Colombia: pronunciamiento de la ONIC

¡¡¡LA ONIC SE PRONUNCIA!!!

Agenda oculta y Consejo Comunal para pueblos indígenas

Bogotá, jueves, 29 de septiembre de 2005 (conferencia de prensa)

"SEGUIMOS EN ASAMBLEA PERMANENTE PARA LA MINGA NACIONAL DE OCTUBRE"
Los pueblos indígenas de Colombia hemos pervivido desde antes de la llegada de los españoles, desde antes de la creación de la republica de Colombia y desde siempre hemos mantenido nuestros principios de defensa de nuestra autonomía,de nuestros territorios, de nuestra identidad y cultura; principios que nos iluminan el camino y sustenta nuestra realidad política. De allí, que La lucha histórica de nuestros pueblos y sus organizaciones se apoya en un conjunto de “Derechos” reconocidos internacionalmente como anteriores y superiores al Estado, y en un conjunto de Mecanismos estatales destinados a al diálogo, a la consulta y la concertación de las políticas públicas que nos afectan.

En esta dirección es que hoy levantamos nuestra voz para decir que estos Derechos fundados en el respeto de las diferencias al interior de nuestras comunidades, pueblos y organizaciones indígenas, así como los Mecanismos que caracterizan la dinámica de interlocución con el Estado, están siendo sistemáticamente desconocidos y violentados por el gobierno actual. La convocatoria unilateral, impositiva e inconsulta a un Consejo Comunal, como su realización, fue desde todo punto de vista, un procedimiento contrario al diálogo, a la consulta y a la concertación. Puesto que los procesos de consulta comprenden la participación real y efectiva de los pueblos indígenas bajo el principio del conocimiento previo y libre de los asuntos que nos competen, interesen y afecten.

Como bien lo manifestaron nuestros hermanos durante el recién concluido VII Congreso Indígena del Valle del Cauca, “No vemos en el gobierno nacional la voluntad política para el reconocimiento de nuestras autoridades indígenas como pueblo;” no obstante su acreditación mediante actas de posesión ante las autoridades competentes. El respeto por las cosmovisiones de nuestros pueblos constituye un Derecho Fundamental del cual somos sujetos y no se nos puede desconocer bajo el argumento de un estado unitario que persigue un supuesto “interés general”; mediante la instrumentalización de nuestras tradiciones para poner en escena intereses electorales, burocráticos o económicos de unos cuantos, ni acudiendo a la falsa concepción de la autonomía individual en desmedro de nuestros derechos colectivos, intentando con esto propiciar divisiones internas en nuestras comunidades y pueblos.

Como bien lo manifestamos en conjunto con la Organización de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), al Confederación Indígena Tayrona (CIT)en nuestra negativa para asistir a dicho Consejo, con la realización del pasado Consejo Comunitario el gobierno pasó por alto instancias que los Pueblos Indígenas hemos ganado en nuestras luchas, como la Mesa Nacional de Concertación que fue configurada en el año de 1996 mediante los decretos 1396 y 1397. “Al desconocer éstos espacios y al abordar a las organizaciones por separado no busca nada distinto que fracturar nuestros procesos de Unidad”.

Vale la pena recordar que somos 950 mil indígenas en el país pertenecientes a 84 pueblos (reconocidos legalmente), que estamos representadas por 16 organizaciones regionales, 17 organizaciones zonales, y tres organizaciones nacionales: 1) AICO: integrada fundamentalmente por los pueblos Guambiano y Pasto; 2) OPIAC (Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana integrada por 50 mil indígenas pertenecientes a 51 pueblos; 3) la ONIC que agrupa a la mayoría de pueblos y sus organizaciones locales, zonales y regionales.

Al final del gobierno Uribe el Gobierno Nacional no tiene una política integral y sistémica para los pueblos indígenas. Sólo frente a la movilización a respondido con espasmódicas estrategias que excluyen a nuestros representantes y organizaciones de sus convocatorias, a la hora de concertar agendas y mecanismos de relacionamiento entre las instituciones y nuestras autoridades tradicionales y organizaciones. Cada vez más se hace evidente el desarrollo de una agenda oculta del gobierno que intenta legitimar sus planes de desarrollo sin importarle la negación de nuestras reivindicaciones, relevando sus intereses políticos y económicos, frente a la reelección presidencial.

Esta agenda se ha hecho observable cuando relacionamos los siguientes hechos:

1. Los procesos negociación y desmovilización paramilitar que no contemplan la verdad, ni la justicia, ni la reparación, al transformar sus efectivos en agentes auxiliares de la fuerza pública, reconvirtiendo su capacidad de control territorial mediante el estableciendo de cordones agroforestales orientados al aislamiento o confinamiento de los grupos guerrilleros, como de la población civil, y especialmente de las áreas donde están ubicados nuestros pueblos; buena parte de ellas situadas en ecosistemas estratégicos proyectados para la explotación por parte de compañías multinacionales.

2. La falta de concertación con nuestras autoridades y organizaciones nacionales, para acordar el contenido y aplicación, del Censo Nacional 2005, no obstante los enormes vacíos en el contenido, formatos, metodologías de aplicación y los sesgos interpretativos utilizados para desvirtuar nuestra posición, así como los resultados de los últimos “censos parciales”.

“De realizarlo tal como esta planteado, significaría la desaparición en vida de muchos de nosotros, como indígenas”.

3. La intención de convertir los foros “Discusión y análisis del proyecto de ley General Forestal”, y “Manejo Sostenible de Bosques Naturales” convocados por los Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal – CONIF, (25 de agosto de 2.005), en velados escenarios de consulta con los pueblos indígenas y en mecanismos de validación de los contenidos del proyecto de Ley Forestal.

4. Las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio, que proyecta la afectación de la economía del país, especialmente de los “recursos” que se encuentran en nuestros territorios, e intenta convertir nuestros conocimientos en mercancía. Esto ha sido particularmente visible en el desconocimiento de los procesos de Consulta Popular, adelantados por nuestras organizaciones en varias regiones del país, donde hemos manifestado nuestra inconformidad y desacuerdo frente al mismo.

5. La estrategia militarista de la política de Seguridad Democrática que recurre a la presencia de la fuerza pública como única solución de los problemas sociales, cuando asienta sus “Bases militares” dentro de los resguardos, y particularmente cuando instala “Batallones de Alta Montaña” dentro de nuestras zonas sagradas, como viene ocurriendo en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en los departamentos de Caquetá, Cauca, Chocó, Guajira, entre otros.

6. La política de abandono del campo y las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito como de los parques nacionales, precedidas de ametrallamientos, no obstante los reiterados pronunciamientos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, las recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas, y los reclamos de innumerables ONG de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, etc. A estas alturas del gobierno Uribe no hay una política contundente para promover la erradicación manual de los cultivos, pese a los impactos negativos que genera sobre la vida y la naturaleza.

7. Las múltiples infracciones cometidas por los grupos guerrilleros y paramilitares y las sistemáticas violaciones de derechos humanos motivadas por las acciones contrainsurgentes en nuestros territorios. Esta última situación se refleja también en los ataques violentos e indiscriminados de la fuerza pública, contra indefensos comuneros del pueblo indígena Nasa, del Resguardo de Huellas-Caloto en el Departamento del Cauca. Ataques ocurridos en la noche del pasado 5 de septiembre, como respuesta del gobierno a su presencia pacifica en uno de los predios que fueron definidos como elemento de reparación por la “masacre del Nilo”.

Esto último provocado por la falta de cumplimiento gubernamental al acuerdo de diciembre de 1991, en el marco del pacto de tierras con el Consejo Regional Indígena del Cauca, a raíz de la condena (por genocidio) del Estado colombiano, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al finalizar el tercer año de la Seguridad Democrática, el Plan Patriota y Los Consejos Comunitarios, han sido asesinados sesenta y seis (66) compañeros indígenas, dieciséis (16) más se encuentran desaparecidos, otros veinticuatro (24) fueron secuestrados, ciento veinticuatro (124) fueron detenidos de manera arbitraria e ilegal, ciento once (111) fueron heridos y lesionados; además de dieciocho mil seiscientos dos (18.602) indígenas obligados al desplazamiento forzado, por parte de los actores armados en conflicto.

8. La política petrolera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las empresas multinacionales del petróleo, quienes promueven profundos cambios culturales, políticos, económicos y ambientales en nuestras comunidades. Para nadie es un secreto que dicha exploración y explotación de recursos energéticos y mineros genera enormes consecuencias negativas, mismas que van desde: 1) la desestructuración social provocada por la migración económica y la transformación de los roles cotidianos tradicionales; 2) el aumento del conflicto social y político entre la población del lugar (división comunitaria, cooptación y subordinación de lideres, etc.), derivado de los intereses económicos en juego; 3) la transformación de los patrones culturales de control social; 4) la intensificación del conflicto armado fruto de la conversión de los territorios en objetivo militar por parte de los grupos insurgentes, grupos paramilitares, fuerza pública y las empresas de seguridad privada (nacionales y extranjeras); hasta 5) la devastación ambiental (la contaminación de ríos y quebradas, la proliferación de nuevas epidemias y el reordenamiento territorial arbitrario); 6) coartando con ello la libre circulación en los territorios ancestrales y propiciando 7) nuevos procesos de colonización y expropiación de nuestros territorios.

9. La continuidad del proceso de recorte de nuestros derechos mediante reformas constitucionales y leyes inconsultas, a través de estrategias que intentan convertir nuestros derechos colectivos en derechos individuales.

Basta para ello citar solo unos ejemplos: 1) La ley 100 que recortó nuestros derechos adquiridos con el decreto 1811/1990, la cual nos garantizaba la atención integral en salud; 2) La ley 715 que fraccionó el proyecto propio de educación integral, fomentando la fusión de las escuelas indígenas con los colegios de educación formal; 3) La aplicación irrisoria de la ley de reforma agraria y su artículo reglamentario 2164, frente a la constitución, saneamiento y ampliación de resguardos para pueblos indígenas. En este último caso, según la Defensoría del Pueblo habían para el año anterior 423.472 indígenas con escaso territorio o sin él.

10. El incumplimiento de los acuerdos que el gobierno viene pactando en todas las regiones del país, no obstante los compromisos precisos para todas las partes, que nos ha llevado a movilizarnos con más frecuencia, recibiendo cada vez mayor respaldo de otros sectores de la población colombiana, como de las organizaciones de la sociedad civil, debido a que nuestras reivindicaciones se fundan en clamores generalizados frente al irrespeto gubernamental.

Frente a esta agenda y sus implicaciones es necesario hacer pública nuestra disposición política para proteger la vida, la diversidad biológica, la integridad de nuestras culturas; así como para defender nuestros territorios y recursos naturales y realizar nuestros derechos colectivos e individuales, desde nuestra autonomía y dignidad, mediante la generación de iniciativas de paz para resistir la guerra que se libra en nuestros territorios, como de iniciativas para que nuestras futuras generaciones (desde una identidad cultural propia) puedan satisfacer sus necesidades espirituales, económicas, políticas y culturales.

En este sentido, para realizar y proteger nuestros derechos ancestrales, culturales, constitucionales y legales, amparados por instrumentos internacionales, los pueblos indígenas optamos por la concertación, el dialogo y las alternativas no violentas de solución de conflictos, como se lo hemos hecho saber al Gobierno Nacional y al Estado en reiteradas oportunidades.

Frente a lo anterior proponemos los siguiente:

1. Fortalecer los espacios de diálogo y concertación como las instancias que los Pueblos Indígenas hemos ganado en nuestras luchas, como la Mesa Nacional de Concertación, la comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Territorios, amparadas en los decretos 1396 y 1397 de 1996.

2. Darle cumplimiento efectivo de los acuerdos suscritos en el transcurso del gobierno actual como de los anteriores.

3. Asignar prespuestos para el INCODER orientados a la constitución, ampliación y saneamiento de territorios indígenas, como para los instrumentos preparatorios de las Mesas de concertación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

4. Crear mecanismos reales de Consulta, ajustados al convenio 169 de la OIT, frente a construcción de una política de protección medioambiental respecto de la exploración petrolera y sus consecuencias.

5. Establecer mecanismos jurídicos, políticos, económicos y sociales para garantizar la Verdad, la Justicia y Reparación de nuestras comunidades dentro de los procesos de negociación política del conflicto armado, sin utilizar nuestros territorios como espacios de desmovilización y/o concentración.

6. Formular e implementar acciones políticas de carácter urgente para la protección de nuestros pueblos indígenas de la amazonía, los cuales se encuentran al borde de la extinción, debido a las violaciones de DDHH y la falta de atención estatal.

7. Revisión y evaluación social a profundidad de la política de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito

8. Participar con voluntad política efectiva para establecer compromisos claros de los ministros y entidades obligadas como interesadas en el espacio de la mesa de concertación del 25 al de octubre de 2005.

Comité Ejecutivo
Luis Evelis Andrade Casama - Presidente
Organización Nacional Indígena de Colombia
CEL: 311-5617065 -. 315-8572995 – 315-6503752.

Comunicaciones ONIC - Organizacion Indigena de Colombia
BOLETÍN de prensa 134

Fuente: Indymedia Argentina