Diseñar políticas alimentarias que pongan en el centro a los pequeños agricultores, pastores y pueblos indígenas para proteger la tierra y la seguridad alimentaria
Un nuevo informe realizado por The Oakland Institute, bajo el nombre The Highest Bidder Takes It All: The World Bank’s Scheme to Privatize the Commons (El mejor postor se lo lleva todo: el plan del Banco Mundial para privatizar los bienes comunales), muestra cómo el Banco Mundial quiere llevar a cabo reformas a través de un nuevo indicador dentro del proyecto Enabling the Business of Agriculture EBA que promueve las adquisiciones de tierras a gran escala y la expansión de los agronegocios en el mundo.
Este informe se enmarca dentro de la campaña Our land Our business, compuesta por 280 organizaciones en todo el mundo, que exigen el final del proyecto EBA.
El proyecto EBA se inició en el 2013 para orientar las reformas empresariales del sector agrario. En un principio fue apoyado por la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y Nutrición, una iniciativa lanzada por el G8 para promover el papel del sector privado en el desarrollo agrícola en África y actualmente está financiado por los gobiernos de Reino Unido, Estados Unidos y por la Fundación Bill y Melinda Gates.
EBA puntúa a los países sobre la forma en que implementan las políticas del Banco Mundial, que posteriormente determinan el volumen de financiación e inversión extranjera que reciben. Ahora se ha introducido un nuevo indicador: land (tierra), que promueve reformas que los gobiernos deberían llevar a cabo en el sector agrícola. Empezó a usarse como prueba piloto en 38 países durante el año 2017 y se espera que este año se amplíe a 80 países. El indicador promueve las adquisiciones de tierras a gran escala, un hecho que se ha intensificado en los últimos diez años y que, según el informe, supone desalojos forzosos, violaciones de los derechos humanos, degradación del medioambiente, aumento de la inseguridad alimentaria y destrucción de los medios de vida.
Las principales recomendaciones de EBA hacia los gobiernos incluyen la formalización de los derechos de propiedad privada, la facilitación de la venta y el arrendamiento de terrenos para uso comercial, la sistematización de la venta de terrenos públicos mediante subasta al mejor postor y la expropiación.
Las tierras que son el objetivo de los inversores han sido usadas generalmente por personas locales que a veces no tienen los títulos de propiedad. Legalmente se trata de terrenos públicos o estatales o terrenos que las comunidades locales reclaman. Y aunque el Banco Mundial afirma que este indicador pretende proteger las tierras y traer más equidad en el acceso a la tierra, esta campaña no lo considera así, ya que entienden que promueve la agricultura industrial a gran escala sin tener en cuenta a agricultores familiares, pastores y pueblos indígenas, que viven y trabajan en estas tierras, que son su medio de vida y que representan activos ancestrales con un profundo significado social y cultural.
El informe critica la visión de este proyecto en los países en desarrollo al transferir tierras públicas al uso privado y comercial bajo la creencia de que las tierras serán mejor aprovechadas, afirmando que los países de bajos ingresos no administran los terrenos públicos de manera efectiva. El Banco también considera que la propiedad de la tierra es la mejor forma de estimular las inversiones en agronegocios y aumentar la productividad. Parte del proceso es hacer de la tierra un "activo transferible" y fomentar su uso como garantía para el crédito. En las economías occidentales existen sistemas “formales” de tenencia de la tierra, abundan bancos y acreedores que gracias a estas medidas podrán concentrar un mayor número de tierras.
Según este trabajo hay que instar a los gobiernos a diseñar políticas alimentarias y agrarias que pongan en el centro a los pequeños agricultores, pastores y pueblos indígenas, y abordar los retos del hambre, la degradación del medioambiente y el cambio climático.