Consulta indígena en la Sierra de Juárez de Oaxaca

Desde temprano se concentraron allí autoridades municipales, comunitarias y agrarias y público en general de comunidades zapotecas, chinantecas y mixes de la Sierra Juárez, quienes entraron en desesperación luego de que por algunas horas sólo se escuchara la música de una banda filarmónica local.

Casi al mediodía, después de la bienvenida se realizó un improvisado ritual, para luego dar paso a la fase de información previa en la que un funcionario del INPI (para cumplir de manera formal con el protocolo elaborado previamente por el instituto), fue interrumpido en su discurso y el público exigió iniciar la discusión de fondo que, según el protocolo mencionado, era la fase deliberativa.

La mesa más concurrida fue en la que se discutieron los temas de tierra, territorio y consulta indígena, entre otros, de entrada se criticó el protocolo establecido, por impuesto, se dijo, ya que no hubo participación de los actores consultados en su elaboración, también se señaló que la fase de información previa, no cumplía con ese propósito, ya que los funcionarios del INPI se dedicaron a garantizar que la gente asistiera a la consulta, pero no explicaron a fondo y con pertinencia cultural lo que se iba a tratar en ella. Todos traían en la mano el documento de principios y criterios para la consulta repartido al inicio del acto, pero muy pocos lo habían leído.

Se criticó también la prisa con la que se hacía la consulta, el que no se hubiera tomado en cuenta a sus asambleas, las cuales en Oaxaca son las principales instituciones representativas de las comunidades, así como los rebajes de derechos en el documento de principios y criterios, causando molestia entre los participantes la ausencia del derecho a negar u otorgar el consentimiento a medidas administrativas o legislativas y la falta de protección jurídica a las tierras y territorios de comunidades y pueblos indígenas; por lo que, en consecuencia, anunciaron sería inaceptable una reforma constitucional que esté por debajo de lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Se recordó la consulta suspendida en 1994 en Totontepec mixe, que pretendió realizar el gobierno salinista con el apoyo de Beatriz Paredes, luego de los diálogos de catedral entre el ejército zapatista de liberación nacional y el comisionado del gobierno federal, misma que pretendía reglamentar la reforma constitucional de 1992 en materia indígena y que se rechazó porque se dijo entonces el Estado no nos consulta, nos insulta, ya que habían sido citados con un día de anticipación y sin que se les proporcionara información alguna.

Después de la suspensión de aquel foro se congeló esa iniciativa de ley, pero las comunidades serranas se autoconvocaron para realizar cuatro foros de consulta sobre sus derechos, que al final les sirvieron para nutrir las discusiones que cristalizaron en los Acuerdos de San Andrés, a las que fueron convocadas ocho personas de esta región como asesores e invitados del EZLN.

Se afirmó el domingo que en esta ocasión no se pretendía suspender la consulta, pero por no estar de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos, acordaron suspender la mesa y continuar con los trabajos el próximo 2 de agosto, con el objeto de que en el inter se genere un proceso de información previa, auspiciado por las organizaciones y comunidades, razón por la que se pidió al INPI abra las puertas de su radio regional para proporcionar información a la población, al menos sobre los temas suspendidos.

Sobre los temas de territorio y desarrollo existe mucha preocupación en la región, ya que en esta zona la Sener otorgó concesiones mineras por cerca de veinte mil hectáreas a una compañía minera canadiense y sus prestanombres; también se anunció en el sexenio anterior el establecimiento de al menos ocho minipresas hidroeléctricas en tres afluentes del Papaloapan que cruzan la región. Asimismo, el gobernador Alejandro Murat anunció el año pasado que solicitaría al presidente Andrés Manuel recursos para la construcción de una supercarretera para unir las regiones Cuenca y Valles Centrales de Oaxaca que se pretende realizar a orillas del río Cajonos.

Los participantes también rechazaron la presencia de la Guardia Nacional que circuló por las carreteras ese día. Afirmaron que la región de la Sierra Juárez ha sido una de las regiones más seguras de la nación, gracias a la existencia de los cargos comunitarios de topil y mayor que son la base de sus sistemas de seguridad comunitarios, por lo que pidieron a quien los hubiera requerido que les comunicara que se fueran, ya que más que seguridad causan rechazo, pues en el pasado el Ejército ha sido responsable de graves violaciones a derechos humanos, y en todo caso deberían trasladarlos a las regiones más inseguras del país.

Fuente:  La Jornada