Demonización del campesinado
Desde estas líneas queremos llamar la atención sobre lo que -desde nuestro punto de vista- es una preocupante "demonización" del campesinado europeo. Por eso pensamos que es bueno aclarar posicionamientos como los que defendemos desde plataformas hermanas como Vía Campesina y Plataforma Rural y ONG como Veterinarios sin Fronteras
Desde estas líneas queremos llamar la atención sobre lo que -desde nuestro punto de vista- es una preocupante "demonización" del campesinado europeo. Nos preocupa cómo los medios de comunicación, recogiendo sólo informaciones parciales de algunas campañas de las ONG, lanzan mensajes simplistas y distorsionados. Titulares o comentarios de tertulianos ultraliberales que afirman que la pobreza de las comunidades del Sur es prácticamente responsabilidad única del sector rural de los países ricos, que -como aquel que dice- vive de las subvenciones, sin dar golpe, y perjudicando a sus colegas del Sur.
Por eso pensamos que es bueno aclarar posicionamientos como los que defendemos desde plataformas hermanas como Vía Campesina y Plataforma Rural y ONG como Veterinarios sin Fronteras.
La PAC -Política Agraria Común- es la encargada de establecer en Europa el sistema de apoyo a la agricultura, la ganadería y el medio rural, entre otras formas a través de un sistema público que incluye un control de la oferta, una intervención en los mercados y una política de precios, además de un sistema de subvenciones para nuestro campo. Esto es así, porque los ciudadanos y ciudadanas de Europa consideramos que una parte importante de nuestra sociedad, de nuestra forma de ser, de nuestra cultura está en el campo y consideramos un valor social el garantizar su supervivencia. El problema es que como tantas otras veces, lamentablemente, a pesar de sus múltiples reformas, este sistema de ayudas premia a un muy escaso porcentaje del campesinado, que coinciden en su mayor parte con grandes terratenientes o corporaciones, dejando desasistidos sectores rurales familiares, la agricultura ecológica o sectores productivos poco interesantes.
Un dato es suficientemente revelador: sólo siete perceptores de estas subvenciones reciben lo mismo que deben repartirse 12.700 pequeñas explotaciones españolas, y así se comprende que en cada uno de los últimos años hayan desaparecido una media de 37.000 explotaciones familiares. Otro elevado porcentaje de las subvenciones europeas se dedican a apoyar las exportaciones de los excedentes agrarios europeos. Quien realmente está arruinando a las familias campesinas del Sur no son nuestros agricultores familiares, que venden en proximidad, sino las transnacionales de sectores como la leche o el cárnico que -gracias a estos subsidios- colocan sus productos en las estanterías de todo el mundo a precios por debajo de los costes locales de producción. El llamado dumping.
Por ello, defendemos una PAC donde se eliminen las subvenciones a la exportación, y que se reorienten las ayudas (hoy por hoy necesarias) a los sectores de la agricultura familiar, de pequeña escala, que garantizan un medio rural vivo, con familias que puedan vivir dignamente de su trabajo en el campo, que produzcan alimentos sanos y que sigan, como ha sido siempre, custodiando en nombre de todos, la Tierra que nos da la vida. Queremos una PAC que establezca límites al productivismo, realizando una gestión de la oferta adecuada al mercado interno, controlando los excedentes que distorsionan los mercados y poniendo realmente el acento en la necesidad de precios que remuneren realmente el trabajo de los y las agricultoras.
Junto a la desaparición del dumping (no de las subvenciones en general), abogamos por otras medidas importantes refiriéndonos al comercio internacional de alimentos, como poner fin inmediato a la presión que se ejerce sobre los países empobrecidos para reducir sus aranceles de importación e incluso para que dejen de apoyar a sus agricultores en aras del "libre mercado". Por último, también en el capítulo agrario hay una cada vez mayor presencia de inversión extranjera en estos países que debe de regularse y los Estados responsables deben promover la vigilancia de la actividad de las empresas transnacionales, sus filiales y sus contratistas, de forma que su actividad no ponga en peligro los derechos laborales de las poblaciones en ningún país y se remunere de forma justa su trabajo.
Y todo esto difiere sustancialmente de la idea simplista de eliminar las subvenciones a los campesinos y campesinas europeos.
Gustavo Duch Guillot, director de Veterinarios sin Fronteras y Fernando Fernández Such (coordinador de la Plataforma Rural)
Fuente: Diario El País, España