Cumplir la ley, una demanda básica para la industria salmonera en Chile
Cuando se discute el futuro de la industria salmonera en Chile, desde Fundación Terram sostenemos que cualquier debate serio debe partir del reconocimiento de que esta actividad no puede sostenerse con ajustes marginales al modelo actual. El desafío radica en abordar un problema estructural: un modelo industrial que ha priorizado consistentemente el crecimiento económico por sobre el cumplimiento de la normativa ambiental y sectorial.
En este debate, el centro de incidencia Pivotes promueve el concepto de “crecimiento sostenible”, centrados en propuestas como la relocalización de concesiones y la adopción de estándares internacionales. No obstante, desde nuestra perspectiva, se está obviando una cuestión fundamental: el cumplimiento de la normativa vigente. Este debe ser el punto de partida mínimo para cualquier conversación sobre el desarrollo y futuro de la industria salmonera.
Nuestra experiencia y análisis revelan tres prácticas que demuestran cómo la industria salmonera ha operado al margen de la normativa ambiental y sectorial, las cuales deben ser corregidas de manera urgente:
1. Producción por sobre los límites autorizados
Una de las infracciones más graves detectadas en el sector salmonero es la producción que excede los límites autorizados en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Esta práctica no solo genera un impacto ambiental significativo, como el aumento de residuos orgánicos y nutrientes en los ecosistemas marinos, sino que también constituye una violación directa de los permisos otorgados.
A pesar de la gravedad de este incumplimiento, en reiteradas ocasiones no se han aplicado sanciones efectivas, tal como hemos evidenciado en diversas investigaciones, con decenas de casos de sobreproducción que quedaron impunes, evidenciando falencias graves en la fiscalización sectorial y ambiental por los organismos públicos competentes en la materia.
2. Elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
Otra práctica recurrente es un aumento significativo de la producción por sobre lo establecido en el Proyecto Técnico (PT), sin someter estos cambios a evaluación ambiental. Es importante señalar que existen un número importante de concesiones salmoneras que fueron otorgadas antes de la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para estos casos la producción se establece en el PT.
Si bien el SEIA es un procedimiento diseñado para identificar y mitigar los impactos adicionales, es eludido aduciendo criterios administrativos que no se condicen con la normativa de rango superior que regula el sector, permitiendo operar con mayores cosechas sin llevarse a cabo la evaluación correspondiente.
En los casos de aumento de biomasa sin sometimiento al SEIA, se argumenta que la cifra contenida en el PT no es el máximo a producir, esto de acuerdo a ordinarios y memos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca). Esta falta de regulación intensifica los efectos negativos sobre los ecosistemas marinos y perpetúa un modelo productivo que prioriza las ganancias económicas sobre la protección ambiental.
3. Concesiones en causal de caducidad
Según datos a los cuales hemos podido acceder a través de Ley de Transparencia, hasta el 2023, de las 1.379 concesiones otorgadas, solo en 1.013 se registró actividad. Es decir, hay un 27% de concesiones otorgadas para el cultivo de salmones en Chile que se encuentran inactivas. Esto constituye un incumplimiento que, según la ley sectorial, debiera derivar en la caducidad de estas concesiones.
La falta de acción en este ámbito por parte de las instituciones públicas como la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas (SSFFAA), tal como lo reafirmó recientemente una auditoría de la Contraloría General de la República, no solo bloquea la posibilidad de ordenar el sector, sino que también permite plantear dudas respecto del posible uso especulativo que se le pueden estar dando a estas concesiones, como ya establecimos anteriormente.
Cumplir la ley: un estándar mínimo para el futuro de la industria salmonera
Exigir que la industria salmonera cumpla con la legislación vigente es un estándar básico que el Estado a través de las instituciones públicas con competencia en el tema tiene el deber de garantizar, esto es prioritario antes de discutir sobre crecimiento o sobre la implementación de estándares internacionales.
Esto implica fortalecer la fiscalización, mejorar la coordinación entre las instituciones del Estado y aplicar sanciones más contundentes a quienes infringen la normativa. Además, es crucial que mecanismos como la caducidad sean aplicados de forma rigurosa y efectiva por parte de la autoridad competente, ya que se trata de un bien nacional de uso público que pertenece a todos los habitantes del país, como es el mar.
La salmonicultura en Chile no puede seguir promoviéndose como una actividad relevante, justificándose únicamente en su aporte al PIB o en los empleos que genera, mientras ignora sus obligaciones legales. Como sociedad, no podemos permitir que una actividad económica tan relevante opere al margen de la ley.
Fuente: Fundación Terram