Diego Montón, de La Vía Campesina: “Sin las luchas de las organizaciones, la Declaración de Derechos Campesinos se queda en el papel”

Desde 2018 el movimiento campesino mundial tiene una nueva herramienta para defender sus luchas: la Declaración de los Derechos del Campesinado. En un hecho histórico, el 17 de diciembre de ese año la Asamblea de Naciones Unidas aprobó este documento que protege derechos esenciales como la tierra, el agua y las semillas, e incluye obligaciones de los Estados para protegerlos. 

Aunque el Gobierno colombiano le dio la espalda al campesinado cuando se abstuvo de votar la Declaración, hoy el país tiene una oportunidad de apropiarla. Actualmente el Congreso estudia un proyecto que busca modificar la Constitución para incorporar los derechos que protege la Declaración. 

Durante el último Congreso Anual de Fensuagro hablamos con Diego Montón, líder del movimiento campesino en Argentina, quien hizo parte de la lucha para lograr la aprobación de la Declaración como integrante de Cloc-Vía Campesina. En entrevista para Dejusticia, Montón hizo un balance del impacto que ha tenido esta herramienta internacional en América Latina y analizó las posibilidades que surgen para Colombia.

Dejusticia: ¿Cómo fue el proceso desde la Vía Campesina para construir la Declaración y lograr su aprobación en 2018?

Diego Montón: En 2003 quedó planteado como uno de los objetivos estratégicos de La Vía Campesina construir una herramienta internacional de derechos campesinos. Durante cinco años discutimos cuáles debían ser esos derechos. Fue un proceso muy democrático, surgió muy desde las luchas, que en esa época (como ahora, en muchos casos) eran luchas de resistencia, de mucha violencia. 

En ese proceso se incorporaron muchos sectores. Ya no solo era La Vía Campesina, sino que estaban los sindicatos de trabajadores agrícolas, pueblos originarios, organizaciones ecologistas, organizaciones de pescadores artesanales, de pastores. 

Se dieron dos discusiones centrales. Una fue: ¿por qué derechos campesinos? Hubo mucha oposición de Estados Unidos y del Reino Unido, mucha objeción frente a la identidad campesina. La otra fue sobre las obligaciones de los Estados, poder pensar que para cada derecho debían figurar cuáles eran las obligaciones de los Estados. Eso le dio un carácter más programático a la Declaración, a diferencia de otras.

D: ¿Por qué cree que hubo esa resistencia al término campesino?

DM: Por un lado, por el rol simbólico que ha tenido el campesinado en la disputa política, sobre todo en América Latina, pero también en países de Asia. El campesinado ha sido quizá el sujeto que más resistió el capitalismo y que más generó un proceso de transformación.

Otros países planteaban que era una cuestión peyorativa, asociada a la idea de que el campesinado es el pasado y que el futuro está de la mano de la agroindustria. Por eso proponían dejar casi la misma definición pero cambiar el término. Pero fue una batalla que se ganó de manera holgada. 

D: ¿Qué impactos ha tenido la Declaración en estos tres años y medio en América Latina?

DM: La Declaración ya está adoptada por Naciones Unidas. Así que, independientemente de qué países votaron a favor, se abstuvieron, o votaron en contra, ya es una herramienta de jurisprudencia internacional. Por ejemplo, Argentina durante todo el proceso la apoyó y justo cuando se iba a votar hubo un cambio de gobierno y ese gobierno de derecha se abstuvo. Sin embargo, la Declaración sirvió en un litigio paradigmático para el país: en un territorio donde conviven comunidades campesinas y pueblos originarios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino que se reconozca ese territorio y que se garanticen tanto los derechos de los pueblos originarios como los derechos de los campesinos, en términos de la Declaración. 

En Paraguay se ha utilizado, en algún lugar de Brasil también y hay mucho para desarrollar en términos jurídicos. Nos queda el desafío de poder convertirla y traducirla a instrumentos nacionales. 

D: ¿Qué pasos siguen para aterrizar la Declaración a instrumentos concretos en los países?

DM: Creo que es importante que cualquier país, incluso los que votaron a favor, generen legislación que traduzca la Declaración a la realidad nacional. Puede ser incorporándola a su Constitución pero también generando legislaciones parciales con algunos temas. Sobre eso hay algunas iniciativas en discusión.

Después nos queda otra cuestión que también se está trabajando y es generar una instancia en Naciones Unidas de seguimiento de este proceso. Por ejemplo, una relatoría de derechos campesinos. Lo importante es que Naciones Unidas pueda presionar a los Estados y hacerle seguimiento a lo que está ocurriendo con los derechos de los campesinos.

D: En Colombia ha existido un déficit de reconocimiento del campesinado y ahora tenemos la posibilidad de incorporar la Declaración en nuestro bloque de constitucionalidad. ¿Cómo cree que la Declaración podría ayudar a corregir ese vacío?

DM: A pesar de que en Colombia hay una negación de la élite que ha manejado las instituciones, la cuestión está muy presente en su coyuntura y una buena parte de los Acuerdos de Paz tienen que ver con los derechos campesinos. 

A partir de ahí, el desafío es traducir la Declaración a la realidad colombiana. Puede ser una ley que le dé carácter constitucional o de otro tipo a la Declaración. O puede ser que las distintas iniciativas que existen en Colombia se fortalezcan en torno a esta agenda internacional. Y lo central ahí es que las organizaciones campesinas de Colombia tengan participación activa, que sean protagonistas de esa discusión y de la implementación. 

D: ¿Cómo lograr que la Declaración no se quede en el papel y realmente cambie las vidas de los campesinos y campesinas de Latinoamérica?

DM: Lo primero es que esta Declaración sintetizó luchas concretas de las organizaciones campesinas. Ha habido un reconocimiento de esas luchas y ahora las organizaciones tienen que apropiarse de esa herramienta institucional, sin abandonar la lucha cotidiana y manteniendo la movilización contestataria.

Otra de las claves es el financiamiento internacional: que tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) sean financiadores de esta agenda que contribuye a las luchas que están dando las organizaciones. Pero sin luchas de las organizaciones sí va a quedarse en el papel muerto.

Fuente: Dejusticia