Costa Rica: decreto permite a petrolera firmar contrato sin estudio ambiental

El decreto fue emitido en una época en que se promocionaba la exploración petrolera y de gas en distintas áreas del país.

La decisión derogó 17 artículos del reglamento a la Ley de Hidrocarburos que exigían como requisito obligatorio contar con estudio de impacto ambiental antes de que una empresa pudiera obtener una adjudicación para exploración petrolera.

Se trata del decreto 26.750, el cual lleva la firma de René Castro Salazar, entonces ministro de Ambiente, y del presidente José María Figueres Olsen (1994-1998).

Allí se establece, como requisito “suficiente” para que una compañía obtenga una adjudicación en firme, que la petrolera apruebe la fase de prospección.

Dicha fase consiste en recoger la información ya existente sobre el potencial petrolero del territorio dado en concesión, pero no evalúa el impacto que la exploración o explotación podría causar sobre la flora, fauna, recursos hídricos o ambiente humano.

Así lo confirmó el secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), Uriel Juárez Baltodano.

En la etapa de prospección solo se exige un “estudio de gabinete” y no un estudio de impacto ambiental completo, el cual sí es requisito para las etapas de exploración y explotación petrolera.

Mallon obtuvo en el 2000, hace 11 años, una licitación para explorar petróleo y la Setena le otorgó la “viabilidad” ambiental siguiendo los nuevos lineamientos del decreto emitido en 1998.

El exministro de Ambiente y actual canciller, René Castro, justificó el decreto en la necesidad de diferenciar la etapa de prospección, que tiene bajo impacto ambiental, de las etapas de exploración y explotación, que conllevan mayores riesgos para el ambiente.

“El problema de la ley anterior es que solicitaba un solo estudio de impacto ambiental, sin que se hubiere hecho la prospección y sin que fuera posible detallar en qué sitios se realizaría la exploración intensiva. Así, el estudio en cuestión sería hipotético, especulativo y poco detallado”, indicó Castro.

La derogación de los artículos que reglamentaban la Ley de Hidrocarburos recibió críticas de ambientalistas y el pasado 6 de julio el biólogo Freddy Pacheco interpuso un recurso de amparo solicitando declarar la ilegalidad e inconstitucionalidad del decreto 26.750.

Si luego de firmado el contrato con el Gobierno –lo cual ocurriría este año– alguna entidad estatal denegara el avance de las obras por razones ambientales, el país se vería en aprietos legales, como sucedió años atrás con el contrato con la petrolera MKJ Xploration Inc.

Teófilo de la Torre, ministro de Ambiente, anunció ayer que pedirán a la estadounidense Mallon Oil ampliar el estudio preliminar de impacto ambiental, de manera que se incluyan los efectos del trabajo de campo.

Alcance

El decreto Figueres-Castro no se imprimió en el tiraje usual del diario oficial. Se publicó como un “alcance” a La Gaceta del 17 de marzo de 1998.

El supervisor del litografía de la Imprenta Nacional, Orlando Brenes, explicó que los “alcances” son informaciones que se publican fuera de La Gaceta ordinaria y que, dependiendo del formato que tengan, se imprime una cantidad de ejemplares mucho menor que el tiraje usual del diario oficial.

“No se puede saber ahora cuántos ejemplares se imprimieron de ese ‘alcance’, pero en esa época (marzo de 1998) teníamos unos 3.500 suscriptores y dependiendo del ‘alcance’ se imprimían unos 150 ejemplares” explicó Brenes.

René Castro alegó que la publicación de los decretos era una responsabilidad ajena al despacho del ministro. “En aquella época, el Ministerio de Ambiente procedía a pagar una publicación cuando se requería, pero su ubicación la decidía la Imprenta Nacional puesto que tiene el mismo efecto jurídico la publicación en cualquier sección del diario oficial”, puntualizó.

AMBIENTALISTA PRESENTÓ AMPARO CONTRA DECRETO

El pasado 6 de julio, el biólogo Freddy Pacheco León presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en el que solicita se declare ilegal e inconstitucional al decreto ejecutivo 26.750.

Este decreto, publicado en marzo de 1998, derogó 17 artículos del reglamento a la Ley de Hidrocarburos que exigían a las compañías la elaboración de un estudio integral de impacto ambiental antes de poder ser adjudicadas para un proyecto de exploración y explotación petrolera.

El amparo argumenta que ese decreto “flexibiliza los controles ambientales de la Ley de Hidrocarburos y que contraviene principios ambientales contemplados en la Convención sobre Diversidad Biológica, así como la Ley Orgánica del Ambiente.

“Todas estas normas de rango y resistencia legal y supralegal exigen la presentación y aprobación de estudios de impacto ambiental previo a la suscripción de contrato administrativo o concesión de sustancias hidrocarburadas”, dice el recurso de amparo.

Además, se alega que la evaluación del impacto ambiental en materia de biodiversidad debe efectuarse en su totalidad, aún cuando el proyecto (de exploración o explotación petrolera) esté programado para realizarse en etapas.

“Es imposible justificar la publicación de un decreto ejecutivo como ese, y mucho menos en momentos en que se conocían las empresas interesadas en explotar petróleo costarricense. Al derogarse la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental de previo a la firma con el Estado, se pone a este frente al peligro real de tener que atender demandas por miles de millones de dólares”, indicó ayer a este diario el biólogo Freddy Pacheco León.

Fuente: La Nación Costa Rica