Comunidades campesinas enfrentan crisis humanitaria por desalojos

En la audiencia sobre desalojos y desplazamiento interno realizada durante el 190 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunciaron las condiciones en las que se encuentran las comunidades indígenas y campesinas afectadas por los desalojos. Durante la reunión se refirieron a la incompatibilidad de la legislación nacional con los estándares internacionales.

También se señaló la cooptación de las instituciones responsables de atender la situación agraria por grupos que bajo actos de corrupción obtienen títulos falsos para apropiarse de tierras ocupadas por las familias campesinas.

Hay un uso abusivo del derecho punitivo para criminalizar a las comunidades y desalojarlas con órdenes judiciales, además de la falta de políticas de atención a las familias afectadas por los desalojos, explicaron los participantes.

“En los primeros seis meses del gobierno de Bernardo Arévalo se han realizado 15 desalojos, de ellos, cuatro de manera extrajudicial y 11 con órdenes judiciales en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Escuintla y Jalapa”, dijo Daniel Pascual dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC).

El dirigente señaló que parece que la pretensión de los operadores de justicia al ordenar los desalojos, sin seguir los estándares internacionales, es que exista una confrontación con el gobierno ya que hay instalada una mesa de conflictividad agraria desde febrero.

Sandra Calel, de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), señaló que en los desalojos, tanto legales e ilegales, asisten agentes de seguridad privada que queman viviendas y cultivos.  Indicó también que las comunidades no son notificadas previamente para ejercer su derecho de defensa lo que viola derechos de educación, alimentación, salud, vivienda y vivienda.

“Más de 2,000 personas con órdenes de captura se concentran en Alta Verapaz, por los delitos de usurpación, usurpación agravada, perturbación de la posesión, atentado contra el patrimonio cultural de la nación, invasión de áreas protegidas, en casos de desalojo extrajudicial, lideres y lideresas comunitarias está acusados de delitos más graves”, dijo a la Corte.

Señaló que las y los lideres comunitarios están expuestos a agresiones, atentado contra sus vidas y desapariciones. Como ejemplo citó el caso de Carlos Pop, líder y pastor de la comunidad Nueva Gloria en el municipio de Purulhá, quien desapareció hace tres años.

Los desalojos provocan desplazamientos internos

El dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Leocadio Juracán, señaló que hay desplazamientos internos por dos razones: la ejecución de los desalojos de manera arbitraria, porque no se notifican a las familias; y la segunda, porque el Ministerio Público (MP) solicita las órdenes de desalojo sin mayor investigación sobre la certeza de que la propiedad sea de la persona que hace la denuncia.

“Los desalojos forzados se llevan a cabo con prácticas que imposibilitan el retorno y que tiene como consecuencia el desplazamiento de comunidades enteras. Estos desalojos producen afectación en los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad. Afectan de forma desproporcionada a comunidades indígenas”, dijo el dirigente campesino.

Juracán dijo que el Estado no les da garantías mínimas a las familias desplazadas. Señaló que su organización tuvo que habilitar dos albergues colectivos, desde mayo del año 2022, para las familias de las comunidades Las Pilas Tzayan Juvente’, San Juan Los Tres Ríos, en Alta Verapaz, desplazadas forzosamente.

En la misma situación está la comunidad Nueva Jerusalén, quienes se encuentran en un albergue del CCDA desde el 8 de agosto de 2023. Hasta la fecha la organización ha acompañado a 10 comunidades en condiciones de crisis humanitaria.

Uno de los casos presentado en la audiencia temática fue el de la comunidad Laguna Larga, Petén. Los pobladores fueron desalojados el 2 de junio de 2017, a pesar de que ese mismo año la CIDH les otorgó medidas cautelares, el Estado sigue sin dar respuesta a las 111 familias desplazadas a la línea adyacencia de la frontera entre México y Guatemala.

“El sufrimiento de las comunidades sigue y empeora por las enfermedades, por el agua, porque no es digna para nosotros los humanos, lo tomamos porque no tenemos otra forma de hacerlo. En la comunidad ha habido 10 abortos por falta de salud y seis personas que murieron, desde mayo y junio de 2017, debido a las condiciones y hostigamiento al que son sometidos por el ejército, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y la Policía Nacional Civil (PNC)”, dijo Constantino Vásquez.

Señaló que en la audiencia pública realizada en febrero en Washington, Estados Unidos, se pidió que la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) les instalara una mesa de diálogo, pero no han recibido respuesta.

El secretario de Pueblos Indígenas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gervi Sical López, se limitó en señalar que, si lo desalojos no son notificados con tiempo, se puede denunciar a los jueces que los ordenan en la Supervisión de Tribunales y en la Junta Disciplinaria Judicial.

Por su parte, Oswaldo Samayoa, jefe de la COPADEH, dijo que ha visitado la comunidad Laguna Larga y señaló que hay 10 casos que no se han realizado porque no se tiene mayor información sobre la propiedad. Señaló que si se nota que hay presencia de miembros de seguridad privada, es un motivo suficiente para que el desalojo no se realice.

Por su parte la diputada de la bancad Winaq Sonia Gutiérrez Raguay, y quinta secretaria de la Junta Directiva del Congreso, señaló que actualmente existe una iniciativa de ley en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para emitir un dictamen al respecto.

Fuente: Prensa Comunitaria