El Gobierno creó por decreto el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena

El Gobierno creó por decreto de necesidad y urgencia el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), un ente autárquico que absorberá las tareas que hasta ahora realizaba la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y que dejará de estar bajo la órbita de la ahora Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Economía para quedar en la estructura de la Jefatura de Gabinete. Por el momento se trata solamente de un cambio de organigrama, ya que —de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial— el flamante instituto mantendrá la dirección (a cargo del referente del Movimiento Evita Miguel Gómez)– y el personal de la subsecretaría. El decreto abre dudas sobre la operatividad inmediata del instituto. Lo que se reconoce en el documento publicado en el Boletín Oficial es que la agricultura familiar "es protagónica en el esfuerzo de los países por lograr un futuro sin hambre", sin embargo, las políticas públicas para el sector quedarán fuera del área de Agricultura.  

El funcionamiento del Inafci seguirá dependiendo de la cartera de Economía “hasta que tenga plena operatividad”, indica el DNU. El decreto da 60 días para la conformación del nuevo organigrama. En materia de presupuesto para su funcionamiento se indica que será por Presupuesto Nacional, pero la denominada “Ley de Leyes” para el 2023 ya está siendo debatida en el Congreso y obtuvo media sanción de Diputados. 

De esta manera, los fondos para el flamante instituto provendrían de lo que está asignado para la actual Subsecretaría. Durante la gestión del Frente de Todos  la falta de recursos para aplicar las políticas de agricultura familiar no dejaron de escucharse. A pesar de esto, el decreto promete que el objetivo de la creación del instituto es “lograr mayor agilidad y eficacia con las medidas a adoptar” para el sector de la agricultura familiar.  

El  decreto 729/2022 que crea el Inafci pone al flamante instituto en el marco de la  Ley 26.737  —Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales—, como integrante del Consejo Interministerial de Tierras Rurales; y lo designa como autoridad de aplicación de la Ley 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar”. Este punto cuenta con una particularidad, el Gobierno crea por DNU el instituto debido “atento la urgencia en la adopción de la presente medida”, pero aún  adeuda la reglamentación de la Ley 27.118, una norma que fue sancionada por el Congreso en 2014. 

Con la conformación de instituto se vuelve a reconocer el rol de la agricultura familiar. En los considerandos del documento se recuperan las recomendaciones de políticas para el sector acordados en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se cita la  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos e indica que la agricultura familiar campesina-indígena “no solo producen la mayor parte de los alimentos para el consumo interno de los países de la región, sino que habitualmente desarrollan actividades agrícolas diversificadas, que les otorgan un papel fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad”.

De objetivos y realidades para el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar

En ese sentido, el decreto otorga al Inafci una serie de objetivos a tono con los ejes que trabajan y reclaman al Estado las organizaciones campesino-indígenas. En el Boletín Oficial se ordena al flamante instituto “entender en la promoción de las formas de producción agroecológicas, así como fomentar y acompañar la transición hacia estos sistemas de producción primaria y transformación asociada”. 

Este objetivo está en línea con la creación de la Dirección Nacional de Agroecología, pero contrasta con el escaso presupuesto a nivel nacional para este sector y la  posición de la Argentina en estos debates a nivel internacional, donde se presenta como un país  defensor del actual modelo agropecuario de exportación de commodities. Otro punto es el degradado respaldo que tiene desde el macrismo la  Red de Agroecología del INTA. 

En cuanto al lineamiento de las políticas públicas, recientemente, la Mesa Agroalimentaria —integrada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesina-Indígena Somos Tierra (MNCI-Somos Tierra) y la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe)— advirtió que el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de un subsidio para compensar a los pequeños productores que no se beneficiaron con el “dólar soja”, por un total de 44.000 millones de pesos, “estará destinado principalmente para la compra de agroquímicos (mayormente importados y producidos por las multinacionales)”. 

Otro objetivo ordenado para la Inafci es el “fomentar programas de construcción, ampliación y mejoramiento del hábitat rural, acceso al agua y sus condiciones productivas, propiciando el arraigo y la vuelta al campo, con el objetivo de promover la pesca artesanal y la permanencia en la tierra de las familias de los agricultores y las agricultoras”. Esas políticas podrían haber sido traccionadas por el Gobierno en los últimos tres años de gestión con la reglamentación de la Ley 27.118 —que ahora deja en manos del flamante instituto— pero también con la sanción de leyes reclamadas por las organizaciones campesinas e incluso respaldadas públicamente por el oficialismo como la  Ley de Acceso a la Tierra y la  Ley de Pesca Artesanal. 

El decreto también urge al instituto a “generar instancias de participación de los productores y las productoras de la agricultura familiar, campesina e indígena” y “entender en la coordinación con organismos de cooperación técnica y financiamiento nacional”. Hasta el momento, no tuvieron efecto los pedidos de las organizaciones campesinas ante las autoridades nacionales ni el reclamo de contar con una  representación equitativa en el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde solo están los representantes del agronegocio.

Banco de tierras, una promesa de necesidad y urgencia

La creación del Inafci lo pone al nuevo organismo al frente de la aplicación de la aún no reglamentada Ley de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar”, que tiene entre sus puntos centrales la creación de un Banco de Tierras. Este punto es tomado en el decreto de creación del instituto y le da la potestad de “proponer las políticas, normas y procedimientos respecto de la utilización y disposición de los bienes que pudiesen pasar a integrar conforme la normativa vigente al Banco de Tierras” y de participar de manera directa —de acuerdo con las directivas que imparta la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)— de compras, enajenación, transferencia, alquileres o comodatos de tierras para incorporar al banco. 

En el marco de la Ley 26.737, el decreto pone al Inafci dentro del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, presidido por el Ministerio de Justicia e integrado también por la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y por los ministerios de Defensa e Interior, más representantes provinciales para dirigir las acciones que hagan cumplir la protección de la tenencia de tierras rurales, algo que los constantes desalojos denunciados por las organizaciones campesinas marcan como otra urgencia. 

De acuerdo a los proyectos de ley por acceso a la tierra presentados por las organizaciones campesinas en el Congreso, en el país hay 12 millones de hectáreas de tierras fiscales en zonas rurales. El presidente  Alberto Fernández, en noviembre de 2020, se comprometió con la concreción de un banco de tierras durante un encuentro con el Movimiento Arraigo: “Quiero que allí donde un argentino vaya a construir su casa, a plantar y a sembrar para crear alimentos, el Estado se ocupe de darle lo mínimo que necesita: luz, gas, agua, internet. No es tan difícil hacerlo, lo que hace falta es que de una vez nos decidamos y dejemos de insistir con esta idea de modelo de país que está fenecido”.

Fuente: Agencia Tierra Viva