Derrames en la Amazonía: una historia de nunca acabar

Derrames en el tiempo

Los 474 derrames ocurridos entre el 2000 y 2019 fueron revelados por el estudio “ La sombra del petróleo”, elaborado por el Subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

El informe detalló que el 65% de los derrames se debió a la corrosión de los ductos y fallas operativas, mientras que el 28% fue causado por terceros, un dato crucial para entender el problema.

Esto, debido a que uno de los argumentos que se utiliza comúnmente desde el gremio petrolero para desvirtuar las denuncias de derrames, es señalar que estos fueron causados de manera “intencional”.

El informe, sin embargo, demostró que la responsabilidad de la mayoría de los derrames recaía sobre las operadoras y en su falta de prevención para evitar que se genere corrosión en la infraestructura petrolera.

Impactos más recientes

Ahora bien, lejos de ser atendidos, los derrames petroleros se han seguido reportando en territorio amazónico, generando así más impactos ambientales alrededor de las comunidades indígenas.

Solo entre diciembre de 2021 y agosto de este año, se han reportado once derrames ocurridos en Loreto y Amazonas, de acuerdo a lo difundido por el Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte (Puinamudt).

Cinco de estos once derrames ocurrieron en menos de un mes: entre diciembre y enero. Servindi informó en su momento que la mayoría de estos casos fueron alertados por las propias comunidades.

A estos derrames, le siguieron otros seis. El primero fue reportado el  11 de febrero en la comunidad achuar José Olaya, y afectó una dimensión de 500 metros, incluyendo ríos, animales, vegetación y vidas humanas.

Otros dos ocurrieron el  2 y  18 de marzo y afectaron a la comunidad kichwa Doce de Octubre, del lote 192, en Loreto, La alerta fue emitida por monitores ambientales del lugar.

Posteriormente, el  1 de abril se registró un nuevo derrame de crudo en el kilómetro 20 del Oleoducto Norperuano, en la comunidad loretana de San Pedro, en Urarinas.

Mientras que a  inicios de junio y el  27 de agosto, otros derrames afectaron en el lote 192 a la comunidad kukama La Petrolera y la comunidad kichwa Doce de Octubre, respectivamente.

El último derrame

Así llegamos al 16 de setiembre, fecha en que se reportó un nuevo derrame de crudo en el kilómetro 55 del Oleoducto Norperuano, que llegó incluso a afectar a las aguas del río Marañón.

El vertido de crudo viene afectando a las comunidades indígenas San Pedro de Urarinas y San José de Saramuro que utilizaban el río para abastecer sus necesidades de alimentos y agua.

Por este motivo la Defensoría del Pueblo ha pedido urgente ayuda humanitaria a la zona, mientras que las comunidades exigen que se declara la emergencia ambiental y sanitaria en la cuenca del Marañón.

Por su parte, la empresa Petroperú se ha limitado a señalar que la fuga de petróleo habría sido provocada, algo que todavía no ha sido confirmado y se encuentra en investigación.

Como veíamos al inicio, acusar que un derrame fue generado de manera intencional suele ser la manera más fácil desde el gremio petrolero para salir del asunto y desviar las miradas.

Sin embargo, cabe preguntarse qué habría más allá de estos actos, sobre todo cuando hechos anteriores y no muy lejanos demuestran que hasta en la remediación se ven beneficiados los del sector.

En 2018, por ejemplo, la congresista María Elena Foronda denunció que altos funcionarios de Petroperú, a los tres días de haber renunciado,  formaron empresas de remediación ambiental luego de derrames de petróleo.

Detalló que, incluso, llegaron a facturar 50 millones de soles por varios trabajos negociados en tiempo récord, a pesar de que estas empresas no calificaban, pues no tenían experiencia, ni perfil técnico.

Fuente: Servindi