Criminalización de los campesinos mexicanos

Ello no obstante, el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del grupo parlamentario de Morena, presentó el pasado 19 de febrero una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) de 1996, que no sólo contradice lo establecido en el PND, sino que pone en riesgo a nuestros alimentos básicos y a millones de pequeños y medianos productores, pues criminaliza el libre intercambio de semillas nativas entre campesinos.

Entre sus motivos iniciales, la propuesta expresa que se requiere imperativamente una política de Estado que incremente en el mayor grado posible el desarrollo y acceso a las innovaciones de última generación en materia de variedades vegetales y semillas que contribuya a la producción de alimentos en México (autosuficiencia alimentaria) bajo un modelo de sustentabilidad, además de asegurar la conservación y aprovechamiento de nuestra biodiversidad, así como la generación de empleos bien remunerados que propicien el arraigo al medio rural.

Menciona que, en caso de no atenderla, se pone en riesgo la productividad del campo e incluso se favorece el aumento en la importación de alimentos y, en consecuencia, la dependencia alimentaria. Por ello, la reforma concluye que para revertir la situación es necesario reconocer la propiedad intelectual sobre las innovaciones en materia de variedades vegetales, y que, con ello, se ampliaría el abanico de opciones disponibles de semillas de nuevas y mejores variedades en los diversos cultivos estratégicos y de alto valor para México.

El proponente de esta LFVV ignora el sistema milenario de agricultura mexicana, la domesticación de una gran variedad de especies vegetales nativas de nuestro país, como maíz, chile, frijol, calabaza, aguacate y amaranto, entre muchas otras, y que este libre intercambio da lugar a nuevas variedades de plantas en cada ciclo agrícola.

De aprobarse su contradictoria e incoherente propuesta se afectaría directamente a cerca de 3 millones de pequeños y medianos productores, que representan 85 por ciento de la producción nacional, al criminalizar el libre intercambio de semillas nativas. Además, se privatizarían las semillas; se fomentaría la agroindustria; se protegerían los intereses de grandes trasnacionales, a costa de los campesinos y de los sectores económicamente más vulnerables; se promovería la propagación de semillas transgénicas y, junto con ellas, la contaminación de semillas nativas. Lo que pondría en riesgo nuestra biodiversidad y permitiría el monopolio de la agricultura por trasnacionales, violentaría nuestros derechos humanos fundamentales y pondría en riesgo la existencia misma de comunidades enteras.

La propuesta de reforma a la LFVV plantea, además, en el artículo 54 criminalizar con penas de entre dos a seis años de cárcel y multas de entre 10 mil a 40 mil unidades de medida y actualización (UMA) a quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas.

A pesar de la magnitud del castigo propuesto, los mecanismos y las atribuciones para vigilar, analizar y juzgar dichos delitos carecen de claridad y transparencia, pues se dota al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (Snics) de atribuciones autoritarias, siendo necesaria sólo una petición del acusador para tomar medidas preventivas contra el acusado, sin necesidad de pruebas o evidencia. Textualmente, sólo basta con la declaración de una posibilidad de sufrir un daño irreparable o el temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren. Una receta, pues, para la impunidad, el abuso de autoridad, la extorsión y las prácticas empresariales desleales.

La reforma tampoco toma en cuenta la alta probabilidad de contaminación de cultivos de manera involuntaria, ya que según los mecanismos descritos, al aprovecharse de una variedad vegetal protegida, la víctima se convertiría en un criminal y, así, su cosecha sería requisada o destruida, y él sería sujeto a un juicio penal. Pero eso no es todo. Las atribuciones totales del Snics no sólo lo facultan para vigilar, analizar y castigar este nuevo tipo de delitos. Le permiten también para fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con la violación a los derechos del obtentor. Es decir, tiene la posibilidad de ser al mismo tiempo juez y parte. Lo cual es aberrante.

Fuente: La Jornada