Condenan represión a protesta por hidroeléctrica Pojom en Guatemala

Idioma Español
País Guatemala

La Asamblea Social y Popular (ASP) de Guatemala condenó hoy la represión contra los pueblos indígenas mayas Chuj y Q'anjob'al de Yiskisis, que rechazan la construcción de una hidroeléctrica en el departamento occidental de Huehuetenango.

El bloque civil exigió a las autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Defensa Nacional evitar los actos violentos contra esas personas, que expresaron su negativa al proyecto de la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos SA en una consulta previa realizada en la comunidad del municipio de San Mateo Ixtatán.

Denunció que durante la manifestación pacífica realizada este martes contra la construcción de la hidroeléctrica Pojom resultó herido gravemente, por disparos de arma de fuego, el señor Sebastián Alonso Juan, de 72 años de edad y originario de Yulchen.

Periodistas que cubrían ese acto de protesta confirmaron que grupos armados paramilitares al servicio de la empresa, o tal vez efectivos del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, abrieron fuego contra los manifestantes desde matorrales próximos e hirieron al anciano.

'La población de San Mateo Ixtatán ha manifestado repetidamente su preocupación e inconformidad por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico a diferentes autoridades municipales y estatales. Sin embargo, nunca tuvo respuesta', señala la ASP.

Precisa, además, que en el norte de Huehuetenango son ejecutados numerosos proyectos extractivos y de infraestructura contra la voluntad de las comunidades, que son criminalizadas y reprimidas.

'Pobladores alertan que la tensión continúa en la zona, porque la empresa busca provocar una nueva confrontación entre pobladores o con fuerzas de seguridad, por lo que temen otros hechos luctuosos', agrega el comunicado.

Frente a este panorama la ASP pidió a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala interceder por el fin de la violencia y para garantizar la vida del anciano herido, facilitando su atención médica.

'Responsabilizamos al Ministerio de Energía y Minas por autorizar licencias de proyectos hidroeléctricos y minería sin consulta ni participación de los pueblos', declaró la organización e instó a la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos SA a respetar la voluntad de la población que solicita su retirada del lugar.

Asimismo pidió a todos las organizaciones pronunciarse por el fin de la represión y en solidaridad con las comunidades agredidas.

Fuente: Prensa Latina

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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