Controversias por la ley de semillas en Argentina

Por Celeste Caminos - La Gran Época

La controversia entre los distintos sectores es muy grande, por un lado están las organizaciones sociales y ambientalistas que hacen campaña para que la Ley 20.247, que data de 1973, no se modifique, y por el otro están las organizaciones dependientes del Ministerio de Agricultura, más otras privadas que tienen interés en la reforma de la ley.

El anteproyecto logró filtrarse a los opuestos al cambio, quienes formaron una resistencia y trabajan para que el mismo no llegue a tratarse en el Congreso de la Nación, a través de recolección de firmas y otras campañas asociadas.

“El proyecto es el mismo que se había formulado en el 2012, con las mismas limitaciones, y los mismos problemas de ampliar la privatización de las semillas, con el agregado de algunos capítulos que intentan atenuar el efecto sobre la agricultura familiar”, dijo Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, en una entrevista con La Gran Época.

Propiedad intelectual

Uno de los puntos más cuestionados en el anteproyecto del año pasado es el de propiedad intelectual, por lo que las organizaciones ambientalistas consideran que intenta “privatizar las semillas”, e implica el “pago de regalías por parte de los productores a las empresas biotecnológicas por la utilización de las semillas mejoradas y patentadas”.

Este año, según Carlos Vicente, se modificó esa cláusula pero con una salvedad: para eximirse del pago de regalías y seguir teniendo uso propio de las semillas, los agricultores deben cumplir con la condición de estar inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, lo cual consideró absurdo.

“Si hay algo que no pueden las semillas es regularse en términos de los instrumentos, cualquiera que pueda sembrar tiene que poder sembrar y guardar semillas”, apuntó.

Vinculación con Monsanto

Otro punto sensible que denuncian las organizaciones sociales es que las grandes corporaciones biotecnológicas, como Monsanto, ejercen presión política sobre los gobiernos locales.

“Esta es una ley hecha para Monsanto, el Ministro de Agricultura en el año 2012 la lanzó al lado de Pablo Vaquero, el representante de Monsanto en Argentina, entonces es muy explícito que es una ley para Monsanto”, señaló Vicente.

Asimismo denuncian que hay una alianza muy clara entre la transnacional Monsanto, los grandes productores de soja y los comercializadores de semillas.

Vicente afirmó que en los últimos 20 años surgió una intensa amenaza a la semilla ya que, en el siglo 20, se perdió las 3/4 partes de la biodiversidad agrícola que el hombre generó durante 10.000 años.

“En ese camino vimos que los derechos de propiedad intelectual es una de las maneras que utilizan las corporaciones para apropiarse de las semillas y por eso esta resistencia”, agregó.

Contraparte

Una de las organizaciones que apoya el proyecto es la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), quien se conforma por 84 socios que estimulan “el uso de tecnología para mejorar la calidad de las semillas y la competitividad de la producción agropecuaria”, según su portal.

“El gran tema que divide las aguas es el uso propio. Hoy tenemos la necesidad de que se equilibren los derechos. El uso propio debe tener una regulación, y se deberían poder exigir regalías extendidas por diferenciación de productores” dijo el Director Ejecutivo de la ASA, el Ing. Miguel Rapela en un debate llevado a cabo el 17 de junio, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones.

Según Carlos Vicente, el proyecto de ley está dilatándose por los mismos intereses contrapuestos dentro del Ministerio de Agricultura y comentó que, dentro de las organizaciones del campo que estaban agrupadas en la mesa de enlace hubo diferencias entre ellos, como el caso de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien se retiró de la discusión del proyecto de ley.

Fuente: La Gran Época