Ecuador: Activista antiminero detenido en silencio y sin defensa

La economía ecuatoriana se vio fortalecida a partir de los años 70 con el boom petrolero, aunque el resultado de su distribución desencadenó la formación de una nueva aristocracia alrededor de quienes movían las fichas del tablero y quienes se prestaban como sus monigotes representativos.

Pero el petróleo es un recurso no renovable, cuyo agotamiento conlleva el apostar por otra opción. Desde el año 2006 los ecuatorianos creímos que esa opción no sería el cambio del verde color de los dólares por lo verde de nuestra naturaleza; pero fue precisamente eso; pues, pasados los años, con un discurso populista se pretende explotar gran parte de los territorios de la amazonía ecuatoriana, apostando por la minería industrial, sin que importen sus efectos irremediables.

Para lograr este propósito, que hoy ya es parte de la política estratégica, el gobierno fue adecuando sus normativas en los componentes requeridos, gestión ambiental, ley de aguas, ley de minería y cooptación de instituciones del Estado a su servicio. Así, la lucha por la defensa de la naturaleza y el territorio, así como de los recursos naturales tan codiciados por las empresas transnacionales, se convirtió en el deber ser de las comunidades, y llegó a su cima más importante en el año 2006 en todo el país, principalmente en Morona Santiago, en donde con la llamada “Barrida Minera” se logró parar provisionalmente el proyecto Hidroabanico, en Macas; suspender provisionalmente la construcción de la subestación en Limón Indanza; sacar literalmente de la zona de Warints a la empresa canadiense Billintong, de Rosa de Oro y San Carlos de Limón a Curigem y Ecuacorriente.

Recordemos brevemente los acontecimientos sucedidos en el año 2009, cuando el Ecuador entero estuvo en desacuerdo y protestó por la inconsulta e inconstitucional Ley de Aguas, actualmente aprobada con el interés de ser aprovechada para la gran minería industrial.

Protesta en Gualaquiza

En esta protesta, Morona Santiago y, concretamente,Gualaquiza, protagonizaron tres días de levantamiento con paralización de las vías. El lugar de concentración y paralización fue la vía Gualaquiza - El Pangui, en la zona limítrofe de los dos cantones:el puente de Chuchumblezaque separa Gualaquiza y El Pangui y además es límite entre las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

El activismo de varios compañeros no se hizo esperar, y MANUEL GABINO MOLINA ASTUDILLO fue parte de los convocantes a las marchas y protestas pacíficas de ese sector y con el objetivo de rechazar la ley de aguas y la industria minera.

Acusación de terrorismo organizado

La Osadía del Estado, representado en sus agentes como el instrumento ejecutor del desorden, hace que dos policías, el Cabo Edgar Marcelo AvilaAsitimbay y Luis Alfredo TenenaulaCunduri, presten sus nombres como supuestos agredidos para iniciar la criminalización de tal protesta en Gualaquiza y en contra del Compañero Manuel Molina, a quien inician el juicio penal con la Indgación Previa No. 03-2009, por supuesto TERRORISMO ORGANIZADO. Se inició las investigaciones el mismo día de los acontecimientos, 6 de enero del año 2009, con el Parte Informativo firmado por el Mayor de Policía Nacional Dr. Guido Horacio Tapia Coronado.

Se dijo que Manuel se había asociado ilícitamente con un grupo de personas del lugar y premeditadamente habría esperado en el puente Chuchumbleza y disparado a la patrulla y a los gendarmes que se encontraban heridos; que habría incitado a los demás manifestantes a disparar a la humanidad de los policías, entre otras aseveraciones sin fundamento de la fiscalía.

El bochornoso expediente no. 03-2009

Con estos desacertados argumentos, alterando y acomodando fechas y horas, la Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago, ante la apelación que hiciera la fiscalía de Gualaquiza ante la negativa del Juez de lo penal del lugar de no proseguir con un juicio a falta de elementos, dictaprisión preventiva en contra del compañero, que al ser presentados los informes, versiones, y certificados a la velocidad inimaginable, fue evidente que en la misma fecha, en las mismas horas y con los mismos personajes, entre fiscal, denunciantes y peritos, aparecieron acciones que se habrían cumplidos supuestamente de forma simultáneas, que humanamente es imposible realizarlos, porque no es convincente que una persona pueda ejecutar al mismo tiempo varias acciones, estando en distintos lugares a la vez.

Solo en la Fiscalía Tercera de lo Penal,a cargo de la Dra. Fanny Jácome Astudillo, se podía darse tal bochornoso expediente, y así fue ratificado por otro fiscal de moral entreguista al sistema, Dr. Miguel Ángel Villamagua Jiménez (el mismo que en el año 2006 insistió en el pedido de Prisión Preventiva en contra de los activistas sociales en la lucha de Limón Indanza) y el señor Presidente de la Corte Superior de Justicia de Macas.

En estas condiciones se siguió un proceso penal, en donde incluso uno de los apellidos de uno de los denunciantes no fue el correcto. Jamás el policía denunciante Cabo Edgar Marcelo Avila Asitimbay se llamó así, sino Cabo Edgar Marcelo Viña Asitimbay. Se detuvo el juicio hasta ser apresado el compañero procesado Manuel Molina, a quien se le asignó un abogado en libre ejercicio profesional en calidad de “Defensor de Oficio” que lejos de hacer una defensa, se prestó para que el impulso procesal por parte de la fiscalía tenga luz verde sin la impugnación oportuna debida, con el colmo de que Manuel aportó una significativa suma de dinero como honorarios para su defensa.

Captura de Manuel Molina

Manuel se fue al cantón Guabo, a trabajar en el campo, junto a sus hijos y su familia que quedaba y desconocía del avance del proceso penal en su contra. Nunca conoció que le esperaba una prisión Preventiva desde varios años atrás (desde el 2009), hasta que un día regresó a Gualaquiza con su señora madre para hacer gestiones en una de las entidades financieras y seguir soñando en los proyectos productivos que impulsaba.

Se presume que desde esa entidad financiera le dieron seguimiento y el 9 de julio del 2014, Manuel Molina fue detenido a las 02:00 hs, en la ciudad de Cuenca, mientras se desembarcaba del bus que llegaba desde Gualaquiza, sin que en ese momento los gendarmes le hayan presentado la orden de detención. Fue inmediatamente llevado a la Policía Judicial y después de tres horas que tardaron para “conseguir los documentos que justifiquen sus acciones” de captura, fue llevado al Centro de Detención Policial, CDP de Cuenca. Allí tardaron 4 horas más y le trasladaron a los calabozos a la ciudad de Macas a órdenes del Tribunal de Garantías Penales de Morona Santiago.

Manuel Molina permaneció preso durante 3 meses, sin que nadie haya tenido conocimiento sobre tal detención. “Pude contactar con el compañero Salvador Quishpe, Prefecto de Zamora Chinchipe para pedir ayuda” manifestó Manuel, quien a la vez comunicó a INREDH la existencia de un activista en estas condiciones. Por lo que INREDH inmediatamente tomó contacto, investigó si realmente se trataba de un caso de lucha social y asumió la defensa.

Contradicciones del proceso y su libertad

Estudiado el proceso, se encontró que el Fiscal Tercero de lo Penal de Gualaquiza impulsó el proceso con oscuras y borrosas intenciones.“Este mamotreto jurídico es armado con el fin de criminalizar la lucha popular de los activistas valientes que alzan su voz” manifestó INREDH en la defensa de Manuel durante la Audiencia Penal Pública el día 4 de diciembre del 2014, en la ciudad de Macas, ante los jueces del Tribunal Penal. En la defensa se demostró una serie de contradicciones, alteraciones y principalmente la falta de evidencia de la figura criminalizadora, el TERRORISMO ORGANIZADO, constante en el Art. innumerado 160.1 del anterior Código Penal Ecuatoriano (fs. 96-97v), que difiere al contenido de la disposición del artículo 366 del nuevo Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a terrorismo se refiere. Pues, esta figura actualmente es recogida con otra concepción, con otra filosofía garantista, por lo que se alegó la aplicación del numeral 2 del Art. 72de la Constitución de la República.

La contundencia de la verdad hizo que Manuel Molina Astudillo, sea liberado el mismo día inmediatamente después de la audiencia desarrollada, y el 27 de enero de 2015, se confirme en sentencia la total inocencia del compañero.

Por la defensa de los derechos humanos y el territorio

Manuel Molina ya no vive en Gualaquiza, a raíz de que por un infortunio falleció su hija de 11 años y se separó de su esposa, mientras transcurrió todo su laberinto narrado. Sin embargo, su espíritu de lucha está latente y se ha condensado para impulsarlo con más fuerza y seguir luchando con su ejemplo de rebeldía y coraje por la defensa de los derechos humanos y de nuestro territorio. Los días 26 y 27 de enero de 2015, acompañó a la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) al recorrido en Tundayme, San Marcos, lugar donde la Compañía Ecuacorriente S.A. viene ejecutando trabajos de preparación y adecuación del sitio para la gran minería a cielo abierto y en contra de los derechos colectivos de quienes viven en el lugar.

Fuente: INREDH