El Prohuerta y nuestras semillas

Los objetivos de una “Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas” que reemplace a la vigente 20.247/73 fue un tema central de preocupación para organizaciones y militantes populares en la última década y estuvo presente en cientos de debates en todo el país, particularmente en el último año. Al denunciado como “Proyecto Monsanto-Bayer” presentado por el Poder Ejecutivo se le opusieron otros; entre ellos uno consensuado por una numerosas organizaciones sociales, políticas y académicos, a las que como Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía-UBA nos asociamos.

El dictamen del 13 noviembre 2018 surgido de la Comisión Conjunta que reunía a las comisiones de la Cámara de Diputados involucrados en el tema y que, inicialmente, iba a ser tratado de inmediato en el seno de la misma – y luego postergado sin fecha- recoge en lo fundamental la propuesta del Ejecutivo, atentando claramente contra el bien común.

Las semillas de que dispone hoy la humanidad no fueron generadas por unas pocas empresas, sino que son producto de 10 mil años de trabajos de mujeres y hombres que han hecho agricultura. Para esas familias, nosotros y nuestros descendientes es por lo tanto crucial que estén al servicio de todos.

Considerando las características que está teniendo la problemática de las semillas en nuestro país, no deberíamos restringir el debate a lo legislado por la Ley Nacional que nos rige desde hace 46 años, o a la que podría reemplazarla. Tampoco deberían limitarse a ellas las propuestas y las acciones, ya que “quien controla las semillas controla la alimentación”.

Semillas en Argentina

 Es imprescindible la denuncia de quiénes se apropian de las semillas, las manipulan y transforman en instrumento de poder para imponer modelos agroalimentarios y el Paradigma Sociambiental que los avala, pero consideramos que también hay otros aspectos a considerar en forma urgente. ¿Quién y cómo selecciona, cultiva, multiplica y cuida las semillas de nuestros alimentos básicos? ¿Qué mecanismos nos estamos dando como sociedad para ampliar la investigación, experimentación y difusión de semillas con pedigree abierto? ¿y con la generación de semillas adecuadas para sistemas agroecológicos? ¿qué función están cumpliendo los bancos de germoplasma público? ¿Qué está pasando con la oferta y el intercambio de semillas y saberes? Para la Soberanía Alimentaria son relevantes esos temas, pero su tratamiento escapa a este artículo. No obstante, quisiéramos destacar algunos aspectos en relación a la construcción social en defensa de las semillas. Las “semillas en manos del pueblo” por medio de “bancos” o “casas” de semillas, guardianas-guardianes, madrinas-padrinos, custodios -cuidadores, comenzaron a ser respuestas concretas de las comunidades al proceso de expropiación y mercantilización de las mismas. Quienes cuidaron y multiplicaron las semillas –nativas, criollas, campesinas, indígenas- que les permitieron obtener alimentos, medicina, vestimenta y vivienda debieron incorporar medidas activas de resistencia para conservar ese bien común. ¿Cuánto y en qué avanzamos? ¿qué especies y variedades estamos generando? ¿a qué tipo de necesidades respondemos? ¿cuáles deberían ser las prioridades y cómo enfrentarlas? Compartir e intercambiar semillas y saberes es parte de la lucha para conservar el control de la alimentación y la vida, algo que se expandió notablemente en las dos últimas décadas, ampliando espacios de encuentro a distintas escalas. ¿Qué pasa ahora con las redes de intercambio y ferias de semillas y plantas? Son valiosos pero incipientes, los avances de algunas universidades públicas para seleccionar y difundir semillas con “pedigree abierto” y la conformación de redes que las vincule entre sí, con otros organismos de ciencia y técnica y con las organizaciones sociales. Un camino a profundizar, en un contexto crítico. La plataforma BIOLEFT puede ser un punto de inflexión al respecto. La obtención y manejo de las semillas está directamente ligada también a las políticas alimentarias y éstas son una componente básica de las políticas públicas; el Pro-Huerta constituye un ejemplo, cuyo rico aprendizaje ayuda a reflexionar sobre el rol de los actores en la construcción de esas políticas.

Pro-Huerta y sus semillas

El Pro-Huerta –desde su creación en 1990 a cargo del Min. de Des. Social y el INTA- no solo hizo visible el rol de las semillas hortícolas en la seguridad alimentaria, sino que además contribuyó al desarrollo de sistemas de producción para el autoabastecimiento y la comercialización de alimentos agroecológicos y a hacer más visibles condicionantes, necesidades y potencialidades de los ciudadanos más vulnerables, especialmente a nivel urbano-peri urbano.

Pro-Huerta compra a un único proveedor-la Federación de Cooperativas Agropecuarias/FECOAGRO, de San Juan- la totalidad de las semillas que necesitan los huerteros del país, quienes a través de 29 años las recibieron gratuitamente en “kits” conteniendo especies y variedades adecuadas a las estaciones del año. Técnicos y miles de promotores voluntarios hacen llegar las semillas, capacitación y asistencia, a cientos de miles de familias.

Las compras de semillas del Estado a FECOAGRO fue disminuyendo gradualmente en estos últimos años, alcanzando en 2019 al 40 % de lo que fue históricamente. ¿Cuáles son sus consecuencias entre la creciente población vulnerable y entre los coopeativistas proveedores? ¿Qué causas lo explican?

Una desocupación del 9,1 %, 25 % al menos de la población buscando empleo, casi el 50 % de nuestros pibes en hogares por debajo de la línea de pobreza, caída de los ingresos y el consumo de alimentos, demanda creciente en los comedores populares y merenderos, etc..son sólo indicadores de una “deuda interna” intensificada por la actual política. Es urgente que los sectores populares produzcan y accedan a más alimentos, por lo que la reducción del principal insumo del Pro-Huerta constituye una medida de “ajuste”, que va acompañada por la desvalorización del trabajo de sus promotores y técnicos.¿Un “kit” de semillas de 200 $ puede considerarse un “gasto” para familias vulnerables que buscan producir alguno de sus alimentos? ¿la burocracia, ineficiencia o posibles errores del INTA pueden justificar semejante castigo a quienes más necesitan? ¿es esto independiente de otras políticas públicas? ¿puede suponerse que este “ajuste”, puede contribuir a la producción autónoma de semillas que se requieren urgentemente?

Crisis de FECOAGRO

 En FECOAGRO se acentúan viejos problemas, tal como le pasa otras organizaciones de la economía social: -inadecuada asistencia técnico-productivos a nivel de las explotaciones, lo que implicó –entre otros aspectos- semilla de poca calidad; -la comercialización con críticos aspectos comerciales y administrativos. Poder sostener la demanda del Pro-Huerta hizo necesario, inclusive, la compra de semillas a empresas privadas; no se logró diversificar compradores; -la Federación enfrentó la permanente tensión entre lograr el empoderamiento por los productores familiares, o dejar las decisiones a una tecnocracia supuestamente más “eficiente”; -la suba de los insumos incrementa los costos de producción, a lo que se suma el “ajuste” por Pro-Huerta. Por eso se decidió el despido de 23 empleados y la suspensión del “Plan de Siembra Otoño-Invierno”. El 20-25 % de los productores que aún quedan –de unos 400 iniciales- están con deudas y desorientados.

Los desafíos

 Las semillas no son un “insumo” más para la producción de alimentos; transmiten historia y cultura y determinan los sistemas productivos, la relación con el ambiente y la alimentación. Por eso, tener un diagnóstico lo más actual y realista posible de lo que está pasando con las semillas en nuestras comunidades y en agro argentino, es clave para avanzar en estrategias que demandarán fuerte compromiso de los actores sociales, las instituciones de ciencia y tecnología y otro tipo de políticas públicas. El rol del INTA en general, y en la producción y cuidado de las semillas y su participación en el Pro-Huerta, también merece particular atención, ya que permite un rico aprendizaje. Lo mismo sucede con su participación en el Pro-huerta: hay mucho para resaltar, pero no siempre se estimuló la participación y la búsqueda de autonomía. Contar con las semillas necesarias y en manos de los sectores populares constituye una exigencia básica para poder incrementar la producción de los alimentos saludables que está exigiendo nuestra sociedad. El acceso a estas semillas, a la tierra, al agua, a tecnologías apropiadas y al financiamiento requieren un Estado distinto y son bases de una política alimentaria económica, social, ambiental, cultural, política y éticamente sostenible; el vínculo directo con los consumidores/ciudadanos fortalece esa posibilidad y, por lo tanto, la transición a la Soberanía Alimentaria.

 Fuente: Calisa Fauba