¿Cómo pueden dormir por las noches?

Una niña se sienta delante de una cámara. Tiene algo así como cinco años. Sonríe derramando simpatía, mientras se acomoda sus cabellos enrulados en el living de su propia casa. Del otro lado de la lente, mamá la filma, con una mueca de angustia, y otra de lucha por la vida.

"Para este Día del Niño, quiero que no me fumiguen más, por favor", dice la pequeña. La escena se repite en docenas de casas en Exaltación de la Cruz, uno de los 135 partidos de la provincia que comandó -durante los últimos cuatro años- María Eugenia Vidal.

La gobernadora de Cambiemos, el 17 de diciembre de 2018 dio a conocer la noticia de que habilitaba fumigar con agrotóxicos en escuelas rurales a partir del 1° de enero de 2019. La decisión la había tomado dos meses antes, y decidió ocultarla.

Leonardo Sarquis, actual ministro de Agroindustria y exgerente de la multinacional Monsanto, aprobó la resolución N° 246-MAGP-18 del 17 de octubre de ese año, aunque recién fue publicada este 17 de diciembre en el Boletín Oficial N° 28422 de la provincia.

En febrero de 2019, Vidal retrocedió con la medida. En el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires N° 28465, la suspensión de la vigencia de la resolución sería “por el término de un 1 (un) año a fin de poder trabajar –durante este tiempo- en forma precisa, eficiente y detallada, y a su vez optimizar las condiciones de operatividad con los Municipios suscriptores del convenio de colaboración y asistencia que permita su implementación”.

Para dimensionar el problema, a fines de abril de 2019, según el Senasa, existían 379 variantes de glifosato registradas. Argentina es el tercer país que más agroquímicos usa en el mundo -cerca de 500 millones de litros de Glifosato al año, aplicados sobre más de 28 millones de hectáreas, según Montanto Papers-, detrás de Estados Unidos y Brasil. Esto es parte del escenario nacional.

La empresa productora de agrotóxicos Bayer-Monsanto enfrenta unos 18.400 juicios por multimillonarias sumas que hacen temblar a los accionistas, luego de que un fallo judicial la encontró culpable de ocultar información sobre el potencial cancerígeno del glifosato. El dineral es tanto que Bayer propuso pagar 8 mil millones de dólares para terminar con los juicios contra el Roundup. Ese es el escenario mundial. Las dimensiones del agrodrama planetario son difíciles de conmensurar.

Dos niñas se sientan frente a otra cámara. Una de ellas debe tener unos diez años. La otra es algo menor. "Nosotras vamos a una escuela rural", dice una de las pequeñas; ante lo cual, la segunda completa la frase del mensaje que desean transmitir: "Y para el Día del Niño, queremos que no fumiguen más".

Humanización o Agrobarbarie. Dos pequeñas y dos funcionarios gubernamentales. Vida o muerte. Salud o efermedad. Las dicotomías quedan expuestas a flor de piel. Una piel que se hincha y arde. Como la de María.

María acerca su historia, como docenas de vecinos y vecinas. Ella vive en la localidad de Los Cardales. Pertenece al partido de Exaltación de la Cruz, a apenas 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Los Cardales es atravesada de norte a sur por la Ruta Provincial 6. Cuenta con unos cinco mil habitantes. Es una zona conocida por el country homónimo. "Mi papá y mi mamá vivían de caseros en un campo. Y a mi papá lo obligaban a fumigar. Cuando él estaba fumigando, nosotras -con mi mamá- salíamos a la galería a tomar mate", recuerda.

María dice: "Hoy papá está enfermo. Yo tengo problemas en la piel. Una suerte de enrojecimiento y sensación de calor. Y mi mamá también. Y la señora que vivía adentro de ese campo, en otra casita, tuvo cáncer de laringe. Y mi nena tiene el mismo problema en la piel que yo. Pero ella nunca vivió en el campo".

Funcionarios y empresarios son cómplices de este pseudo genocidio. Un verdadero agroexterminio silenciado por las empresas hegemónicas de comunicación masiva, muchas de ellas ligadas íntimamente a las expendedoras de químicos para la agroindustria. Ocurre a lo largo y ancho del país, donde haya un pedazo de tierra fértil. Ocurre en todo el Planeta, sostenido por un feroz lobby corporativo y compra de influencias, donde todos los procesos de control y regulación de los agrotóxicos están bajo la lupa.

Humanos matando humanos. Por odio, por ignorancia, por poder, por avaricia. Multicausas. Poco importa el por qué, porque el resultado es siempre el mismo: la enfermedad, y la muerte.

Ella no llega a cinco añitos. Lleva puesta una remera verde con corazones blancos y rosas, un sol, y una jirafa. Pelo lacio, largo, una sola cola se lo recoge. Mira al teléfono. Tiene toda la luz inmensa del mundo en su mirada. Mueve su dedo índice, de izquierda a derecha, en señal de negación. Con una voz inconmensurablemente dulce y conmovedora dice: "No nos fumiguen más... basta de chicos muertos...".

Desde Exaltación Salud, un grupo ambiental de vecinas y vecinos del partido de Exaltación de la Cruz por la soberanía alimentaria y libre de fumigaciones, traen a colación el caso de Ludmila Terreno. Una niña santafesina, afectada por vivir al lado de un depósito de agrotóxicos y máquinas fumigadoras, en Bernardo de Irigoyen.

Hace más de un año que sus familiares vienen denunciando el caso ante la Justicia. El 30 de junio se realizó un allanamiento en el galpón de la firma Pagliaricci. Semanas más tarde fue clausurado. A pesar de ello, siguieron entrando y saliendo los "mosquitos" con total impunidad. Ante esta situación, Waldo, papá de Ludmila, tomó la drástica decisión de encadenarse al ingreso del local donde se encuentra el veneno y las maquinarias.

“Está clausurado desde el 11 de julio por un juez, pero se utiliza igual. El juez local ahora dice que están autorizados a trabajar. Acá son todos cómplices y hay plata de por medio”, manifestó Edelmiro, abuelo de la niña. Un caso. Miles de casos. Nada es aislado. Todo es sistemático.

En los barrios San José y Esperanza, a sólo cinco minutos de la ciudad cabecera de Exaltación de la Cruz, lxs vecinxs relevaron problemas de salud asociados a los agrotóxicos. Le exigen a la Municipalidad que responda ante el alerta por casos de cáncer. En 2019, se detectaron 45 casos en las 30 manzanas que componen ambos barrios. Lo investigaron lxs propixs vecinxs, ante un municipio sin respuestas.

"#FuncionariosTóxicos en Exaltación de la Cruz autorizan aplicar Glifosato pegadito a tu casa porque -dicen- 'tiene baja toxicidad', mientras el mismísimo Jefe de Asuntos Regulatorios y Seguridad de Monsanto, el toxicólogo Williams Heydens, admite que el Roundup tiene sustancias cancerígenas (parte de las pruebas en la 3er. condena Pilliod versus Monsanto, en EEUU)", señalan desde Exaltación Salud. Es el dramático costo de las mentiras.

Denunciaron además que "mientras el ejecutivo municipal reglamenta alejar las fumigaciones a 150 metros de las viviendas, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia pide la prohibición total a nivel mundial, por las abrumadoras pruebas de su relación con el cáncer".

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato como probablemente cancerígeno para humanos.

"Les concejales que votaron en contra de estudios en los barrios San José y Esperanza, alegando que no tienen información, pueden empezar a rever su accionar. Exaltación de la Cruz necesita autoridades que protejan la salud de la comunidad. Es ahora", destacaron.

"El cuerpo no se lo ponemos a los venenos. A eso nos obligan. Se lo ponemos a la lucha", aseguran. "El camino de la defensa de nuestros derechos ante la justicia es lento. Pero avanza a paso firme porque tenemos la razón de nuestro lado".

Suena el teléfono. Es uno de los abogados de La Red de Pueblos Fumigados. El mensaje es corto y claro. "La justicia acaba de otorgar 1000 metros de protección para todas las escuelas y viviendas del partido de Exaltación de la Cruz".

Lágrimas. Entre tanta desidia municipal, algo parecido al anhelo de vivir sin venenos en sus cuerpos se cristaliza en un amparo. No es suficiente. Pero es esperanzador. Para seguir caminando hacia un modelo productivo sin venenos, al menos una señal de que la pelea no es estéril.

Los teléfonos no paran de sonar. La noticia recorre el municipio y llega a redacciones y grupos similares que dan esa lucha desigual en otros territorios. Donde son obligados a poner sus cuerpos -ante los venenos- y también donde eligen ponerlos -la lucha para frenar el ecocidio-.

Más lágrimas. Alguna sonrisa. Y más energía para seguir gritando: ¡Basta!

Fuente: Revista Cítrica