Colombia: el QUIMBO ante el Consejo de Estado
Ayer viernes 30 de septiembre tuvo lugar un hecho contundente en la historia de resistencia de El Quimbo: será el Consejo de Estado quien determine la nulidad del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo ante una demanda interpuesta por las comunidades afectadas asociadas en ASOQUIMBO.
Este hito histórico de la resistencia estuvo acompañado de una masiva movilización departamental y nacional que fue convocada para hacer presencia en la zona de obras del proyecto bajo la consigna de “Todos los caminos del Huila conducen al túnel”.
El inicio de la jornada estuvo marcada por el hecho desconcertante de que el Alcalde del Municipio del de Gigante Fenivar Salazar, el día anterior, había expedido el decreto 092 de 2011 mediante el cual paralizó el tránsito de vehículos automotores entre las 6 am y 12 de la noche en la zona contigua al puente del Colegio sobre el río Magdalena.
Dicho decreto se expidió bajo dos considerandos principales: UNO, la radicación de una carta de ASOQUIMBO expresándoles al alcalde que se haría una concentración pacífica en el puente del Colegio y donde a la vez se instalaría una mesa de protección a los derechos de los afectados y, DOS, una carta de la Empresa EMGESA, constructora del proyecto, donde se le comunica al alcalde que es una actividad para tomarse el túnel y por lo cual, solicitan protección de las instalaciones y del personal de la empresa.
Conocidos estos hechos, se observa con claridad que la acción tomada por la alcaldía da prioridad a los intereses de EMGESA (Filial de ENDESA-ENEL) antes que atender las demandas de los ciudadanos afectados por las acciones de esta empresa. El gobierno municipal actuó sin tener en cuenta la comunicación de la comunidad, quienes no fueron debidamente informadas de la expedición del Decreto.
Cerca de 500 afectados y afectas provenientes de diversos lugares del departamento y el país hicieron presencia en el lugar. Quienes arribaron más temprano fueron testigos oculares de que los carros de la empresa se encontraban transitando sin ningún problema con la venía de los militares y policías que encontraban en el retén apostado sobre el kilómetro 68 de la vía que conduce a la Plata, a pesar de las restricciones de movilidad que demandaba el decreto; sin embargo, estos mismos agentes, en cumplimento de dicho decreto, impidieron a los afectados continuar hacia el puente del Colegio.
Durante el día transeúntes, trabajadores de la empresa y demás personas se movilizaron a pie por el lugar en acatamiento de la orden de la Alcaldía Municipal
Lo curioso es que cuando se presentó el Coronel de la Policía de Gigante -quien sostuvo diversos diálogos con la comunidad-, manifestó públicamente (existe registro fílmico y audio) no conocer el Decreto de la Alcaldía; es decir, para él la comunidad estaba aposentada en el lugar de manera ilegal “taponando la vía”. De igual manera, en el lugar se presentó el personero de Gigante, quien intentando mediar en la situación, tampoco conocía el decreto municipal.
Al final de la tarde, el Coronel de la Policía manifestó que no tendría otra opción más que dar vía con el uso del ESMAD, -pues reiteraba que desconocía el decreto-; la comunidad le aclaró que quienes habían detenido el tráfico en la vía habían sido integrantes de la policía y el ejército.
Entrada la noche, según información del Coronel de la Policía, se reunió el Gobernador del Huila, el Alcalde de Gigante y cuerpos de seguridad en consejo de seguridad extraordinario, quienes determinaron que el decreto de restricción de la movilidad emitido por la Alcaldía Municipal no tenía sustento legal debido a que no cuenta con facultades para tomar ese tipo de restricciones en una vía nacional. Con esa disposición arbitraria no sólo se violó el legítimo derecho a la movilización social sino que se daba por hecho que quienes se encontraban en el lugar lo hacían de manera ilegal y, en consecuencia, se podría aplicar la Ley de “seguridad ciudadana”, recientemente aprobada por el Gobierno de Santos.
Dada esta serie de incongruencias e irregularidades, las comunidades accedieron al tránsito por el lugar de los vehículos automotores bajo el compromiso de obtener por escrito una nueva orden o comunicación que diera cuenta de la derogatoria de dicho decreto, debido a que quien congeló la movilidad automotora fue el Alcalde.
No obstante, es reprochable la irresponsabilidad de la Alcaldía Municipal al tomar una decisión fuera de su competencia la cual estuvo a punto de desencadenar la represión por parte del ESMAD sobre la comunidad presente en el lugar.
La resistencia continúa en el Quimbo, ahora con una demanda en el Alto Tribunal ante la negligencia de la autoridad ambiental y demás instituciones públicas, y seguirá extendiéndose a otros territorios que luchan contra la imposición de represas, puesto que éstas se promueven en el marco de una economía del crecimiento que no interesa a miles de comunidades rurales directamente afectadas por este tipo de proyectos.
Por tanto, ASOQUIMBO y el Movimiento Ríos Vivos en búsqueda de alternativas a estas problemáticas sigue demandando al gobierno nacional el establecimiento de una mesa de discusión sobre la política energética nacional, con la participación activa de los y las afectadas.
ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO
MOVIMIENTO CLOMBIANO POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y AFECTADOS POR REPRESAS ¡RIOS VIVOS!
Fuente: CRIC