Ecuador: ¡Ni un solo “ojo de agua” para la Hidrotambo!

Amparo Sigcha / Opción

Con el alba salimos de Quito, eran las 5 de mañana cuando esquivando algunos de los mega baches capitalinos nos enrumbamos por la Panamericana Sur hacia la provincia de Bolívar. Luego de 2 horas de camino, el imponente Chimborazo nos daba la bienvenida, su resplandor nos hipnotizaba, y a lo lejos se divisaban unos pocos ponchos rojos de los comuneros de la zona, como pequeños puntos movibles que se contrastaban con el páramo y la cabeza blanca del coloso. El asombro se mezclaba con tristeza, cuando recordaba que solo hace 5 años, en ese mismo sitio, la nieve se tomaba la carretera y un poco más, pero en estos días solo se ve un pequeño sombrero blanco que tiene el majestuoso volcán; al parecer el calentamiento global le pasó una factura muy costosa al Chimborazo.

Ya en Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, y más repuestos del frío, continuamos con la travesía por esas renovadas carreteras principales que permitían observar los hermosos y ricos paisajes de la serranía, que mostraban extensiones grandes de sembradíos de maíz, como principal producto de la provincia.

Chillanes, uno de los cantones de Bolívar, fue la siguiente parada, ahí ya se evidencia que las obras de la denominada “revolución” del presidente Correa no son para todos, y ni mencionar las estrechas y polvorientas vías, que en esta temporada obligan a los choferes a realizar maniobras de acróbatas para poder transitar, cuando dos vehículos se encuentran en doble vía. El mismo camino cruza por varias comunidades hasta llegar al Tambo.

En San Pablo de Amalí, parroquia de Chillanes, el hermoso cuadro natural cambia su tonalidad, y penosamente contrasta con los restos del río Amalí, que fue dragado y encauzado a unos 200 metros de su origen por la empresa Hidrotambo, que construye una gran represa hidroeléctrica.

Don Manuel Trujillo vive desde 1996 en la zona, es agricultor y sobrevive junto con su familia de lo que da su tierra. Es presidente de la Comunidad de San Pablo de Amalí, y uno de los tantos campesinos afectados. Sin evidencias de ser un saboteador, menos un terrorista, nos recibe en su pequeña casa de madera que ahora, debido al dragado del río, se encuentra a menos de 30 metros del nuevo cauce, y mientras conversa con las visitas, INRED (la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos), Acción Ecológica y OPCIÓN, vemos cómo el río golpea y debilita su nueva rivera, mientras 3 elementos de la Policía Nacional, a unos 300 metros, resguardan a los trabajadores de la empresa privada Hidrotambo, de las posibles reacciones de los moradores que no están de acuerdo con esos trabajos que afectan la vida y el desarrollo agrícola del sector. Los policías, al vernos, nos dan las espaldas cuando fotografiamos los destrozos causados en el río y en algunas fincas debido a esa construcción.

Nos cuenta que ha sido amenazado de muerte de algunas formas, ha estado encarcelado por dos ocasiones, tiene 42 procesos en su contra, y ha sido dos veces amnistiado por la Asamblea; ahora se defiende del juicio por Sabotaje y Terrorismo, que está en curso.

Dice que en las mañanas al irse a trabajar en la tierra no sabe si regresará; a los hijos también les han golpeado de igual forma el gobernador les desprestigia y solo les conocen como los terroristas o tira piedras. “No tenemos autoridades que cumplan la ley, menos que nos defiendan”.

Al mirar el río, con nostalgia dice “la razón nos asiste, todo lo hecho por la compañía es ilegal, no tiene su licencia ambiental actualizada, el ministerio del ramo no la otorgó sino el CONELEC, algo incomprensible; en el 2008 dejaron olvidado el proyecto para luego cambiar de modalidad -para venta de electricidad al Estado-, algo más ilegal todavía. ¡Nos aferramos al río porque es nuestra madre que nos da de comer”!.

Blanca García, de 62 años, vecina de Trujillo, es otra afectada y demandada por sabotaje y terrorismo; muestra cómo su pequeño rancho, que está a unos 20 metros de la nueva orilla.

Por la noche, parecía que pues iniciaba alguna festividad, desde el centro de la comunidad los sonidos y las luces se percibían a lo lejos, pues eran las detonaciones que la Hidrotambo realiza para romper las inmensas rocas de las montañas y continuar con las excavaciones. Esas detonaciones tienen en zozobra a los pobladores diariamente, sobre todo cuando ven cómo las piedras caen en sus tierras y en sus casas y no hay ley ni autoridad que lo verifique o los proteja. ¡Qué impotencia!

La mañana del martes 18, los pobladores y las organizaciones asistimos a la convocatoria hecha a los dirigentes de San Pablo por la delegada de los Derechos Humanos y Naturaleza de la Defensoría del Pueblo, Consuelo Cano, para tratar la “supuesta afectación” al derecho al agua. Sin embargo de ser una convocatoria de un ente público, y la información de interés público también, solo cuatro campesinos afectados y su abogado pudieron ingresar y eso después de la presión de la comunidad y luego que los ánimos de la delegada de la Defensoría del Pueblo debieron obligadamente calmarse.

Los delegados de DH, ambientalistas y prensa fuimos impedidos de ingresar a esa reunión, no así los delegados de la compañía, el gobernador de Bolívar, delegados del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Seguridad y de la misma Defensoría del Pueblo, que junto con los trabajadores sumaban cerca de 300 personas, que pretendían arrinconar a los afectados y reforzar la tesis del “desarrollo”.

En las entradas al proyecto, dos patrulleros y guardias privados hacían lo propio. Lo raro, y que no conoce la sociedad ecuatoriana, es que la Policía Nacional, con recursos del Estado, da seguridad a una empresa privada, por disposición del encargado de esa institución gubernamental en la provincia, y que logos de la Policía se muestran en vehículos privados, que son utilizados por hombres armados para amedrentar y hostigar a los pobladores de San Pablo.

Pero lo más curioso era la posición que hizo pública la delegada de la Defensoría del Pueblo, cuando mencionó que nada tiene que ver con las afectaciones a las tierras, que su investigación es únicamente por el agua; perspectiva que generó muchas dudas sobre el papel de la Defensoría del Pueblo, que supuestamente está para hacer respetar los derechos de los ecuatorianos, consagrados en la Constitución; y más aún, que el ingreso a ese sitio solo puede autorizarlo Hidrotambo.

Con esas palabras, el pueblo corroboró la indefensión en la que se encuentran frente a los atropellos del poder privado, con el aval del gobierno, que se hizo visible en las dos visitas del actual vicepresidente, Jorge Glass, al alcalde de Chillanes para que “se ponga la camiseta de Hidrotambo y de la 35”; ya que el funcionario municipal inicialmente no autorizaba el uso de suelo ni la expropiación de los terrenos para dicho proyecto, pero luego de la orden, cedió. Aunque, como dice un refrán popular: mal paga el diablo a sus devotos, en estos días el entonces alcalde fue destituido por presión gubernamental.

Freddy Galeas nos contó que le habrían ofrecido 300 mil dólares y también un carro para que no siga con la defensa de sus tierras y de su progenitor.

A pesar de tanto dinero que se denuncia ha ofrecido la empresa, la voluntad de la población no ha sido quebrantada, dice Freddy, y se mantiene en constantes reuniones para definir estrategias de defensa en lo jurídico y también organizativas, y no están dispuesto a ceder ni un “ojo de agua” para la Hidrotambo, porque no se ha consultado a la población, se han violentado los Derechos Humanos, al tratar de impedir el libre acceso al agua para consumo humano y del agro, y a los niños de las escuelas de las comunidades que no tienen ni el agua entubada y que, según el Presidente Correa, son tierras áridas.

Fermin Galeas vive desde los 15 años en San Pablo de Amalí, actualmente pasa de los 70 años, y con su mirada triste cuenta que su trabajo de años lo ha pisoteado la empresa, sus huertas están en el piso, y todo esto lo han hecho sin papeles, sin autorización o expropiación, “abusivamente se entraron con las máquinas y apresaron a mis dos hijos (Socorro y Danilo) que estaban en la plantación”.

David Reyes y Freddy Galeas nos mostraron lo ilegal de lo actuado; según el contrato entre el Gobierno y la Hidrotambo se concesiona el Río Amalí y todas sus servidumbres (vertiente, naciente u ojo de agua), esto es 39 mil 500 ha. de tierras, por 50 años y la licencia ambiental está otorgada a la parroquia San Pablo de Amalí, que es una comunidad de la parroquia El Tambo. Además, el estudio técnico para medición del caudal se hizo sin ninguna técnica o equipo. Por su lado la compañía se comprometió a no talar árboles, a no perjudicar los sembrados de las fincas, a no utilizar dinamita, y fue con eso que derrumbaron la montaña y rompen las piedras del antiguo cauce unas 4 o 5 veces al día.

El presidente Correa suele decir que el hombre está sobre el capital, pero Hidrotambo es la muestra de que más allá del discurso florido la realidad es totalmente contraria.

Después de esta visita, convencidos de que San Pablo de Amalí y esa región necesitan vías y apoyo para el agro, para poder abastecer de frutas y otros productos a la mayoría del Ecuador, así como el fomento del turismo, y de ver que la neblina celosa ocultaba tanta belleza y el dolor también de la devastación, ascendíamos y mirábamos solo las cimas de las montañas que rodean esos paraísos.

Fuente: INREDH