Ecuador: Las malas artes de Chevron

El 14 de febrero del 2011, el juez Nicolás Zambrano, de la Corte de Nueva Loja (Lago Agrio), capital de la nororiental provincia de Sucumbíos, dictaba la sentencia más esperada por indígenas, campesinos y ambientalistas que habían luchado por más de 20 años para lograr una condena a la compañía estadounidense Chevron, por haber causado uno de los mayores desastres medioambientales del mundo entre 1964 y 1990, tiempo en el cual operó en la Amazonia ecuatoriana. La condena era el pago de US$9.5 millardos, suma que podía duplicarse en caso de que la empresa no presentara excusas a los damnificados en los días posteriores a la sentencia.

La Corte Provincial de Sucumbíos ratificó el 3 de enero del 2012 la condena emitida por el juez Zambrano. Igual decisión tomó la Corte Nacional de Justicia el 12 de noviembre del 2013, aunque esta última decidió dejar sin efecto el pago adicional pese a que la empresa no pidió disculpas a los afectados.

Con la decisión de la Corte Nacional se entendía que este juicio —iniciado en 1993 cuando un grupo de pobladores presentaron una demanda en EEUU contra Texaco, adquirida por Chevron en el 2001, por contaminar el ambiente y la salud de las personas durante sus más de 25 años de operaciones—, se daba por terminado y la petrolera no tenía otra opción que pagar el monto establecido. Pero no fue así.

Inmediatamente después de conocer la decisión de la Corte Nacional del Ecuador, Chevron interpuso un Recurso de Casación ante esta misma corte, la que está pendiente de resolución aunque hay pocas posibilidades de que el tribunal falle a su favor. También presentó, el 23 de diciembre de 2013, ante la Corte Constitucional una Acción Extraordinaria de Protección para evitar que se ejecute la sentencia. Ninguna de estas dos acciones impide que los demandantes busquen ejecutar la sentencia mientras se resuelven en las cortes respectivas.

Chevron no solo no acató la decisión de la justicia ecuatoriana, sino que instauró una serie de juicios y procedimientos a nivel internacional para evadir el pago. Estos juicios, según Pablo Fajardo, abogado principal de los indígenas y campesinos que demandaron a la petrolera, le han costado a la empresa ya unos $2 millardos pues ha contratado a los mejores bufetes de abogados en los países en donde ha debido bloquear la intención de cobro de los demandantes.

“Chevron tiene en su nómina a unos 2,000 abogados interviniendo en este caso”, aseguró Fajardo a Noticias Aliadas. “No le importa el costo, pues este caso para Chevron no significa el pago o no pago del monto establecido en la sentencia de la corte de Lago Agrio, sino el evitar que se cree un precedente jurídico que le puede acarrear un sinnúmero de juicios en otros países”.

Tribunales internacionales:

Los demandantes han buscado ejecutar la sentencia en países en donde la petrolera tiene activos, como es el caso de Canadá, Brasil o Argentina. En este último país, un juzgado de primera instancia dispuso un embargo en contra de los activos de la petrolera Chevron que fue confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil a finales de enero del 2013. No obstante, en junio de ese mismo año, la Corte Suprema de Argentina decidió dejarlo sin efecto. Los demandantes denunciaron que la revocatoria se dio por presión de la administración de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), pues se estaba negociando la explotación de campos petroleros en Neuquén, en la Patagonia argentina, actividades que enfrentaron al pueblo indígena mapuche con el gobierno.

Donde más han avanzado los demandantes es en Canadá, pues lograron, el 12 de setiembre del 2015, que la Corte Suprema emita una resolución en la que se declara competente para analizar el caso Chevron si se prueba que la subsidiaria canadiense es propiedad de la misma empresa Chevron que actuó en el Ecuador, algo que es plenamente comprobable. Para Fajardo, un punto interesante de la resolución en Canadá es que el tribunal advierte que la justicia moderna debe ser oportuna y actuar antes que las empresas puedan hacer cambios patrimoniales para evitar cumplir con sus responsabilidades.

“La justicia canadiense considera que si hoy es posible hacer transacciones a la velocidad de un click, la velocidad de la justicia debe estar también en ese nivel”, comentó.

Argumentando que la sentencia viola un tratado comercial, Chevron también intentó ampararse, en setiembre del 2013, en el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, firmado entre Ecuador y EEUU y que rige desde 1997. Ecuador manifestó que este tratado no se aplica en este caso, pues la demanda de las comunidades indígenas data de 1993 y ningún tratado o ley puede tener carácter retroactivo.

Pero ya en el 2006 Chevron había concurrido a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, involucrando al Estado ecuatoriano en un juicio que solo implica a particulares. Desde entonces, los árbitros de La Haya han emitido cinco laudos parciales, pero solo uno de ellos, el emitido en marzo del año pasado, favorece al Ecuador y es contundente, pues expresa que frente a una violación de un derecho humano, no se puede invocar un tratado comercial, ya que al valorar dos tratados, siendo el uno un tratado de derechos humanos y el otro un tratado comercial, debe primar el tratado de derechos humanos. De esta manera, se debe considerar y reparar primero la violación al derecho humano antes que considerar la violación al tratado comercial.

En síntesis, lo que busca Chevron es que alguna de las instancias judiciales y arbitrales en las que ha interpuesto recursos jurídicos prohíba que se ejecute la sentencia.

Los jueces de Chevron:

Dos jueces han sido fundamentales para que Chevron evada sus responsabilidades. Uno es el juez Lewis Kaplan, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que ha accedido a cada pedido de la petrolera y se ha atribuido incluso jurisdicción universal para prohibir la ejecución de la sentencia, y el otro es el exjuez ecuatoriano Alberto Guerra Bastidas, quien se ha enfrentado a los demandantes testificando a favor de la petrolera en la corte del juez Kaplan, en Nueva York, en la que se les acusa de ser parte de un complot en contra de la empresa.

Kaplan, desde el inicio de este largo proceso, ha sido un obstáculo para la justicia. Primero no admitió el caso en EEUU, en mayo del 2001, y lo envió a Lago Agrio, en Ecuador, y el 1 de febrero del 2011, días antes de que se emita la sentencia en la corte ecuatoriana, admitió un recurso en que se acusaba a los demandantes de organizarse para, junto a la justicia ecuatoriana, emitir una sentencia fraudulenta que perjudica a la petrolera. En este juicio, basado en una ley estadounidense para enjuiciar a las grandes mafias, denominada Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization), el juez Kaplan no permitió que los demandados se defiendan demostrando el daño ambiental causado en la Amazonia ecuatoriana.

“Nos prohibió hablar del daño ambiental, y si alguien se refería a eso, el juez lo sacaba de la corte y anulaba su testimonio”, contó Fajardo.

Este juicio tuvo como testigo estrella al exjuez Guerra, quien aseguró que los demandantes habían escrito la sentencia que emitió el juez Zambrano. Los peritajes hechos a la computadora de Zambrano demostraron que la sentencia había sido escrita en más de 3,000 horas de trabajo.

Sin embargo, Guerra debió aceptar que mintió durante los testimonios que dio ante la Corte de Arbitraje de la Haya cuando acusó a los abogados de los demandantes de haber sido ellos quienes redactaron la sentencia en contra de Chevron, pero Kaplan consideró su testimonio como válido y dictaminó que la sentencia en contra de la petrolera era un fraude y por tanto prohibía que cualquier corte del mundo intente validarla, arrogándose así una competencia universal en este caso. La corte de segunda instancia de Nueva York derogó en abril del 2015 esta pretensión y Kaplan debió conformarse emitiendo una sentencia en la que prohíbe la ejecución de la sentencia en EEUU.

Los demandantes, por su parte, iniciaron en octubre del 2015 otro juicio en Lago Agrio contra el exjuez Guerra una vez que demostraron sus mentiras y ahora buscan su extradición desde EEUU donde Chevron lo mantiene con un salario mensual de $10,000, más $2,000 para pago de vivienda y varios seguros adicionales, de acuerdo con el contrato firmado entre la empresa y Guerra.

Las argucias de Chevron van terminando. No le han servido ni el chantaje, ni la compra de conciencias para tapar los daños que produjo en la Amazonia, y poco a poco se acerca el día en que deberá cumplir con la sentencia. “Todo es cuestión de tiempo”, sentencia Fajardo.

- Foto por Ecuavisa.

Fuente: Noticias Aliadas