Día Mundial del ambiente: agenda pendiente. Del deshielo a la tierra arrasada

Convocados por las Naciones Unidas para celebrar otra efemérides por el ambiente y, esta vez, por el deshielo polar, este 5 de junio los ecologistas en Costa Rica hablaremos, también, de la tierra arrasada y sus artífices.

Mientras los hielos milenarios ceden terreno a la sorda maquinaria del dinero, en nuestro país, con frialdad y desenfadado cinismo, hay quienes anuncian al mundo entero haberle declarado la paz a la naturaleza. Pero la realidad es implacable y no miente.

Bajo el mando de los hermanos Arias, ese reducido pero influyente grupo de empresarios nacionales y contrapartes multinacionales, han emprendido esta cruzada irracional bajo el emblema del dinero, el libre mercado y el provecho privado. Todo es mercancía.

Pero, afortunadamente, no están solos. En todos los rincones de nuestro país viene levantándose una sólida consciencia ciudadana respecto de este deterioro y sus principales autores.

Frente a los discursos oficiales que celebran hoy adulteradas glorias con fingido corazón ambientalista, quisiéramos nosotros, sin ánimo de ser exhaustivos, descongelar algunas verdades de esta guerra. Quizás así no pase otro 5 de junio tan en vano.

Urge una ley de aguas en Costa Rica

La disponibilidad y calidad del agua están amenazadas por el crecimiento de la demanda sin planificación ni control y cada vez hay más conflictos sociales ligados al acceso del recurso por parte de comunidades, proyectos hidroeléctricos, riego, turismo, entre otros.

La falta de planificación territorial ligada a la protección y el incumplimiento de las limitaciones de las zonas de protección del recurso hídrico y sobra impunidad para quienes incumplen las normas de contaminación así como de las limitaciones

La legislación vigente no ofrece herramientas suficientes para enfrentar todos los problemas asociados al agua, ni permite evitar que esos problemas se sigan dando ni que en un futuro no muy lejano se sumen otros. De ahí que sea necesario dotar al Estado de las herramientas jurídicas, económicas y técnicas adecuadas para que éste, con la participación de los distintos sectores de la sociedad, realice una gestión integrada, ambientalmente sostenible y socialmente equitativa del agua.

El infierno de las quemas en los cañales

El maquillaje verde de Oscar Arias se cae en sus plantaciones de caña en Guanacaste, donde la temporada de corta trae consigo un verdadero infierno a las comunidades cañeras.

La quema de caña produce una especie de lluvia de trozos de cenizas que van acompañadas de gases no visibles y humo que agravan los problemas como las lluvias ácidas, alto poder corrosivo sobre diversas superficies, gran cantidad de partículas en suspensión y causa de enfermedades específicas que provocan la muerte y muchas veces agravan las afecciones respiratorias o cardiacas preexistentes.

En toda la zona productora de caña de Guanacaste, las enfermedades respiratorias ocupan los primeros lugares por casos de afectados, constituyendo la principal causa de consulta en los centros de atención.

La quema de caña empobrece los suelos y provoca la muerte de enorme cantidad de individuos de diversas especies animales.

Biopiratas acechan los Parques Nacionales

Costa Rica constituye un atractivo turístico por la diversidad de sus ecosistemas. Las actividades económicas relacionadas a las áreas protegidas contribuyeron en el 2002 con $814 millones a la economía nacional, más del 5 por ciento del PIB del país ese año.

Pero el empobrecimiento de los Parques Nacionales nos es ninguna casualidad, ni responde a que los recursos provenientes del turismo se van para la caja única del Estado. Con esa excusa se quiere justificar la necesidad de que figuras privadas metan mano en las Áreas Protegidas.

Es claro que además de la belleza escénica que explotan las empresas turísticas, la biodiversidad de los ecosistemas tropicales atesora una riqueza aún mayor que atrae la codicia de las transnacionales farmacéuticas, que se dedican a la biopiratería con la complicidad de intermediarios nacionales que predican la protección de los recursos naturales y llevan a cabo actividades de bioprospección.

¿Y quién controla a los piñeros?

En los últimos 5 años la producción piñera ha crecido sin planificación alguna. En el 2005 la superficie cultivada de piña fue de 27.500 hectáreas, aumentando casi 679 hectáreas con respecto al año anterior y 9.500 has con lo respecto a lo reportado en el 2003 y casi el triple de lo reportado en el 2000 (9.900 has). El crecimiento porcentual de la siembra de la piña es más alto que el ningún otro monocultivo. La mitad de esta producción esta concentrada en la zona Norte y se registra una agresiva expansión en Caribe y Pacifico Sur.

Este desmedido crecimiento genera fuertes impactos sobre el ambiente y los seres humanos. Conforme han ido avanzando los piñales, han ido desapareciendo quebradas y nacientes, se han contaminado pozos para el consumo humano, junto con la extinción y estrangulamiento de zonas en recuperación de bosque.

La mayoría de piñeras no cuentan con estudios de impacto ambiental, simplemente se instalaron y empezaron a quitarle los recursos a la gente. Las comunidades vecinas no obtienen beneficios, no mejoran las carreteras ni las escuelas.

La expansión del modelo agroindustrial está llevando a Costa Rica a transformarse en un país productor masivo de frutas y tubérculos tropicales frescos, eliminando grandes cantidades de hectáreas de agricultura y ganadería tradicional, transformando el paisaje en verdaderos desiertos verdes.

Hay que entrarle al modelo energético nacional

Todas las acciones gubernamentales confirman que los Arias Sánchez y su ministro de ambiente seguirán impulsando proyectos como Pacuare y Boruca, altamente controversiales por sus impactos ambiéntales y resistencia local. Se quiere consolidar un modelo energético expansivo donde se privilegia la demanda y no hay una estrategia para enfrentar un consumo insostenible de energía.

La apertura del sector energético pondría más presión sobre las cuencas hidrográficas. En lugar de buscar una política energética sustentable, con diversidad de fuentes y límites al consumo, se pretende desarrollar todas las fuentes posibles (hidroeléctricas, petróleo y biocombustibles), con los beneficios privatizados y los impactos ambientales socializados.

La elevación de los precios internacionales no ha servido para repensar la política energética del país. En vez de reducir la dependencia petrolera y generar una Política Energética Sustentable, la camarilla gobernante ha anunciado la reactivación de las exploraciones petroleras, acompañada por la no derogatoria de la ley de hidrocarburos y la apertura del monopolio de RECOPE.

En el tema de biocombustibles, con la insistencia en la venta de FANAL, se están favoreciendo los intereses de los grandes ingenios del grupo gobernante, lo que implica un claro conflicto de intereses. Por otro lado, si el país se convierte en seguidor de las prácticas comunes en biocombustibles, puede ser una competencia entre la seguridad energética y la seguridad alimentaría.

Claramente la expansión energética se da poniendo la estabilidad de los ecosistemas- intereses por el bien común- muy por debajo de los intereses de la industria y los productores privados de energía. De más está decir que este desarrollo energético no es para el consumo de la mayoría, sino para suplir las demandas de consumo fuera del país, así como las de la industria y el transporte que florecen en épocas de apertura económica.

En peligro la moratoria a la minería

En virtud de la presión ejercida por las comunidades y los grupos ecologistas para que se excluyera esta actividad del desarrollo nacional, el anterior gobierno firmó el decreto de moratoria N° 30477-MINAE.3 Hoy ese decreto esta bajo amenaza por el actual gobierno, respondiendo a las presiones ejercidos principalmente por Industrias Infinito, que ha asegurado que el gobierno derogará el decreto y les permitirá legalizar sus intenciones.

En el Registro Nacional Minero del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) se contabilizan 22 permisos de exploración vigentes en distintas zonas del país, los cuales podrían ser retomados en el momento en que sus solicitantes así lo deseen. Estos avales fueron entregados desde 1993 hasta 2002, año en que la administración Pacheco publicó el decreto de moratoria minera.

En materia de control ambiental el anterior ministro aseguro que para el MINAE no tiene la capacidad ni los recursos del monitoreo ni el control ambiental. Esto hoy esta claro en Talamanca donde hay evidencias que se realiza una exploración sin permisos de la comunidad ni mucho menos ambiental.

Enclaves turísticos arrasan con las costas

Lejos de pensar un modelo turístico propio que conlleve mayores beneficios de todo tipo a las comunidades locales, los últimos gobiernos han apostado a profundizar el modelo de las grandes cadenas hoteleras: inmensos enclaves situados entre comunidades con escasos recursos económicos donde el contraste entre el despilfarro y los escasos o nulos recursos es la norma principal. Estos enclaves se sitúan dentro de grandes murallas que esconden canchas de golf -verdes todo el año incluso en las épocas secas del pacífico-, inmensas construcciones vedadas para la mayoría de la población nacional debido a sus altos precios.

Los enclaves hoteleros provocan impactos en cuanto al manejo de desechos y aguas negras, acceso al agua potable y los usos que se le dan, afectación del paisaje, genera poco empleo, establecimiento de una economía orientada a satisfacer los requerimientos de sus clientes, tales como la prostitución y las drogas. Favorece la especulación en el valor de las tierras, así como la imposición de un modelo de desarrollo y estilo de vida ajenos a su realidad.

Adicionalmente, las comunidades pesqueras artesanales tradicionales, que han vivido toda la vida al lado del mar, son acosadas para desplazarlas y reubicarlas en asentamientos que no corresponden con su cultura ni con su forma de vida relacionada profundamente con la diversidad biológica. Ejemplos de esta situación tienen lugar en las islas del Golfo de Nicoya y en el manglar de Puntarenas.

TLC que engulle y arruina

Con la ratificación del TLC culmina un proceso de privatización de nuestros recursos naturales, tanto de la presente como de las futuras generaciones ya que sujeta a la naturaleza y todos sus recursos a las leyes del mercado y deja sin efecto la legislación ambiental e instrumentos jurídicos que protegen la naturaleza.

Sea agua, madera, biodiversidad, suelo, etc. el impacto del TLC en el ambiente y en la vida de la gente sucedería en tres sentidos:

En el deterioro y agotamiento de los recursos. La inversión extranjera en el país ha aumentado la contaminación y el agotamiento de los recursos.

En el reparto desigual de los costos y de los beneficios. El modelo que profundiza el TLC garantiza que el fruto de la explotación del ambiente haga cada vez más ricos a los ricos y más pobres a los pobres Todo aquel deterioro del ambiente, al fin de cuentas, no hace más que sostener una sociedad profundamente inequitativa. Dicho de otro modo, a unos la carne y a otros el hueso..

En la distribución también desigual del poder. El TLC limita y condiciona las posibilidades para que la ciudadanía decida y ejecute otras direcciones de desarrollo.

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Más información: FECON - Costa Rica