Cuentas pendientes: más de 47 millones de dólares en multas continúan impagas por Repsol a dos años del derrame de petróleo en mar peruano

“Por qué el Estado es tan lento”, pregunta casi irritado Germán Melchor, el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Serpentín de Pasamayo, un lugar que, debido a la difícil geografía, no fue limpiado tras el derrame de más de 11 mil barriles de petróleo en el mar peruano en enero de 2022. “No se realizó la limpieza porque dijeron que la naturaleza se iba a encargar de limpiar el mar, pero ahí continúa el petróleo, está debajo de las piedras”, asegura el pescador. Tras el desastre, cinco organismos fiscalizadores iniciaron 15 procesos administrativos para sancionar a Repsol, la empresa responsable del mayor derrame de petróleo que haya conocido el mar peruano.

De todos ellos, diez han sido apelados por la empresa y solo cinco han concluido. Además, otros cinco procesos se abrieron posteriormente, pero aún están en trámite para determinar si existe responsabilidad administrativa.

Traducido a dinero, las multas con las que ha sido sancionada Repsol en esos 15 procesos sancionatorios suman 41 787 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 208 474 836 soles, un poco más de 56 millones de dólares, considerando el valor de una UIT en 2023. De ese total, hasta el momento la empresa ha pagado solo el 15.5 % por lo que adeuda 175 999 250 soles, unos 47 millones 494 mil dólares.

Voluntarios buscan especies afectadas por el derrame de petróleo. Foto: Sernanp.

Infracciones como contaminar la diversidad biológica en el mar peruano con sustancias tóxicas; causar la muerte de animales silvestre; no cumplir con acciones inmediatas para evitar y controlar una situación de alto riesgo; incumplir las medidas preventivas impuestas por las autoridades, entre otras, figuran en los expedientes que Mongabay Latam solicitó a las instituciones públicas mediante la Ley de transparencia.

“Han pasado dos años y los procedimientos administrativos aún no terminan. Esto evidencia el retraso en la determinación de la responsabilidad y la carencia que puede tener el Estado en la forma de efectivizar la justicia”, dice Wendy Ancieta, asesora legal en el Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

El problema, además, es que el retraso no solo se ha dado en la administración de justicia sino también en la remediación que aún no se pone en marcha.

“El caso de Repsol —cuya razón social es Refinería La Pampilla S.A.A. (Relapasaa)—ha evidenciado, aún más, muchas carencias que tiene el sistema de justicia en general en nuestro país”, sostiene Ancieta. “Desde un aspecto ambiental, es evidente que el Estado necesita una reforma o una mejora, y eso significa revisar la normativa para ver si realmente funciona, pero también evaluar las políticas públicas y cuánto se invierte en los temas ambientales en el país”.

Las manchas de petróleo del derrame de Repsol se observan desde el aire. Foto: Minam.

Miles de pescadores se quedaron sin trabajo como consecuencia de la contaminación del mar por el petróleo, pero Repsol solo pagó compensaciones hasta el mes de junio de 2023. Muchos tuvieron que cambiar de oficio para lograr obtener ingresos. Los que se quedaron, continúan exigiendo una reparación. Los retrasos y falta de claridad del estado de los procesos sancionadores y demandas judiciales desalientan aún más a los pescadores que ven su futuro incierto.

Para esclarecer el panorama, Mongabay Latam solicitó por transparencia los expedientes abiertos por las cinco entidades fiscalizadoras: el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi). Esta última, sin embargo, indicó que no era “posible remitir las copias de la documentación solicitada hasta que culmine el proceso sancionador”.

Tras analizar la información recopilada, los datos fueron sistematizados en un buscador para seguirle la pista a los procesos sancionatorios abiertos, así como a las demandas civiles y a la denuncia penal, y saber cuál es el estado en el que se encuentra cada caso.

Fuente: Mongabay