Colombia: medida cautelar vicia negociación del TLC en Washington
La actitud del gobierno colombiano insistiendo en las negociaciones y desconociendo lo ordenado judicialmente, constituye una burla a la decisión judicial y un detrimento al patrimonio del Estado, ya que se está gastando dinero público en una negociación prohibida por orden judicial. Si el gobierno suscribe algún acuerdo en las condiciones arriba mencionadas, incurrirá en desacato, con las consiguientes consecuencias disciplinarias y penales
El gobierno de Colombia anunció que en la ronda del TLC que se realiza en Washington, desde el pasado 25 de enero, culminará la negociación asumiendo el costo político y que está dispuesto a ceder a las exigencias norteamericanas, aceptando como base para la negociación lo ya aceptado por Perú.
Sin embargo la orden judicial proferida el 12 de diciembre de 2005 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, prohíbe al gobierno por medio de medida cautelar suscribir un acuerdo, parcial o total, y/o la refrendación de acuerdo alguno que resulte lesivo de los derechos colectivos de los consumidores y usuarios; al manejo racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; a la conservación de las especies animales y vegetales; a la protección del conocimiento tradicional de los de las comunidades indígenas y campesinas; a la libre competencia económica; a la salud, y a la seguridad alimentaria . Por tanto, dado que la medida cautelar se encuentra vigente, la negociación adelantada por el gobierno en Washington no podrá formar parte de ningún acuerdo comercial que el gobierno quiera suscribir.
La actitud del gobierno colombiano insistiendo en las negociaciones y desconociendo lo ordenado judicialmente, constituye una burla a la decisión judicial y un detrimento al patrimonio del Estado, ya que se está gastando dinero público en una negociación prohibida por orden judicial. Si el gobierno suscribe algún acuerdo en las condiciones arriba mencionadas, incurrirá en desacato, con las consiguientes consecuencias disciplinarias y penales.
La opinión pública debe tomar nota que el gobierno no respeta ni leyes ni instituciones si no sirven a sus intereses. El movimiento popular y toda la ciudadanía deben rechazar estos procedimientos y condenar la inminente suscripción del TLC.
Fuente: RECALCA