de la destrucción sistemática del campo, TPP

Desde la comunidad de San Isidro, municipio de San Gabriel, los dictaminadores señalaron a las instituciones mexicanas y a un cúmulo de empresas de ser culpables del deterioro de la vida de los pueblos campesinos y comunidades indígenas en el país, así como de la devastación ambiental y social que se vive en México, después de escuchar 23 casos de violaciones a los derechos de pueblos de Jalisco y de otros estados del país.

“En todos los casos se demostró que el Estado no ha estado presente para evitar que las grandes corporaciones hagan daño a tierra, cultivos y comunidades”, detalló la abogada colombiana Dora Lucy Arias, parte del cuerpo de dictaminadores.

El Comité, que sesionó de viernes a domingo en San Isidro, constató hechos generalizados que se encontraron en los casos vistos, los cuales son tan sólo un ejemplo de lo que sucede en el país.

“Las constataciones” fueron la existencia de una guerra –que se remonta desde hace varios siglos– contra la subsistencia y saberes locales de la gente común, llevada por el Estado y el mercado en una asociación contra las modalidades de subsistencia para imponer valores económicos y volver a la gente dependiente de las mercancías, detalló Jean Robert.

Aseguró que pese a que esta guerra lleva varios años, nunca se había alcanzado la violencia que se ha presentado en los últimos 20 años.

También se constató un despojo de sentidos y tejidos sociales, influyendo en la creación de conflictos entre las comunidades, a fin de que pierdan su autonomía.

“La ingeniería del conflicto es sembrar discordia, desarmar los mecanismos de resolución de conflictos, desatar la división interna, como testimonio están el caso de Mezcala, y de la comunidad Rarámuri”, dijo Fernanda Vallejo.

El Estado y las empresas realizan una precarización intencionada del modelo de vida comunitario, con un despojo progresivo de bienes, endeudamiento, esclavitud, a fin de volver a las personas dependientes de mercancías y decisiones ajenas, leyó Vallejo en el dictamen. También señaló un genocidio extremo por parte de estos actores.

Además detectó un desamparo institucional y procesos de simulación e impunidad, como consecuencia del desvío de poder del gobierno mexicano hacia las empresas, favoreciendo sus intereses y dañando la vida de los pueblos, comunidades y ciudades.

“El desamparo de las autoridades se caracteriza por la ausencia de éste para evitar la existencia de daños a la tierra, la subsistencia y la vida digna, el Estado no adopta conductas que prevenga la amenaza de empresas mineras, urbanísticas, agroquímicas, transgénicos (entre otras)”, dijo.

El Estado, recordó, está ausente en el momento en que las amenazas se presentan, lo cual se constató en los 23 casos, en los cuales se da cuenta del intencionado y sistemático de estos mecanismos.

Para Dora Lucy Arias, “los capitales privados parecen haber ganado irreversiblemente la partida contra las fuerzas sociales, a consecuencia de esta mutación los estados de la época actual desvían su poder de su objetivo original: garantizar bienestar general”.

Los dictaminadores demandaron al Estado mexicano “detener la implementación, ejecución de estudios, proyectos y políticas denunciados como mecanismos de despojo, no conceder nuevas licencias de explotación de recursos, garantizar el respeto de la ciudadanía soberana contra agresores interiores y exteriores, garantizar el cumplimiento de medidas de respeto y protección de corrupción del aparato estatal y detener la devastación”.

El Estado, dijo Arias “debe garantizar el cese de las actividades dañinas y corregir la impunidad en los causantes de los daños; así como rehabilitar física y psicológicamente a las personas y comunidades afectadas, restaurar su dignidad y restituir lo que es restituible”.

Instaron a movimientos, luchas, colectivos y organizaciones civiles a continuar en la ruta de resistencia ante los planes de devastación.

Fuente: La Jornada Jalisco