Denuncian violaciones a los derechos campesinos en Paraguay

Idioma Español
País Paraguay

FIAN y La Vía Campesina denunciaron hoy ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de Naciones Unidas que el derecho a la alimentación adecuada de miles de familias campesinas e indígenas en Paraguay ha sido violado y está en grave peligro a causa de la morosidad con la que se implementa la legislación de reforma agraria, asi como de los desalojos forzosos y la agresiva expansión sojera

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FIAN Internacional y la Via Campesina - Campaña Global por la Reforma Agraria

Denuncian violaciones a los derechos campesinos en Paraguay

Ginebra, 14/11/07. FIAN y La Vía Campesina denunciaron hoy ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de Naciones Unidas que el derecho a la alimentación adecuada de miles de familias campesinas e indígenas en Paraguay ha sido violado y está en grave peligro a causa de la morosidad con la que se implementa la legislación de reforma agraria, asi como de los desalojos forzosos y la agresiva expansión sojera. José Bodadilla, representante de MCP-LA Vía Campesina manifiestó: “El instituto de reforma agraria cuenta con muy escasos recursos y no es capaz de gestionar la asignación de tierras en cantidad y calidad suficientes para el asentamiento de las familias, ni de mensurar y demarcar los territorios indígenas apropiadamente. El Estado Paraguayo no ha hecho nada para recuperar las tierras mal habidas (tierras que fueron adjudicadas de forma ilegal en el pasado a personas que no tenían derecho a ser beneficiarias de la reforma agraria) que podrían llegar a los 9 millones de hectáreas, es decir, tierra suficiente para asentar a las 300 mil familias sin tierra de Paraguay”.

Por otra parte, las decisiones del Poder Judicial de desalojar forzosamente familias campesinas que han ocupado pacíficamente tierra y la actuación de la Policía Nacional en los desalojos quemando y destruyendo viviendas, cultivos, bienes, han sido reportadas como serias infracciones de la obligación del Estado Paraguayo de respetar el acceso que estas familias tenían a medios de vida. “Los jueces deberían aplicar el fuero civil para tratar las querellas que surgen de la ocupación pacífica de tierra que no cumple su función social” puntualizó Alberto Alderete del Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo Agrario (SEIJA). El Estado Paraguayo tampoco ha protegido a las familias campesinas de la presión de los sojeros de adueñarse de sus tierras.

El CDESC es el órgano de las Naciones Unidas que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del cual Paraguay es signatario. Los Estados Parte de este Pacto están obligados a rendir informes al Comité sobre la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de manera regular. En el actual período de sesiones, el Comité examina a Paraguay. Aparte del informe oficial que presenta el gobierno paraguayo, organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a FIAN y La Vía Campesina,han presentado informes alternativos independientes sobre el estado de realización de los DESC. Sandra Ratjen, representante de FIAN Internacional resaltó: “Urgimos al Estado Paraguayo a que evalúe sistemática y públicamente, y con la participación de la población afectada, los efectos de la expansión sojera en el disfrute de los derechos humanos de las comunidades rurales; y a que utilice el máximo de recursos disponibles para desarollar una política integral de reforma agraria, basada en la agricultura familiar campesina, que garantice la realización del derecho a alimentarse”.

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Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas examinan al gobierno paraguayo

Ginebra, 14/11/07. La delegación paraguaya, integrada por diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Federación Nacional Campesina, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, la Organización Nacional Campesina, Via Campesina-Paraguay y CLADEM Paraguay, además de FIAN y organizaciones no gubernamentales, denuncian que en Paraguay pocas son las acciones implementadas para garantizar el goce de los DESC.

Asimismo, denunciaron mantiene altas tasas de mortalidad materna, una de las más altas de la región: 133,7 por 100.000 nacidos vivos y que el aborto es uno de los principales motivos, mientras la legislación mantiene la penalidad en todas sus formas y el país no cuenta con una Ley de salud sexual y reproductiva. Reclaman que la desigualdad y la discriminación se manifiesta en especial en el escaso acceso de las mujeres a la tierra, mayores tasas de analfabetismo, en especial de las guaraní hablantes y monolingües guaraní. Entre otros temas, enfatizan que las mujeres perciben entre el 60 y 70 % del salario de los hombres y que el Estado mantiene una grave discriminación legal para con las trabajadoras domésticas quienes por Ley tienen derecho a percibir sólo el 40 del salario mínimo legal, no tienen cobertura de seguridad social fuera de la capital y se permite que trabajen más de las ocho horas establecidas para otros trabajadores. Finalmente reiteran la falta de respuesta del Estado ante la violencia de género, en especial la situación de las mujeres víctimas de violencia doméstica, baja penalización y la dificultad para el acceso a la justicia, así como también la ausencia de hogares albergues para el refugio de las víctimas.

Por otra parte, el tema que ha generado mayor preocupación en los miembros del
Comité, tanto en el día de ayer como en la sesión de hoy, destinadas a examinar el informe del gobierno paraguayo, ha sido la situación de los campesinos y las comunidades indígenas que siguen siendo privadas del acceso a tierras en cantidad y calidad suficientes, situación que es vista como un de los principales problemas que dificultan los DESC. En este contexto también fue mencionado el conflicto derivado de dicha problemática que ha significado durante todo el periodo democrático la muerte a 77 personas, sin que sus responsables hayan sido sometidos a procesos judiciales en la mayoría de los casos.

Luego de culminar el examen de la situación de Paraguay, se aguarda que en una o dos semanas se dará a conocer las observaciones finales del Comité y las recomendaciones que deberían ser adoptadas por el Estado, orientadas a revertir las graves violaciones existentes en materia de derechos económicos, sociales y culturales, muchas de ellas reconocidas por el propio Estado en su informe.

Mas información:

Informe de la Misión Investigadora a Paraguay

La Reforma Agraria en Paraguay - Folleto informativo

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