El recuento de la violencia en el campo
"En menos de tres meses la violencia del agronegocio contra las comunidades campesinas e indígenas ha dejado al menos una decena de heridos y una persona desaparecida, esto acompañado de la criminalización de al menos 35 referentes campesinos imputados por la defensa de su territorio".
Durante los últimos meses, en coincidencia con el inicio de una nueva zafra sojera, el campo ha sufrido una grave crisis de violencia reflejada en el ataque a comunidades indígenas y campesinas. Seis fueron los casos más notables de violencia contra la población campesina e indígena que defiende su territorio ante el avance destructivo del modelo sojero.
Comunidad Indígena Makutinga
El pasado 7 de noviembre unos 80 policías acompañaron a sojeros de origen brasileño para atropellar la Comunidad Indígena Makutinga, ubicada en San Rafael del Paraná, Departamento de Itapúa. Las tierras forman parte del territorio ancestral de la parcialidad Mbya Guaraní. Son 763 hectáreas, donde viven 28 familias indígenas; el territorio se encuentra titulado y reconocido por el propio Instituto Nacional del Indígena, sin embargo mediante maniobras irregulares con complicidad de fiscales de la zona empresarios sojeros pretenden apoderarse de las tierras.
Desde el pasado martes los policías rodean la comunidad teniendo a los indígenas como rehenes en sus propias tierras, según denunció Eriberto Fernández, líder de la comunidad.
San Cristóbal
El Asentamiento 1 de Mayo se encuentra ubicado en el Distrito de San Cristobal, Departamento de Alto Paraná, allí el empresario brasileño Luis Cidenei junto con civiles armados y tractores habrían destruido las viviendas de campesinos que habitan en el lugar que fueron construidos por la propia Secretaría de la Vivienda (SENAVITAT). Según Osmar Caballero, dirigente del asentamiento, las tierras pertenecen a los campesinos sin embargo mediante diversas maniobras y con apoyo fiscal los sojeros pretenden apoderarse del territorio.
El ataque de los sojeros dejó personas heridas y varias viviendas destruidas.
R.I. Sur O’leary
El Asentamiento fue creado como una Colonia del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) con 1000 hectáreas distribuidas en más de 300 lotes sin embargo colonos brasileros fueron ingresando a la comunidad pretendiendo extender sus cultivos de soja, hace tres años los pobladores de la Colonia luchan contra la sojización. El 24 de octubre peones bajo el mando de los sojeros brasileños atacaron a los pobladores que buscaban evitar que se realice el cultivo de soja en la comunidad, resultaron heridas 4 personas, hubo ataques con machetes y armas de fuego.
Según estimaciones cerca de un millón de hectáreas de las Colonias Campesinas habilitadas por el INDERT fueron “devoradas” por el agronegocio.
Capiibary
Desde finales del mes de octubre los pobladores de la comunidad 6° Línea Mariscal López del distrito de Capi’ibary (San Pedro), vivien un momento de zozobra debido a los atropellos que sufre la comunidad por parte de sojeros acompañados por la Policía Nacional del distrito de Yhú (Caaguazú). Los pobladores denuncian también que 35 integrantes de la comunidad fueron criminalizados e imputados por el Ministerio Público por la supuesta quema de una maquinaria utilizada por los sojeros.
Según señala la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), presente en este asentamiento campesino, las las pulverizaciones con agrotóxicos que realizan los sojeros de la zona contaminan cauces hídricos, el medio ambiente, a más de generar enfermedades. Denuncian que los mismos no respetan las normativas ambientales vigentes ni el derecho constitucional de las familias del asentamiento a vivir en un ambiente saludable.
Pindo’i
Unos 60 sojeros de origen brasileño atacaron a campesinos del Asentamiento Pindo’i ubicado en Tembiaporã, Departamento de Caaguazú el pasado 4 de octubre. El ataque fue realizado con con armas de fuego y machetes contra unos 15 campesinos que ocupan unas 40 hectáreas en la colonia Pindo’i, dos labriegos resultaron heridos por los disparos de los sojeros y según denuncias las autoridades policiales y judiciales no actuaron para proteger a los campesinos y detener a los atacantes.
La Colonia Pindo’i esta ubicada junto a la Colonia Guahory donde se dieron situaciones similares en los últimos años. En ambos casos los brasileros se atribuyen títulos de propiedad de tierras que pertenecerían al INDERT.
Takuara’i
La Comunidad Indígena de Takuara’i vive en tierras ubicadas en el Distrito de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, unas 1500 hectáreas de tierra son parte del territorio ancestral de esta comunidad Mbya Guaraní, desde setiembre pasado sufren permanentes ataques por parte de colonos que reclaman como propias estas tierras. Durante el conflicto se dieron al menos tres ataques por parte de civiles armados bajo órdenes de los sojeros brasileños, según la comunidad indígena esto habría dejado al menos 2 heridos y un indígena desaparecido que presumiblemente habría sido asesinado por los matones.
La comunidad está compuesta por 70 familias indígenas que retornaron a su territorio ancestral un tiempo atrás, allí habitaron sus padres y abuelos.
En Resumen
Los casos muestran varios patrones en común, el uso irregular de la fuerza por parte de los sojeros, la complicidad fiscal y policial para encubrir esa violencia y permitir la usurpación irregular de territorios legítimamente pertenecientes a indígenas y campesinos. En menos de tres meses la violencia del agronegocio contra las comunidades campesinas e indígenas ha dejado al menos una decena de heridos y una persona desaparecida, esto acompañado de la criminalización de al menos 35 referentes campesinos imputados por la defensa de su territorio.
El clima de violencia parece agudizarse tras la amenaza de los sojeros al propio parlamento nacional, donde advirtieron a Senadores harían un tractorazo y que “no se lamenten si hay muertos”.
Por su parte las organizaciones campesinas se encuentran articulando un frente unitario en defensa de la soberanía territorial y de la vida digna. La semana entrante está previsto el tratamiento del proyecto de Ley que Grava la Exportación de Granos en Estado Natural, este proyecto es clave para lograr que el poderoso sector sojero aporte alrededor de 300 millones de dólares al año al fisco, sin embargo genera una gran resistencia en los gremios de agronegocio que mediante un comunicado, cargado de ataques a los sectores populares, piden la represión y criminalización de dirigentes sociales.