Colombia: expulsados de la tierra
En 1997, la población afro colombiana de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento de Chocó en Colombia fue expulsada de su territorio por paramilitares. El territorio colectivo de estas comunidades fue ilegalmente ocupado por empresas de monocultivo de palma africana. Hasta hoy las comunidades afro-colombianas luchan por la devolución de sus tierras, indispensables para la realización de su derecho a alimentación adecuada
Adital - La destrucción de recursos naturales todavía continúa, mientras se denuncian asesinatos, torturas y desapariciones.
Las comunidades Curvaradó y Jiguamiandó del departamento de Chocó fueron desplazadas en 1997 por paramilitares y unidades de la armada nacional, las cuales invadieron la región en el contexto de una operación llamada "Génesis". Poco después del desplazamiento, empresarios ocuparon las tierras de ellos.
Desde el 2000, los propietarios legítimos de la tierra, principalmente Afro-Colombianos, regresaron a sus comunidades. En ese periodo el control paramilitar se intensificó y amenazas de muerte a los miembros de las comunidades se volvieron frecuentes. En algunos casos comunidades enteras fueron destruidas por paramilitares. La Brigada XVII del Ejercito Nacional actúa en favor de los empresarios y apoya la expansión de los cultivos.
Las empresas que ocuparon la tierra presentaron títulos de propiedad constaron haberla comprado de las comunidades. Sin embargo, la institución del gobierno INCODER (Instituto Colombiano de desarrollo rural-anterior INCORA) confirmó que estos títulos no son judicialmente válidos porque los títulos de propiedad de comunidades afrodescendientes no son transferibles y ejecutables legalmente. Efectivamente, a partir de la ley 70 de 1993 fue implementada la titulación de territorios de comunidades negras vastos territorios fueron transferidos a estas comunidades. Conforme a esta legislación, solo miembros de grupos étnicos negros pueden adquirir títulos de propiedad de dichos territorios.
Actualmente, el territorio que comprende más de 26.000 hectáreas, se utiliza para el cultivo de palma africana. Nueve firmas (URAPALMA, Palmas S.A., Palmas de Curvaradó, Palmadó, Fregni Ochoa, Selva Húmed, Asibicon, Palmas del Atrato y La Tukeka) ocuparon el territorio y lo prepararon para las plantaciones, derribando árboles y reduciendo el nivel de agua de ríos. La deforestación se intensificó especialmente a finales de abril de este año. Para los habitantes de la región esto significa una destrucción masiva de su sustento de vida.
Los miembros de las comunidades están siendo vigilados constantemente. En las plantaciones de palma los civiles armados paramilitares patrullan sin que la fuerza pública adelante acción alguna, se intimida a los campesinos que han decidido adelantar acciones jurídicas para que su legítima propiedad sea respetada. Además, el 29 de enero el líder comunitário de Jiguamiandó, Pedro Murillo, fue asesinado por soldados de la XVII Brigada del Ejército colombiano. El 30 de enero Luiz Simon Perez fue preso y torturado por soldados de la misma brigada.
El gobierno Colombiano a través de la vicepresidencia de la república se comprometió en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado mes de marzo, resolver la situación de ilegalidad de las plantaciones de palma, sin que hasta la fecha este compromiso se haya cumplido pues avanza el monocultivo, la preparación de tierras, la devastación del bosque sin que acción administrativa alguna se haya efectuado para detener inmediatamente el avance de plantaciones de palma africana y proteger a las comunidades.
Colombia es Estado parte del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por esto asumió la obligación de respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, especialmente de su población indígenas y negra. La falta de acceso a tierra, consecuencia de la ocupación ilegal de los territorios de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, viola el derecho a la alimentación. Conforme al pacto referido, el Estado de Colombia está obligado a proteger e garantizar el acceso a la tierra y a la alimentación.
El Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez debe tomar medidas urgentes para detener el monocultivo de palma africana en las áreas invadidas por las empresas. Asimismo, debe asegurar la devolución segura y digna de la tierra que les pertenece a las comunidades afro-colombianas.
Fuente: ADITAL