Construyendo movimiento por la soberanía alimentaria

Vitoria-Gasteiz acogió a finales del mes de abril el “Coloquio Internacional Elikadura 21”, una cita sobre el futuro de la alimentación y los retos de la agricultura para el siglo XXI. Durante tres intensos días, más de 450 personas provenientes de universidades y organizaciones sociales de 52 países, debatimos sobre los problemas globales más acuciantes que enfrentamos en este ámbito, tomando como referencia análisis académicos rigurosos que no siempre cuentan con la difusión necesaria.

Sabemos que la invisibilización y deslegitimación de discursos críticos al modelo dominante, tanto en la academia como fuera de ella, son estrategias utilizadas por el poder económico para silenciar cualquier proceso de transformación y de alternativa al mismo. Es así como en las facultades de economía la teocracia mercantil es la única de las opciones y en las escuelas de agronomía la producción de alimentos se orienta exclusivamente a la maximización del beneficio económico. Sin embargo, encuentros como éste demuestran que acallar ciertas voces que cuentan con un respaldo social cada vez mayor no va a ser una tarea tan sencilla para esas élites económicas.

La alimentación nos preocupa -y mucho-. Resulta difícil que sintamos ajeno algo tan relacionado con nuestra vida cotidiana. Afecta muy directamente a aquellas personas que no tienen garantizado su acceso, aquellas que aún contando con un empleo deben ajustar bien el gasto de la cesta de la compra para no sacrificar otras necesidades básicas. Y, por supuesto, a aquellas que se encuentran en situación de pobreza o riesgo de exclusión y tienen que recurrir a los bancos de alimentos -iniciativas que, sin duda, cumplen una labor esencial no asumida por las instituciones públicas pero se nutren en gran medida de acuerdos con grandes empresas que por otra parte especulan con la alimentación-.

Inquieta también a quienes buscan una dieta saludable, teniendo en cuenta la cantidad de aditivos alimentarios que ingerimos sin saberlo y que son nocivos para nuestra salud. Por ejemplo, el uso de aceite de palma o azúcares añadidos en numerosos productos procesados han sido temas que han generado alarma social en los últimos meses, como lo hicieron en su momento el panga o la gripe aviar.

Las asociaciones de padres y madres denuncian el actual modelo de gestión de comedores escolares que cierra las puertas a la autonomía de las escuelas y concentra el servicio en unas pocas empresas de catering que ofrecen menús de una calidad cuestionable. Las asociaciones de comerciantes observan como las tiendas de toda la vida se ven obligadas a bajar la persiana mientras las grandes cadenas abren nuevos supermercados y utilizan la venta de productos locales como gancho. El movimiento ecologista pone de manifiesto que el sistema de producción industrial de alimentos es incompatible con los sistemas naturales. Alertan que en un planeta donde ya hemos superado los límites biofísicos, los sistemas alimentarios que desarrollemos en las próximas décadas tendrán implicaciones decisivas en nuestra capacidad de pervivencia como especie.

Los sindicatos agrarios se movilizan contra la desaparición de las pequeñas explotaciones, derivada de una política agraria basada en subsidios que precisamente prometía todo lo contrario. Mientras las instituciones públicas dicen apoyar la agricultura familiar, se impulsan megaproyectos como el de Noviercas, promovido por la cooperativa navarra Valle de Odieta, una explotación ganadero- industrial de 20.000 vacas de ordeño que se convertirá en la más grande de Europa y que pone en peligro a 168 explotaciones familiares en Navarra, 360 de la CAPV y a otras muchas que operan en la cornisa cantábrica.

Las organizaciones de solidaridad internacional denuncian la vulneración de derechos humanos y la persecución a personas defensoras por parte de empresas transnacionales que privatizan la tierra, el agua y las semillas. De igual forma, se manifiestan en contra de tratados de libre comercio como el CETA -al que el Congreso dio luz verde la semana pasada-, el TTIP y el TISA.

Como decíamos, es difícil que cualquier persona de a pie, tanto si forma parte o no de alguna organización social, no se sienta identificada con una o varias de las situaciones anteriores. Sea cual sea el motivo que nos mueve, se generaliza la idea de que no es posible pensar en la alimentación como derecho si quien la controla solo busca aumentar sus márgenes de beneficio.

Es por ello que además de existir una mayor preocupación social, en los últimos años se han multiplicado en nuestro entorno diferentes propuestas que buscan transitar hacia otro sistema. Cada vez son más las personas que optan por consumir productos ecológicos que respetan la tierra y sus ritmos, que deciden comprar en comercios de barrio en lugar de grandes superficies manteniendo vivos los barrios que habitan, que impulsan proyectos cooperativos donde las personas que producen alimentos y quienes las consumen establecen relaciones directas que responden a las necesidades de ambas. Ganan terreno las opciones de agricultoras y agricultores que encuentran una posibilidad de seguir trabajando en el campo en condiciones dignas apostando por un modelo campesino. Existen también apuestas de gobiernos locales que desarrollan políticas públicas que buscan reactivar la economía local a través de proyectos agroecológicos.

Es evidente que cada vez somos más personas las que decimos que lo que ocurre en el campo nos importa aunque no trabajemos la tierra, las que reconocemos el papel social del campesinado y consideramos que sus problemas son nuestros problemas. De la misma forma que ocurrió en 1996 en Roma donde por primera vez el campesinado del sur y del norte coincidieron en que, en lugar de competir, debían concentrar sus esfuerzos en aliarse y construir movimiento contra un sistema que quería hacerles desaparecer, se reconoce la necesidad de entrecruzar luchas ante un modelo fallido basado en la explotación de las personas –de las mujeres muy especialmente– y de la naturaleza. Avanzar en el camino de la soberanía alimentaria, nos exige seguir construyendo movimiento, estableciendo alianzas con otros sectores que también sufren las consecuencias del sistema dominante neoliberal.

Tendremos la oportunidad de seguir tejiendo este camino el próximo mes de julio, en Derio (Bizkaia), donde tendrá lugar la VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina. Reclamaremos algo tan elemental como que la alimentación es un derecho y no una mercancía, que el modelo socio-económico debe estar al servicio de las personas y no al revés.

Diremos que la relocalización de los sistemas alimentarios y de la economía en su conjunto, es una de las claves para garantizar el derecho a la alimentación y el resto de derechos fundamentales. Organizaciones de todo el planeta, preocupadas por el presente y el futuro, seguiremos construyendo pensamiento y acción en aras de la soberanía alimentaria para todas las personas.

Fuente: Rebelión