Deforestación incontenible

En el 2012, Bolivia implementó el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de Bosques como alternativa a REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) que paga por mantener los bosques en pie.

REDD forma parte de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), cuyo objetivo es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Los MDL —incluidos en el Protocolo de Kioto sobre cambio climático, aprobado en 1997 y que entró en vigencia en el 2004 tras la ratificación de Rusia— permiten a los países desarrollados invertir en proyectos de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), como, por ejemplo, reducir emisiones en energía eléctrica, industrias contaminantes, transporte privado y público, y deforestación.

La variante REDD+ surgió cuando la comunidad internacional vio la necesidad de mejorar la condición de los bosques y su capacidad de almacenar carbono, alentando la restauración forestal, el manejo sostenible de los bosques y otras actividades que ayudan a mantener los bosques saludables. Posteriormente se incluyó impulsar mejores prácticas agrícolas para evitar la deforestación.

Cada país que ha ratificado el Protocolo de Kioto tiene asignadas cuotas de emisión de gases de efecto invernadero que no debe sobrepasar. Si un país o empresa ha sobrepasado esos límites y no cumple con sus cuotas de reducción de GEI, tiene la posibilidad de comprar créditos o bonos de carbono. Un bono de carbono es el derecho a enviar a la atmósfera una TM de CO2.

El gobierno boliviano se negó a implementar REDD porque promueve la mercantilización de la Madre Tierra, y por tanto no participa en el mercado de carbono que permite a quienes contaminan pagar a quienes no contaminan por mantener y proteger sus bosques.

Como parte del Acuerdo de Paris —aprobado en la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP21) llevada a cabo en diciembre del 2015— Bolivia se comprometió a asegurar 19 millones de hectáreas de bosques bajo manejo integral y sustentable, y 4.5 millones de hectáreas reforestadas para el 2030.

Para el 2020, Bolivia asumió el compromiso de lograr que la deforestación ilegal —que constituye alrededor de la mitad de la deforestación total en el país— se reduzca a cero. Las autoridades bolivianas califican de ilegal la tala para la comercialización ilícita de madera y la ampliación de la frontera agrícola, ganadera y urbana sin autorización.

Desaparición de bosques primarios

Bolivia es el quinto país con mayor deforestación en el mundo y el tercero de América Latina, detrás de Brasil y Colombia, según el World Resources Institute (WRI), organización internacional con sede en EEUU dedicada a promover el manejo sostenible de los recursos naturales. De acuerdo con cifras de la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, entre el 2012 y el 2017 Bolivia perdió un promedio de 214,000 Ha de bosques por año. El WRI indicó que en el 2018 desaparecieron 154,488 Ha de bosques primarios debido a la agricultura y ganadería a gran escala principalmente en la región de Chaco, fronteriza con Argentina y Paraguay.

La aprobación en agosto del 2017 de la ley que levantó la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), allanó el camino para la construcción de la carretera que unirá Villa Tunari, en Cochabamba, con San Ignacio de Moxos, en Beni, que acelerará la deforestación y permitirá la expansión de la industria petrolera. En enero de 2018, la revista científica Current Biology calificó de alarmantes los índices de deforestación de los bosques amazónicos bolivianos, a la vez que señaló que el TIPNIS ya perdió 46,000 Ha de bosque entre el 2000 y el 2014.

Iván Zambrana, director de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), entidad gubernamental boliviana responsable de las políticas sobre cambio climático, aseguró a fines del 2018 al portal informativo Mongabay que “se avanzó muchísimo” en reducir la deforestación ilegal.

“Hay que entender a la deforestación como un proceso inherente al desarrollo de un país. La deforestación ilegal bajó, la deforestación legal aumentó pero también los mecanismos de control que tiene el Estado. Ahora las instituciones que tienen que ver con los bosques trabajan juntas, aunque todavía tenemos grandes debates internos sobre qué visión de desarrollo le vamos a dar a las áreas de bosques de nuestro país”, manifestó.

La decisión del gobierno del presidente Evo Morales de priorizar las industrias extractivas también le está pasando la factura a la Amazonia boliviana.

Oscar Campanini, investigador y experto en recursos hídricos del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), declaró a Mongabay Latam que “hasta hace pocos años atrás, el Amazonas boliviano era una de las áreas menos intervenidas. Teníamos la fortuna de que no había una devastación como la del lado brasileño, peruano y colombiano. Pero desafortunadamente, desde hace unos cuatro años, eso ha cambiado radicalmente con políticas explícitas del gobierno para avanzar sobre la Amazonía con grandes proyectos de infraestructura para la minería, hidrocarburos, hidroeléctricas, etc.”.

Fuente:  Noticias Aliadas