Ecuador: ¿En la ruta bolivariana?
Por el momento, y con la cercanía de las elecciones presidenciales del próximo 15 de octubre, el movimiento social ecuatoriano, liderado por los indígenas y con Luis Macas como su candidato, se inclina por “una nacionalización de los hidrocarburos y una Asamblea Constituyente auténticamente participativa en las que se puedan establecer las bases de un Estado que cobije a todos”
Lo que menos se esperaba sucedió. Luego de un litigio de seis años entre la multinacional OXY (Occidental Petroleum Corporation) y el gobierno de Ecuador, este último, superando todo tipo de presiones, tomó el 15 de mayo una decisión a la altura de los nuevos tiempos que recorren América Latina: declaró la caducidad del contrato reinante desde el 21 de mayo de 1999 para explotar la zona petrolera conocida como Bloque 15 y los campos unificados (compartidos con Petroecuador) Edén Yuturi y Limoncocha, ubicados en la cuenca amazónica.
La demanda de caducidad, argumentada en la violación de la Ley de Hidrocarburos ecuatoriana, por la transferencia en el 2000 del 40 por ciento de sus acciones a la petrolera EnCana de Canadá 1, se constituyó en bandera de los pueblos indígenas, así como de los movimientos ambientalistas y sociales en general. Según los actores sociales ecuatorianos, la multinacional violentó una reserva ecológica y biológica, contaminó territorio, dividió comunidades tradicionales y se lucró indebidamente de las rentas derivadas de la explotación del Bloque 15 por el no pago del impuesto local del IVA.2. La disputa entre las partes ganó intensidad por las denuncias sociales y la reiterada violación de las normas locales, retomadas en su pronunciamiento sobre el particular por el Procurador General del Estado, transformándose en los últimos meses –junto con la exigencia al gobierno nacional de no continuar las negociaciones sobre el TLC con los Estados Unidos– en la principal bandera para el alzamiento social que conmovió al Ecuador entre el 15 y el 30 de agosto de 20053, y que con fuerza resurgió en marzo de este año. El movimiento social de este país, con acciones pedagógicas, demandas de ilegalidad y movilizaciones, logró ganar –a partir de conceptos como identidad y soberanía– la conciencia nacional, lo que llevó a un gobierno débil como el de Alfredo Palacio González a reivindicar el interés nacional sobre todo tipo de presiones políticas y económicas, provenientes en unos casos de los Estados Unidos y en otros del propio empresariado nacional4. Muestra de ello es la no aceptación del acuerdo transaccional ofrecido el pasado 20 de abril por la empresa demandada: “entregar 20 millones de dólares y el 50 por ciento de los ingresos extras por los altos precios del petróleo”5.
Maniobras y corrupción
El avance de la OXY sobre América Latina no ha estado exento de maniobras y arreglos nada pulcros. No de otra manera se puede entender que ejecutivos suyos como Manuel Echeverría acepten la presidencia adjunta de Petroecuador, puesto desde el cual se autorizaría la entrega de los campos petroleros Edén Yuturi y Limoncocha a la OXY, para luego reincorporarse a la multinacional, esta vez como su gerente local 6. Colombia no ha quedado por fuera de las maniobras de esta gigante de los hidrocarburos, integrante del equipo que elaboró el borrador del Plan Colombia, y que en el año 2000 lideró su sustentación en el Congreso norteamericano para hacer del mismo un proyecto militarista, una herramienta para defender los 355 puntos de interés que Estados Unidos, a través de su otrora embajadora Anne Paterson, manifestó tener en Colombia7. Uno de los puntos del Acta de Alianza incluye esta condición: “Que el gobierno de Colombia complete las reformas urgentes orientadas a abrir completamente su economía a la inversión y comercio exteriores, particularmente en la industria del petróleo”8. Ya se conocían en ese entonces las denuncias por participación de su filial colombiana en operaciones militares9. Vendrá luego el desmembramiento de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) hasta su casi liquidación total, que es el moribundo estado en que hoy se encuentra.
Diplomacia y política
Una vez conocida la decisión oficial del Estado ecuatoriano, la respuesta de los voceros de los Estados Unidos no se dejó esperar: Charles Shapiro, subsecretario de Estado consideró la medida como una confiscación. Meena Moorjani, representante comercial, expresó su decepción por la decisión ecuatoriana.
Otra fuente del gobierno dijo que “la Embajada de los Estados Unidos (en Ecuador) iba a tomar la noticia como una declaratoria de guerra”10. Todas estas declaraciones tradicionales y poco sorpresivas de la muy poco elegante diplomacia estadounidense evidencian los reales intereses cuando Robert Portman, representante de Comercio Exterior, condicionó las negociaciones sobre TLC a “una resolución del conflicto con la OXY”.
De esta manera, la disputa llega a su punto real: la inmensa mayoría de los Estados nacionales nunca ha manejado entre sí genuinas relaciones de cooperación, igualdad, reciprocidad y hermandad; simplemente se han desempeñado como voceros del capital privado. Esta ocasión no es la excepción, por encima de los acuerdos entre Estados prima la exigencia de resolución favorable para la OXY. No extraña, por tanto, una vez conocida la amenaza de los voceros de los Estados Unidos, la respuesta brindada por la contraparte, en la cual precisan desconocer que el TLC fuera “un instrumento para presionar a los Estados en vías de desarrollo, que le convienen a los Estados Unidos”. Se evidencia en este acontecimiento, aún más, el desmoronamiento de una parte de la estrategia de dominio y control diseñada para América Latina por la potencia del Norte, que meses atrás había fracasado con el desbarajuste sufrido por el Alca ante la resistencia liderada por Brasil, Venezuela y Argentina, ahora reunidos en el Mercosur. La misma suerte sufrió en su estrategia para la subregión Andina, los TLC, ante la resistencia de cientos de fuerzas sociales en cada uno de los países, pero también por acciones de gobiernos como el venezolano y el boliviano, impulsores de estrategias de cooperación e intercambio como la Alternativa Bolivariana para América (Alba) y el Tratado Comercial de los Pueblos (TCP).
Así, solamente Colombia y Perú se disponen sin restricciones a llevar hasta su último estadio tratados de libre comercio con Estados Unidos. El reelegido presidente Álvaro Uribe ya sabe el costo que le implicará continuar por esa senda, los 8 puntos de favorabilidad perdidos en pocos días en las recién celebradas elecciones le confirman la sensibilidad que tiene la opinión pública de su país con este tema.
En Perú, por su parte, de ser elegido el candidato Ollanta Humala (quien pierde con Alan García en las encuestas) sometería a consulta el documento acordado por el actual gobierno. De ser derrotado, el movimiento social continuaría con la exigencia de consulta popular, lo cual indica a todas luces los riesgos que tendría que afrontar el nuevo Gobierno. Pero además, el tema ya pierde interés para los Estados Unidos, cada vez más cerca de sus elecciones para Congreso y con mayores avances en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el tema agrícola y de los subsidios. Para el gobierno ecuatoriano, de igual manera, la situación es insostenible, y un factible giro hacia una agenda bolivariana energética y comercial se hace cada vez más posible y necesaria.
Por lo pronto, un acercamiento a Venezuela para producir y refinar su petróleo, y de ese modo superar el saboteo propiciado por la OXY en las instalaciones retomadas por el Estado, y su muy posible solicitud de incorporación a la Opep, auguran una agenda más independiente de los intereses norteamericanos. Con este nuevo marco regional, que dio al traste con la Comisión Andina de Naciones (CAN), la política internacional de Colombia, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejana de sus hermanos latinoamericanos, se enfrenta a nuevas circunstancias que hacen revisar de parte del empresariado local la posibilidad y conveniencia de un TLC con los estadounidenses.
Por el momento, y con la cercanía de las elecciones presidenciales del próximo 15 de octubre, el movimiento social ecuatoriano, liderado por los indígenas y con Luis Macas como su candidato, se inclina por “una nacionalización de los hidrocarburos y una Asamblea Constituyente auténticamente participativa en las que se puedan establecer las bases de un Estado que cobije a todos” 11.
Notas
1 Al transferir sin autorización el 40 por ciento de sus concesiones a EnCana de Canadá, la OXY violó el numeral 11 del artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos como causal para que se rescinda el contrato. En Oficio 1429, de la CCCC al Presidente del Ecuador, mayo 10 de 2006. Pero, además, el Procurador General del Estado denunció que las irregularidades de la OXY eran prácticamente diarias:
–Fue multada en seis ocasiones por sobrepasar el límite de extracción;
–Invirtió menos de lo que el Contrato le exige;
–No hizo la notificación, como lo exige la ley, la apertura de nuevos pozos ni el reporte final de operaciones de perforación, en 14 ocasiones.
–No facilitó la información de movimiento de crudo.
–No entregó estados financieros ni inventarios, como lo exige la ley;
–No paga los derechos de control anual;
–No entregó el plan quinquenal al que estaba obligada.
NOTAS
1. Tomado de Acción Ecológica, Atlas amazónico del Ecuador: Agresiones y resistencias, enero de 2006, p. 55.
2 En 2003, la OXY le exigió al Servicio de Rentas Internas del Ecuador la devolución del IVA que le habían cobrado desde 1999, a lo cual se negó el SRI. “Ante la negativa, Occidental acudió a un arbitraje internacional, argumentando expropiación de inversiones y trato discriminatorio frente a otras empresas, amparado en el Tratado Bilateral de Protección para las Inversiones (Estados Unidos-Ecuador 1997). Este conflicto se polarizó cuando, dentro de la agenda del TLC, Estados Unidos puso como condición al Ecuador la devolución del IVA a las empresas petroleras extranjeras para continuar con el Atpdea, y para iniciar las negociaciones con el TLC”. Entre las facturas presentadas por la empresa para desgravar, constan cajas de whisky, vinos, implementos deportivos, alquiler de mansiones, presentaciones artísticas, almuerzos, etcétera. El 1 de julio de 2004 se dictó el fallo arbitral en el que se obliga al Estado ecuatoriano a pagarle 75 millones de dólares a la empresa Occidental por la devolución del IVA 1999-2003. Acción Ecológica, op. cit. p.56.
3 Le Monde diplomatique edición Colombia, septiembre 2005, pp. 4-5.
4 Uno de los voceros de la Cámara de Industriales de Quito, Sebastián Borja, dijo que estaban “absolutamente preocupados y sorprendidos. Eso no da una buena señal como país hacia el mundo”. En, www.jornada.unam.mx, “Por la expulsión de OXY, suspende Estados Unidos pláticas del TLC con Ecuador”, mayo 16.
5 www.elfinanciero.com, mayo 17.
6 Acción Ecológica, op. cit. p. 62.
7 “Aunque es importante recuperar el control del Putumayo, no se puede olvidar el norte del país. En el norte de Santander, donde estamos próximos a comenzar operaciones, los cultivos de coca se han aumentado en un 300 por ciento. Además, nos preocupa que al presionar en el sur, la violencia y el negocio de la coca migren a la frontera con Ecuador, donde también estamos operando […]. El sector privado tiene enormes intereses estratégicos y vitales en juego en el país y por eso el paquete de ayuda por 1.574 millones debe ser aprobado cuanto antes”. Lawrence Meriage, vicepresidente de Occidental Petroleum Company, febrero 15 de 2000. En “Lo que no se sabe del Plan Colombia”, ediciones desde abajo. Marzo 2000.
8 ibid, p. 56.
9 ibid, p. 60.
10 www.elfinanciero.com, y Granma, “Fricciones Ecuador-Estados Unidos por caducidad contrato de petrolera OXY”, mayo 17.
11 Conaie, “Caducidad del contrato con OXY es un triunfo del Ecuador”. www.tintaji.org.
Le Monde Diplomatique - Edición Nro. 46
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