Doble rechazo a la minería a cielo abierto

Tanto en Honduras como en El Salvador la conciencia ambientalista cobra cada vez más vigor y fuerza, a nivel popular y oficial, concluyendo que los daños a la salud y a la ecología provocados por la minería extractiva superan, con mucho, los pírricos beneficios originados en la contratación de mano de obra local y el pago de impuestos nacionales y municipales. La experiencia derivada de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, la tala de bosques y la exposición de la población a productos químicos venenosos ocasionada tanto por las multinacionales mineras como por empresas locales dedicadas a ese rubro, ha pesado en la toma de trascendentales decisiones en ambas naciones.

Así, en nuestro país, los pobladores de los municipios de Minas de Oro y San José del Potrero realizaron plebiscito el 31 de marzo del corriente año, coordinado por el Comité Ambientalista de los Municipios del Noreste de Comayagua, para que sus habitantes se pronunciaran a favor o en contra de la explotación minera en sus respectivas jurisdicciones. El resultado final del conteo de votos arrojó las siguientes cifras: en Minas de Oro, 98.14% de los votos emitidos se pronunció por el ‘no’, y el 0.65% por el ‘sí’, el resto fueron votos nulos y abstenciones; en San José del Potrero: 98.14% favorecieron el ‘no’, 0.73% el ‘sí’.

La amarga experiencia de los vecinos de San Ignacio, Cedros y El Porvenir, en el valle de Siria, donde se ubica la mina de San Martín, que han sido afectados por el cianuro encontrado en los ríos y quebradas, ha significado que actualmente sufran de cáncer de estómago y afecciones dérmicas, entre otras enfermedades, resultado del empleo de dicho tóxico.

En La Unión, departamento de Copán, donde se localiza la mina de San Andrés, iguales resultados ha causado el empleo del cianuro por aspersión en patios de lixiviación para separar la broza de la plata y el oro.

Adicionalmente, ocurrió un enfrentamiento entre aquellos que se oponían a la continuación de dicha actividad y quienes la favorecían, atraídos por el señuelo de obtener un empleo, temporal, en tanto no se agotaran los depósitos argentíferos y auríferos.

En la vecina república allende el Goascorán, los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa, por unanimidad, decretaron en marzo del 2017 que ya no se permitirá dicha actividad depredadora en el territorio cuzcatleco.

El estudio elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, con sede en Guatemala, con el título ‘Diagnóstico de la situación minera en Honduras 2007-2012’, concluye que ‘la contribución de la industria minera a la economía nacional continúa siendo baja, al igual que es baja su contribución en materia de generación de empleo… en el ámbito de su contribución al fisco nacional, los aportes han sido pequeños; reportes internacionales muestran como el país no ha aprovechado el aumento de los precios (de los minerales) para agenciarse mayores recursos… el desarrollo minero… ha ocasionado una serie de conflictos entre el Estado, las compañías mineras y las comunidades donde se asientan los proyectos mineros, así como con agrupaciones ambientalistas y de derechos humanos a nivel nacional e internacional… los conflictos resultantes también encuentran a sus actores en condiciones asimétricas: por una parte, compañías mineras que tienen muchos recursos y acceso a las decisiones de poder político; por la otra, organizaciones locales y ambientales que, pese a que reciben apoyo externo, no son capaces de competir con los recursos de las mineras…’

Fuente y foto: Movimiento Mesoaméricano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)