Disparos contra el movimiento social y popular hondureño

Idioma Español
País Honduras

El pasado 26 de enero, miembros de la comunidad garífuna recuperada de Nueva Armenia, a pocos kilómetros de la ciudad de La Ceiba, fueron atacados a balazos por desconocidos. Un día antes, la sede de la Vía Campesina en Tegucigalpa fue alcanzada por más de 15 disparos. Lo mismo sufrieron simpatizantes del FNRP y del partido LIBRE, que regresaban a sus hogares después de la gran movilización de este martes.

El ataque contra un grupo de 40 miembros de Nueva Armenia, miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), dejó un saldo de una persona herida. Jesús Flores Satuye sufrió una herida en la cabeza y una en el brazo.

Días antes, miembros de la junta directiva de la OFRANEH habían sido amenazados de muerte en la localidad de Vallecito, donde operan varias empresas asociativas garífunas que sufren la creciente invasión de sus territorios ancestrales.

En la década de los años 20 del siglo pasado, la población garífuna de la zona fue desplazada del territorio de Armenia por la transnacional Standard Fruit Company, y fue relocalizada en la margen izquierda del río Papaloteca.

Cuando, al inicio del nuevo siglo, se le venció la concesión otorgada por el Estado hondureño, la compañía frutera norteamericana retornó las tierras a la municipalidad de Jutiapa, desoyendo los incesantes reclamos del pueblo garífuna sobre sus tierras ancestrales.

Paulatinamente y de forma amañada, la municipalidad fue repartiendo las tierras a pequeños grupos de supuestos campesinos, que comenzaron a talar árboles para sembrar palma africana.

Arrinconado y cercado, el pueblo garífuna inició un intenso proceso de recuperación de sus tierras ancestrales, exponiéndose a la reacción violenta y represiva de los productores palmeros, protegidos por las autoridades locales y nacionales.

“Buena parte de las comunidades garífunas padecen el asedio de empresarios del turismo, de la palma africana y de especuladores que se dedican a saquear el territorio al son del proyecto neocolonial de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), mejor conocidas como Ciudades Modelos”, se lee en un comunicado de la OFRANEH.

La organización garífuna exige la presencia inmediata del Estado, “ya que un grupo de comunitarios de Nueva Armenia se encuentra en la playa, rodeado por sicarios, mientras la persona herida no ha podido recibir atención médica”, aseguran.

Más disparos contra el pueblo

“Quieren generar terror”

En la madrugada del 25 de enero, desconocidos atacaron a balazos la sede de la Vía Campesina en Tegucigalpa. Afortunadamente nadie resultó herido. Se trata del cuarto atentado contra esta organización después del golpe de Estado de 2009.

Días antes, en estos mismos locales, se había reunido la bancada parlamentaria del partido Libertad y Refundación (LIBRE). Asimismo, se realizó una rueda de prensa del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), durante la cual se atacaron con fuerza las políticas neoliberales del presidente Juan Orlando Hernández y su proyecto de elevar a rango constitucional la Policía Militar de Orden Público (PMOP).

Horas antes de los atentados y ataques, este proyecto militarista fue derrotado en el Congreso Nacional, donde los principales partidos de oposición hicieron frente común y votaron en contra de la PMOP.

La protesta popular desembocó en una gran movilización este 27 de enero, cuando se cumplía un año de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández y de su gobierno. Tras concluir la actividad, un bus de simpatizantes del FNRP y de LIBRE fue atacado por desconocidos, que realizaron varios disparos que impactaron en el automotor.

Bertha Oliva, coordinadora nacional del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) dijo estar segura que estos atentados son parte de una estrategia bien definida, que apunta a “crear terror en la población y entre los movimientos sociales y populares que se opusieron al golpe de Estado y que, ahora, rechazan las políticas de Hernández”.

Fuente: Rel- Uita

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Tierra, territorio y bienes comunes

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