Documenta informe acciones de protesta contra Monsanto en todo el mundo
Pequeños productores de India se ha suicidado ante el acoso de la trasnacional. El rechazo de agricultores y consumidores hacia Monsanto, la agroindustria y los alimentos transgénicos se extiende cada día en el mundo.
Esa empresa ha arruinado agricultores y dañado comunidades en su afán de dominar la producción de alimentos y controlar este mercado, advierte el informe Combatiendo a Monsanto.
Estos casos se han presentado en India, Europa y América Latina, donde la empresa ha provocado campañas que demandan su expulsión, el establecimiento de prohibiciones del cultivo de sus productos y el rechazo al consumo de sus alimentos, reporta el documento elaborado por Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional y Combat Monsanto.
El área total plantada con productos genéticamente modificados abarca 3 por ciento de la tierra agrícola mundial, sobre todo en Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá. En el resto de la tierra cultivable no está autorizado su consumo. Monsanto posee 400 oficinas en 66 países y en 2011 tuvo ventas por alrededor de 11 mil millones de dólares.
Lo que se ha encontrado, indica el documento, es que el uso de estos productos destruye la diversidad de los cultivos, homogeneiza los alimentos y elimina el conocimiento y la cultura local. De esta y de otras formas la desigualdad, la pobreza y la explotación de los recursos naturales logran prosperar en el sistema mundial de alimentos, que se centra en la generación de ganancias y no en la producción de alimentos sustentables ni en la soberanía alimentaria.
Con testimonios y análisis, el informe indica que en India se impuso una moratoria en el cultivo de la berenjena Bt, versión modificada genéticamente de un alimento básico de ese país, y la empresa Mahyco-Monsanto fue demandada legalmente por biopiratería por la Autoridad Nacional de Biodiversidad de la India.
Después de una década de oposición en la India, en agosto de 2011 tomó fuerza el movimiento Monsanto, deja India, cuyo objetivo es expulsar a la empresa del país. Esto liberaría a la industria del algodón del dominio actual de esta empresa y ayudaría a detener los suicidios de pequeños agricultores que terminaron endeudados por los costos cada vez mayores de insumos transgénicos y de agroquímicos, agrega el documento.
La oposición a esta empresa también crece en América Latina y el Caribe. En Brasil el Movimiento de los trabajadores Sin Tierra y otras iniciativas sociales crearon una campaña permanente en contra del uso de pesticidas y promueven alternativas de soberanía alimentaria. En ese país ya se autorizó el cultivo de maíz, soya y algodón.
El congreso de Perú, en noviembre de 2011, aprobó una moratoria al cultivo y la importación de productos transgénicos con el objetivo de proteger la biodiversidad, la agricultura y la salud pública.
En Haití, alrededor de 10 mil personas, en junio de 2010, protestaron en las calles en oposición a Monsanto y en demanda de la soberanía alimentaria. Esto ocurrió por el anuncio de la empresa, en mayo de ese año, de que había enviado 60 toneladas de maíz híbrido y semillas de hortalizas, las cuales requieren grandes cantidades de pesticidas, y para esto los agricultores deben comprar los químicos a la empresa.
En Guatemala hay advertencias de que a través de las ayudas de Estados Unidos pueden entrar semillas y alimentos transgénicos. En Europa también crece la oposición a la producción de esos alimentos, y varios países tienen prohibiciones al maíz MON810 de Monsanto y a la papa Amflora de Basf.
Aunque en todos los continentes las comunidades luchan contra los transgénicos y demandan la soberanía alimentaria, hay un negocio agrícola sin precedente bajo la bandera de la economía verde que podría permitir a las agroempresas, incluida Monsanto, reafirmar y reforzar su control sobre la alimentación y la agricultura, así como facilitar la propagación de la ingeniería genética con el empeoramiento de la crisis alimentaria y climática, advierte el informe.
Por Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Viernes 6 de abril de 2012, p. 15
Fuente: La Jornada