Destacan nefastos impactos de acuerdos internacionales de inversión

Una extraordinaria jornada de dos días intensos de trabajo permitió revelar los nefastos impactos de los acuerdos internacionales de inversión que se sobreponen y menoscaban los derechos de los pueblos indígenas y ciudadanos en general.

El evento que consistió en un seminario culminó con un foro público realizado la noche del martes 26 de abril con la participación de dos relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y un Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También participó un represente del Consejo Africano de Derechos Humanos.

Ellos, juntos a representantes de organizaciones indígenas de América, Asia y África y expertos invitados examinaron los tratados bilaterales de inversión, el TPP y otros acuerdos internacionales que constituyen un régimen de inversiones de casi 3 mil tratados bilaterales de inversión así como los capítulos de inversión de unos 350 tratados de libre comercio.

Referidos colectivamente como Acuerdos Internacionales de Inversión (AII), estos promueven la inversión y el comercio en el mundo, con frecuencia con menoscabo de las soberanías nacionales y los derechos que protegen el ambiente y otros derechos ciudadanos.

Los AII suelen contener cláusulas que obligan a los Estados a tratar en las mismas condiciones a la inversión extranjera respecto a las inversiones nacionales, sin considerar que estas inversiones son subsidiadas en sus países de origen, generando una competencia desleal que mina la equidad y las condiciones de competitividad de los países menos industrializados.

Lo peor ocurre cuando algún Estado, en aras de proteger su producción nacional expide alguna medida de protección. Es llevado por los inversionistas extranjeros a onerosos juicios en tribunales arbitrales internacionales que no respeten la jurisdicción nacional y donde por lo común se expiden fallos millonarios que benefician a las empresas por sobre el interés de los países.

Relatora prepara informe para Naciones Unidas:

Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, destacó la importancia de que las comunidades puedan decir sí o no a las inversiones que se realizarán en sus territorios y que los Estados deben aprobar salvaguardas ambientales y de derechos humanos.

Ella elaboró el lnforme "Repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, Informe a la Asamblea General, 2015" que presentó a la 70ª sesión de la Asamblea General de ONU, y anunció que en setiembre de 2016 presentará un nuevo informe para lo cual reúne información mediante consultas (ver aquí).

La relatora recomendó que los inversionistas sean transparentes en sus propósitos y las negociaciones deben hacerse de manera pública para que los ciudadanos tengan la posibilidad de intervenir y hacer estudios de impactos en los derechos humanos.

Los pueblos indígenas son las poblaciones más vulnerables y no queremos que se agrave la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. Por esto tenemos el mandato de protegerlos, indicó.

"Todos tienen derecho a estándares de vida y de salud más altos":

Baskut Tuncak, Relator Especial sobre Residuos Tóxicos de la ONU, enfatizó que los pueblos indígenas están expuestos a tóxicos derivados de las actividades extractivas, la agricultura y otras que se realizan en sus territorios.

Cada año se producen cinco millones de toneladas de sustancias contaminares, un volúmen dramático que circula libremente. De estas cinco, un millón son sustancias cancerígenas que circulan libremente a través del agua, suelo, aire y comidas.

Ante una pregunta sobre el caso de población que consume pescado con mercurio, destacó que los Estados tienen la obligación de controlar este tipo de situaciones. El Estado tiene la obligación de proporcionar alimentación apropiada, agua segura y alimentos limpios y prevenir los daños porque los problemas de contaminación por sustancias tóxicas provocan daños irreversibles.

Todos tienen derecho a unos estándares de vida y de salud más altos y la realidad es que los acuerdos internacionales de inversión contienen regulaciones que buscan facilitar la circulación de sustancias que indican que no son nocivas, sin embargo, después de unos años se ven obligados a retirarlos al comprobarse su toxicidad.

"Tenemos que favorecer economías más limpias. Los acuerdos de inversión contienen principios básicos a favor de las empresas que restringen las capacidades de los gobiernos de legislar y proteger el ambiente y salud de la población", dijo Baskut.

Francisco Eguiguren: "Se necesita inversión pero no de cualquier tipo"

El flamante relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas Francisco Eguiguren Praeli (Perú) destacó el informe de la CIDH referido a los pueblos indígenas que recalca que los estados tienen una obligación frente a las actividades extractivas en sus territorios, estén reconocidos o no.

Destacó que el Estado es responsable de lo que hagan particulares y empresas en dichos territorios. Y esto alcanza también a los Estados de donde provienen las empresas lo cual abre escenarios interesantes para la actuación judicial.

Enfatizó que los Estados antes de otorgar permisos de actividades empresariales se deben realizar los estudios y consultas apropiadas y de buena fe y no para cumplir un mero formulismo sino para obtener el consentimiento.

"No olvidemos que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene el más alto nivel y no puede ser desconocido por otros tratados que así no sean de derechos humanos, al no mencionarlos no significa que no existan", dijo.

El reconocimiento de la consulta y el consentimiento debe significar un beneficio. ¿Si me va a afectar en qué me va a beneficiar? es una preocupación legítima.

"Se necesita inversión pero no cualquier tipo de inversión. Se debe negociar con dignidad y no se puede aceptar que vengan a hacer en un país algo que no se atreven a hacer en sus países porque no estaría permitido", concluyó.

"Vamos a continuar la lucha y caminar de manera solidaria"

Antolín Huáscar, dirigente de la Confederación Nacional Agraria (CNA) de Perú, organización miembro del Pacto de Unidad, sostuvo que la aplicación del TLC con Estados Unidos ha favorecido el ingreso de algodón, trigo y maíz amarillo duro subsidiados que han generado competencia desleal y agudizando el endeudamiento y la pobreza en el sector agrario.

Estos acuerdos internacionales de inversión son diseñados para destruir nuestras economías y derechos. El TPP ha sido negociado en secreto y no ha sido consultado ni a la ciudadanía ni a los pueblos indígenas a pesar que los transgénicos que promueve socavarán nuestra soberanía alimentaria.

Exhortó a formar una coalición internacional para defendernos de estos tratados que afectan por igual a pueblos de diversas partes del mundo, incluido países como Canadá.

La representante mapuche Ana María Llao de Chile denunció que los diversos tratados no garantizan derechos. Son acuerdos comerciales negociados a puerta cerrada y juegan con la ambigüedad en sus términos que terminan siendo interpretados a favor de los inversionistas.

Los tratados deben respetar los derechos humanos, lo que implica el derecho a la vida, al agua, a la salud, etc. "La tarea no es sólo de los indígenas. Estamos hablando de agua, de medio ambiente, que es vida. No nos negamos al desarrollo pero no debe ser a costo de los más humildes", concluyó.

Emmanuel Gómez del movimiento Sin Maíz no hay País, de México, sostuvo que a más de veinte años de libre comercio lo que tenemos que hacer es evaluar los impactos en el ambiente y en los derechos humanos.

"Tenemos un 40 por ciento de población en extrema pobreza y la genética del maíz nativo se está contaminando", indicó. Hoy, México importa mucho más de los alimentos que produce y debemos descolonizar el pensamiento, la economía, la producción.

El acuerdo de Mérida ha significado la militarización de la zona con negativa repercusión para los migrantes de México y Honduras. Hay 200 mil muertos de la guerra contra el narcotráfico y 20 mil desaparecidos.

Los pueblos indígenas nos han demostrado que los derechos no se mendigan sino que se conquistan. Vemos un aliado importante en las Naciones Unidas debido a que nos encontramos en desventaja frente al poder de las transnacionales.

Carwyn Jones, de Nueva Zelanda manifestó que los tratados benefician a unos pocos y afectan derechos de muchos más. El TPP busca institucionalizar un mecanismo que de manera sistemática afirma este sistema normativo internacional que excluye a los derechos humanos.

Estos derechos humanos deberían estar en el centro de los tratados y proyectos de inversiones. Tenemos que ser parte de estas discusiones y el foco no debe estar en los inversionistas sino en la ciudadanía, expresó.

Joseph Nkamasiai, de Kenia, enfatizó que los discursos de los diversos representantes son similares y nuestro futuro como comunidades está amenazado. Debemos esforzarnos por la unidad y llevar nuestras agendas a los niveles más altos de las Naciones Unidas.

Los derechos indígenas no son menos que los derechos humanos y deben ser respetados. Debemos tener un movimiento global y no crear divisiones sino utilizar a los relatores y darles a las comunidades indígenas oportunidades para compartir los temas.

Thomas Jalong, de Malasia, denunció que los acuerdos internacionales de inversión y en específico el TPP afectará a una serie de países. "Estamos muy preocupados porque los pueblos indígenas somos menos del 15 por cuento de la población y podemos ser ignorados".

"Creemos que a pesar que estos acuerdos pueden plantear diversas formas legales esto no significa que sean legítimos. Nuestros derechos si son legítimos y debemos enfrentar estos retos y enfrentarlos con fundamento ético, legal y jurídico".

"Vamos a continuar la lucha y caminar de manera solidaria, estemos donde estemos, para obtener mecanismos para debatir y cuestionar este tipo de acuerdos y tener una voz común en los diversos espacios internacionales", concluyó.

Fuente y fotos: Servindi