Comunidades ecuatorianas luchan contra transnacionales mineras

Tienen razones de sobra para oponerse a la minería. Sea que las empresas estén en fases de exploración o explotación han provocado en las comunidades una serie de efectos negativos: la contaminación o desvío de fuentes de agua, cambios en la geografía de las comunidades, alteración de los ecosistemas, lo que ha redundado en que la población no tenga posibilidades de desarrollar sus actividades productivas, que en su mayoría son agrícolas. Este panorama es grave pero más aún los mecanismos que usan repetidamente las empresas para asegurar su trabajo: división de las comunidades, compra de voluntades, amedrentamiento a líderes, persecución a través de mecanismos judiciales a la población y el extremo del uso de grupos armados para someter a la gente. Cosas similares han sucedido con las empresas en el tema hidroeléctrico.

En Carchi, Imbabura, Azuay, Bolívar, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Cotopaxi, desde las primeras horas se movilizaron hacia las carreteras la población de las comunidades afectadas, líderes de varios municipios y juntas parroquiales y los integrantes de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía para enviar un mensaje al Gobierno Nacional sobre la urgencia de parar la explotación minera tomando en cuenta la voz de la gente.

Los principales pedidos son:

-Que mediante decreto ejecutivo, se deje sin valor las concesiones mineras, hídricas, hidroeléctricas privadas en aplicación del art. 272 de la Constitución Política, por haber violado los Art. 86 y 88.

-Se investigue la responsabilidad de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas respecto al quebrantamiento de la Constitución y a las violaciones de los derechos humanos de líderes, autoridades y pobladores de las zonas en conflicto. Pues al haber otorgado concesiones violando los arts. 23 numeral 6, y 86, 88 de la Constitución Política del Ecuador los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas no sólo tienen responsabilidad administrativa, sino también responsabilidad civil, penal y constitucional.

-Investigar y sancionar a las personas naturales y jurídicas, nacionales o extrajeras por las acciones en contra de las normas ambientales y de derechos humanos, consagrados en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales. Para el cumplimiento de lo solicitado, invocamos los arts. 20, 87, y 91 de la Constitución Política del Ecuador y los arts. 41 y 46 de la Ley de Gestión Ambiental.

-La suspensión y salida inmediata de las mineras e hidroeléctricas de las zonas de conflicto.

-Desmilitarización y retiro de grupos armados de las zonas en conflicto.

-Poner fin a la criminalización de las luchas sociales y ambientales que se expresa en los juicios y procesos "legales" en contra de los dirigentes y las organizaciones que resisten a las empresas extractivas.

-Que se sancione mediante la Ley de Defensa del Consumidor por la propaganda engañosa y mal intencionada de la Cámara de Minería del Ecuador.

-Moratoria a nuevas concesiones mineras, especialmente para no metálicos.

-Que se garantice la integridad física y no se tome represalias de ningún tipo contra los participantes en el levantamiento nacional.

-Finalmente, declarar a Ecuador libre de minería a gran escala.

EL DESARROLLO DEL LEVANTAMIENTO

El levantamiento tuvo mucha fuerza en el centro-sur del país donde cientos de campesinos e indígenas salieron a las carreteras.

En las parroquias Victoria del Portete y Tarqui en la vía Cuenca-Loja, provincia del Azuay, la policía reprimió de forma violenta a la población apostada en la carretera desde la madrugada. Llegaron al lugar aproximadamente 500 policías y varios carros antimotines. Según testimonios resultaron heridas algunas personas por impacto de bomba lacrimógena y otras fueron detenidas por los uniformados, esto pese a que el carácter de la movilización es pacífico. No se precisa el número porque cada versión dio un número distinto. Durante el presente gobierno prácticamente no se han producido eventos de represión y preocupa su reaparición tomando en cuenta que en estas movilizaciones hay la presencia de niños y ancianos.

En Imbabura, la Panamericana Norte fue tomada por campesinos de la zona de Intag quienes sensibilizaron a los transeúntes con muestras elaboradas en la zona: café y otros alimentos orgánicos, artesanías en cabuya y otros productos resultado del trabajo comunitario.

LA COMISIÓN ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS:

Se solidariza con los campesinos para quienes la tierra y el agua son fundamentales para su subsistencia.

Rechaza los abusos que han cometido las empresas transnacionales mineras e hidroeléctricas contra la población, llegando a extremos como el uso de la fuerza.

Pide al Gobierno recopilar toda la información sobre atropellos de las empresas a las comunidades para que actúe lo antes posible garantizando los derechos de los ecuatorianos de estas zonas.

Recuerda al Gobierno que si bien el Ecuador necesita recursos económicos, ha sido evidente que en actividades extractivas el país en lugar de beneficiarse se ha perjudicado en zonas tan vitales como la Amazonía.

Pide al Gobierno que propicie modos pacíficos de convivencia en nuestra sociedad evitando excesos por parte de la fuerza pública contra la población.

CEDHU-Comisión Ecuménica de Derechos Humanos / gro.uhdec@uhdec / telf: 2570619 ext. 107 - Quito

Fuente: ALTERCOM