El Caso Berta Cáceres: el colapso del Estado de Derecho y de Honduras

Idioma Español
País Honduras

La orden de prisión preventiva dictada contra Berta Cáceres es un indicador más del colapso del Estado de Derecho en Honduras, el cual desde hace décadas padece de enormes deficiencias, pero que a raíz del golpe de estado del 2009, ha sido reducido a cenizas por el grupo de empresarios militares y políticos instigadores del asalto al poder legislativo y judicial.

La persecución contra Berta, Tomás y Aurelio no es más que un hostigamiento en contra del pueblo Lenca, los demás pueblos indígenas y el movimiento social, valientes defensores de los bienes comunes apetecidos por la elite de poder la que pretende apropiarse de ellos para su beneficio.

 

Mediante la campaña mediática dirigida para distorsionar la lucha del pueblo Lenca, acompañado de la tozudez de los operadores de justicia al servicio del capital nacional y extranjero, se pretende acallar la voz del pueblo, sin darse cuenta que los Lencas de Rio Blanco defienden su río con un ahínco desconocido para aquellos atrapados en la servidumbre del sistema feudal imperante en Honduras.

 

El Estado ha violado de forma sistemática el derecho a la Consulta y Consentimiento, Previo, Libre e Informada (CPLI); ignorando Convenios y Declaraciones firmados y ratificados desde hace casi dos décadas. Los asesores jurídicos de la Administración Lobo, ya sea por ignorancia o por omisión premeditadamente han distorsionado el CPLI, socavando el ius cogens uno de los principios fundamentales del derecho imperativo, el que ampara los intereses colectivos fundamentales. Desgraciadamente los golpistas y sus leguleyos anteponen la importancia del capital a los intereses del pueblo.

 

La muerte de los ríos a través de la construcción de represas, sin tener en cuenta las consecuencias el cambio climático en el patrón de precipitaciones pluviales, indica la falta de visión en relación a los caudales ecológicos y las graves consecuencias que tendrá la intensificación del fenómeno del niño en las próximas décadas. Empresarios y funcionarios estatales se convierten en cómplices de la muerte de la gran mayoría de ríos, ya que están amenazados por el grupúsculo de familias favorecidas con préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de los mecanismos de Desarrollo Limpio MDL) de las Naciones Unidas.

 

La campaña de distorsión de la información por parte de DESA, compañía implicada en la persecución de Berta Cáceres, ha llegado al extremo de crear páginas en las redes sociales a nombre del COPINH, donde han colocado un vídeo alojado en youtube en el que se muestra el asesinato a quemarropa a manos de miembros del ejército de Tomas García el pasado 15 de junio. Es indudable la mentalidad fascista de los empresarios y sus esbirros, los que en ningún momento disfrazan su capacidad de agresión para lograr el control social a través del terror.

 

Persistir en encarcelar a BERTA y criminalizar al COPINH no es más que destruir los remanentes del estado de derecho.

 

Sambo Creek, La Ceiba, Atlántida 26 de Septiembre del 2013

 

Fuente: OFRANEH

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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