Colombia: el Quimbo, alerta máxima
La conciliación extrajudicial secretamente realizada entre Minambiente y la colombo-italiana Emgesa- el pasado 21 de abril, atendiendo órdenes presidenciales, acaba con las expectativas de los pobladores de la zona para que sus demandas y derechos fueran respetados si ocurriera la construcción de El Quimbo.
Esta maniobra secreta, accede a todas las pretensiones de Emgesa-Enel para echar abajo la licencia ambiental respecto a preservación del medio ambiente e indemnización razonable de los pobladores y municipios afectados. Semejante triquiñuela es la alerta máxima para los pobladores de Gigante, Garzón, Agrado y el resto del Huila, cuyas organizaciones han convocado a una marcha el 14 de mayo que partirá a las 8:00a.m desde Gigante hasta Rioloro, encabezada por Asoquimbo, y a las 10:00a.m. de la Usco hacia el Centro de Convenciones en Neiva.
Aunque tardíamente, los huilenses se han venido concientizando de las gravísimas consecuencias del megaproyecto hidroeléctrico, como lo alertara Plataforma Sur: atenta contra la calidad de vida de las comunidades; la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural; la preservación de los ecosistemas; la seguridad y soberanía alimentarias; el acceso a recursos de agua y tierra; las economías campesinas y las unidades productivas de los medianos y pequeños productores; y el derecho al trabajo y a la conservación del tejido social. (www.surcolombiano.com) Por eso registramos con alegría la “alerta roja” que los diputación huilenses lanzaran recientemente; pero quedamos a las expectativas de las acciones que emprenderían para frenar el cataclismo del demencial proyecto.
¡Que en un futuro no nos quejemos de inadvertencia! ¿Por qué la alerta máxima? La maquiavélica conciliación da vía libre a: la inundación de 8.600Ha de las mejores tierras productivas y de vegetación nativa; genera recalentamiento global con las toneladas de dióxido de carbono y metano que será lanzado a la atmósfera; desplaza más 1500 residentes, vulnerando abiertamente la Carta de Protección de los DH y el DIH; la indemnización por hectárea a los propietarios sólo queda entre 2 y 20 millones. Así el promedio por las mejores tierras estará cuando más en 10.
El conflicto que se avecina es de grandes proporciones. El supuesto desarrollo regional y la oferta laboral para la construcción será pírrica y momentánea; se perderían más de US140 millones que se habían cargado en la licencia ambiental, como producto de la resistencia comunitaria; sobrevendrá desempleo, desplazamiento y violencia sin precedentes. ¡Ojo! La multinacional y las élites gubernamentales, parlamentarias y empresariales, mediante corrupción, soborno, clientelismo, autoritarismo y negación de la participación de las comunidades en la toma de decisiones pretenden imponer el megaproyecto, arrollando las objeciones de campesinos, pequeños propietarios, ONGs, y profesionales del medio ambiente.
Fuente: La Nación