El gobierno da la espalda al campo y profundiza la crisis del agro
Las medidas del gobierno nacional hacia el campo colombiano han resultado insuficientes y contrarias a la intención de reactivar la economía y dignificar la labor del campesinado, en varias regiones del país las cosechas se pierden, mientras en las ciudades, amplios sectores sufren por hambre en medio de la emergencia social y económica generada por la pandemia del Covid19.
No existe voluntad política para articular la producción nacional campesina con el abastecimiento de alimentos en las ciudades y el suministro a los programas de compras institucionales, la soberanía alimentaria de los colombianos se encuentra a merced de la “mano invisible” del mercado y de la ortodoxia de las recetas neoliberales en el poder, muestra de ello son las medidas descritas a continuación:
El 7 de abril, el Presidente Iván Duque firmó el decreto 523 autorizando la importación de cereales con cero arancel, las cifras de importación equivalen a 2,4 millones de toneladas de maíz; 24 mil toneladas de sorgo; 600 mil toneladas de soya y 1,5 millones de toneladas de torta de soya. Un golpe a la producción nacional que profundiza la dependencia alimentaria en un país que importa 14 millones de toneladas de comida al año.
Respecto al programa “Colombia agro produce”, una línea especial de crédito de Finagro, la Contraloría General de la Republica reveló que al 8 de abril del presente año, de un monto equivalente a $226.000 millones se habría asignado el 80% del recurso a grandes empresas y comercializadores, mientras a campesinos y pequeños productores tan solo se asignó el 1,8%, además, se logró evidenciar que Bogotá recibió el 35,6% de los recursos del programa.
Otra medida anunciada por el gobierno ha sido el decreto 803 de junio de 2020 sobre la prima de servicios para el sector agropecuario, la cual desconoce el alto grado de informalidad laboral del campo colombiano, esta “iniciativa” favorece a la gran industria agroalimentaria, ya que los beneficiarios de tal medida deben pertenecer al régimen contributivo, paradójicamente, un gran porcentaje del campesinado pertenece al régimen subsidiado.
Sumado a esto, existe una gran preocupación en el gremio lechero, aproximadamente 350.000 familias que dependen de esta actividad, debido al incremento de las importaciones de leche en polvo y derivados lácteos, a la fecha se ha importado más de 30 mil toneladas, superando las cifras del todo el año 2015.
Los productores de papa también han expresado su inconformiso por la posible importación de 65.000 toneladas de papa pre frita congelada, proveniente de países como Bélgica, que hace parte del TLC firmado con la Unión Europea. Son alrededor de 90.000 familias campesinas en 283 municipios del país en vilo ante esta situación.
No suficiente el panorama, el Congreso de la República, más exactamente la comisión séptima de la cámara de representantes hundió el proyecto de ley sobre vivienda rural, a sabiendas que el 81% de los hogares ubicados en los centros poblados y rural disperso se encuentra en déficit habitacional.
¿Cuándo será saldada la deuda histórica con el campo y el campesinado? ¿Hasta cuándo el campo será víctima de un modelo de desarrollo excluyente y desigual?
El primer paso será reconocer que el camino para superar la pobreza, el desempleo, el hambre y la desigualdad está en la reactivación del agro, la recuperación de la soberanía alimentaria y la dignificación real de los campesinos de Colombia.
Fuente: Soy Campesino