Ecuador: violenta represión contra el TLC

Cientos de estudiantes fueron duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad durante dos jornadas consecutivas en la ciudad de Quito, capital del Ecuador. Los jóvenes, alumnos de institutos secundarios y universitarios, se movilizaron a partir del pasado miércoles para protestar contra un aumento del 40 por ciento en los precios del transporte público, la inminente firma de un tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, y en repudio de la multinacional petrolera estadounidense Occidental (OXY) que es acusada por la Procuraduría Ecuatoriana de violar los contratos con ese país.

Andrés Quispe, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), denunció que los gendarmes "nos están reprimiendo brutalmente, según informó ayer un cable de la agencia cubana Prensa Latina. Los estudiantes son detenidos, arrastrados, incluso atacados con balas de goma y encerrados en los sótanos del edificio del Congreso, ubicado en el centro de esta capital. La información disponible habla de 139 personas detenidas, la mayoría de ellos estudiantes.

Por otro lado, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) del Ecuador declaró que instalaciones del Congreso Nacional son utilizadas para detener y torturar adolescentes y jóvenes. “A sus conocidas y admiradas labores, el honorable Congreso Nacional ha sumado una faceta hasta ahora desconocida: la de prisión ilegal y centro de torturas light” señala el boletín de prensa publicado por el sitio web ecuadorinmediato.com.

“También los baños de las entradas al Legislativo han sido usados como calabozos”, agregaron. “Allí, los chicos permanecen durante muchas horas, dependiendo el momento en que hayan sido arrestados, antes de ser trasladados a un centro de detención legal”.

De acuerdo con varios testimonios recogidos en la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, “durante el traslado y una vez en el camión, los colegiales reciben puñetazos, patadas, toletazos y gas en los ojos y en la boca. También son golpeados con tubos. Algunos chicos incluso han mencionado amenazas de carácter sexual por parte de los policías”.

Con este telón de fondo Ecuador recibió el mismo día de inicio de las manifestaciones la visita del gobernador de La Florida, Jeb Bush, a la sazón hermano del primer mandatario estadounidense. Consultado por los representantes de la prensa sobre las negociaciones para la firma del TLC respondió que "hay que ser optimistas por el futuro; los pesimistas fracasan". Según informa en su crónica el diario de negocios “Hoy” de la ciudad de Quito “con un español bastante entendible, habló durante un par de minutos y cambió, sobre la marcha, de idioma. En inglés, dio a conocer la importancia económica de su estado y alabó al sector florícola ecuatoriano que provee de rosas a su país durante la época de San Valentín. Y, luego de varios minutos más, volvió a hablar en español para solicitar el apoyo ecuatoriano para declarar a ‘Miami, sede oficial del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)".

La reseña del periódico ecuatoriano da cuenta que, después de tan perspicaces y profundos comentarios, “Bush se dio algo de tiempo para responder preguntas del auditorio, evadiendo cualquier tema que no ingrese en la agenda: (Plan Colombia, Base de Manta, política internacional, etc.). Retornó en medio del aplauso a la mesa que compartía con el ministro de Comercio Exterior del Ecuador, Jorge Illingworth; el negociador del TLC, Manuel Chiriboga; el ministro de Economía Diego Borja (que nunca llegó), entre otros”.

Mientras se desarrollaban las movilizaciones estudiantiles y la represión en las calles de la capital, Manuel Montero, coordinador provincial de la Comisión Nacional Indígena (CONAIE) en Azuay, decía a Radio Ondas Azuayas del Ecuador, que durante una Asamblea de la Ecuarunari, filial de la CONAIE, el poderoso movimiento de los pueblos originarios, que en su momento llevó al gobierno al luego depuesto presidente Lucio Gutiérrez, se había resuelto formar parte de un sinnúmero de acciones que se han venido generando, como la de los estudiantes.

Señaló que a partir del 6 de febrero iniciarán algunas acciones puntualizando que en el caso de la provincia del Azuay se darán movilizaciones desde las comunidades. Explicó que primero han pedido a los miembros del movimiento indígena que entiendan lo que es el TLC, para después sensibilizarse ante la situación por la cual atraviesa el país.

Por su parte Francisco Escandón, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), confirmó que este sector presentará una demanda ante la Fiscalía en contra del ministro de Gobierno y al comandante de la Policía Nacional, la comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional y a la Fiscalía del Estado por la represión realizada en contra de los manifestantes.

A todo esto, mientras el presidente Alfredo Palacio continúa con las negociaciones por un TLC con los Estados Unidos, su ministro del Interior, Alfredo Castillo, se opuso ayer a una eventual renovación del acuerdo para la utilización por la potencia del norte de la base de Manta, ubicada a 390 kilómetros al suroeste de Quito, y que se usa, al menos formalmente, para la lucha contra el narcotráfico en la región.

Según Castillo, el acuerdo se firmó rige desde el año 1999 “hasta el año 2009 y debe respetarse ese convenio, independientemente de las limitaciones jurídicas que tenga”. Existen en Ecuador quienes piden que se presione a Washington con este tema en la negociación del TLC. “América del Sur debe estar libre de armas de destrucción masiva y, al mismo tiempo, no debe tener en su seno ninguna base militar extranjera en la región” afirmó el ministro del interior.

También Castillo negó tajantemente que haya grupos armados ecuatorianos, pese a las proclamas aparecidas en las últimas semanas: “Mentira, no hay ningún movimiento insurreccional en Ecuador”, Consideró que las proclamas hechas por esos supuestos grupos son “pretextos para involucrar a nuestras Fuerzas Armadas en el conflicto colombiano”, que, para él, “debe solucionarse políticamente y no militarmente”.

Además de la vigorosa movilización popular, una de las mayores trabas jurídicas y políticas que encuentra la firma del TLC es que La Procuraduría de la justicia y la empresa estatal de petróleo, Petroecuador, acusan a la multinacional norteamericana Occidental (OXY) de incumplir el contrato de participación de la extracción de crudo en una región de la Amazonía ecuatoriana al haber transferido acciones a la empresa Encana sin previa autorización del Estado.

La embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Linda Jewell, admitió en diciembre pasado “Occidental no forma parte de las negociaciones (del TLC), pero afuera es muy claro que es imposible pasar una negociación (léase la aprobación del Congreso estadounidense) si lo de OXY no está resuelto”.

Por otro lado Augusto Barrera, concejal del Municipio de Quito, explicó que la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos mantiene perjudicará a los ecuatorianos tanto en el campo agrícola como en el de propiedad intelectual. “Un estudio de la CEPAL y que fue publicado el año anterior establece que en el país hay aproximadamente 840 mil unidades de producción agropecuaria, de las cuales el 4 ó 5 por ciento son de punta; este análisis establece que aproximadamente el 43 por ciento de estas unidades, básicamente de arroz, maíz, de producción agrícola, tenían riesgos de posibilidades a largo plazo con la firma del TLC”.

Para completar este complejo panorama, el ministro ecuatoriano de Economía, Diego Borja, declaró ayer que su gobierno no quiere “el monitoreo del Fondo Monetario para definir nuestras políticas”, aunque matizó estas palabras manifestando la disposición para que una misión de esa entidad visite cuando quiera el país y “verifique con nosotros lo que quieran verificar”.

Borja explicó que la última comitiva del FMI, presidida por Trevor Alleyne, no hizo observación alguna y se limitó a escuchar la postura del ministerio. Agregó que había expuesto ante los emisarios del organismo financiero “con absoluta claridad” que la prioridad del gobierno ecuatoriano es la protección del gasto y la inversión social.

Sin embargo, al referirse al pago de la deuda externa, el ministro afirmó que el país cumplirá con los compromisos asumidos con los organismos financieros internacionales. La deuda ecuatoriana asciende a 11.300 millones de dólares y la nación dispone de 585 millones de dólares para la recompra de bonos de deuda externa. Finalmente, indicó que espera el desembolso de otros 400 millones por el Fondo Latinoamericano de Reservas para “continuar con la recompra” del débito.

Por Adolfo Rocha - Desde la Redacción de APM
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Fuente: APM - Agencia Periodística del Mercosur