Colombia: desplazamiento masivo de 6.200 campesinos en Anorí

Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño.

La Corporación Acción Humanitaria Por la convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño CAHUCOPANA, es una organización que desde hace 4 años realiza un trabajo integral en la región del nordeste de Antioquia desplegando su labor como defensores y defensoras de derechos humanos y en pro de la vida digna del campesinado.

Es grave la situación humanitaria que se ha presentado en los últimos días en Anorí, municipio de nordeste de Antioquia, por el desplazamiento de 6.200 campesinos a la cabecera municipal, entre los que figuran mujeres, hombres, ancianos y 2.700 niños, según un representante de la comunidad asentado en el parque principal del municipio.

Los desplazados de Anorí están exigiendo al gobierno nacional, departamental y local la atención urgente a tres aspectos específicos de la crisis humanitaria: suspensión de la fumigación aérea a los cultivos de coca, cese de la persecución a la pequeña minería artesanal y levantamiento de las bases militares impuestas en la región, problemáticas que han causado zozobra y han impedido el libre desarrollo del campesinado en esta zona que históricamente se ha visto marcada por el conflicto social y armado que atraviesa el país.

Las fumigaciones aéreas en la lucha antinarcóticos en esta zona y muchas otras del país han afectado no solo los cultivos ilícitos sino también cultivos de pan coger, la cría de animales y la salud de los lugareños infringiendo el derecho que tiene toda persona de vivir de manera digna y con base a un proyecto de soberanía alimentaria.

Sumándole a esto, según cifras del DANE la población rural con necesidades básicas insatisfechas (NBI) supera el 56% del total. Por tal motivo y atendiendo la grave coyuntura humanitaria, donde la población de 38 veredas, aproximadamente, se ha visto obligada a dejar sus tierras sin ninguna garantía en el casco urbano del municipio.

CAHUCOPANA, se solidariza con las familias que se encuentran afectadas por este desplazamiento y por lo tanto solicita:

1. A las organizaciones sociales, campesinas y defensoras de derechos humanos solidarizarse con esta comunidad, realizar pronunciamientos acorde con la situación real de vulneración de derechos humanos y DIH.

2. A los organismos correspondientes (Defensoría del pueblo, Veeduría, vicepresidencia de la república, presidencia de la república y demás estamentos locales y regionales) a salvaguardar la vida e integridad de esta población, escuchar y dar solución a los campesinos para que puedan retornar con garantías a sus parcelas y realizar un seguimiento a esta problemática.

3. Adelantar medidas para que no sea estigmatizada esta población y se garantice su retorno, así como un seguimiento por parte de organizaciones oficiales, civiles e internacionales de las problemáticas presentadas por los líderes campesinos.

Desplazamiento inunda a Porce IV

Por: Semana

La llegada de 5.000 campesinos a Anorí es el más reciente coletazo de los líos que tienen enredada la construcción de la hidroeléctrica antioqueña Porce IV.

Desde hace varios días, cientos de hombres y mujeres, niños entre ellos, se apiñan en el parque de Anorí, a 170 kilómetros de Medellín. La multitud hace parte de los 5.000 campesinos que se desplazaron desde las montañas vecinas para reclamar por las fumigaciones contra los cultivos ilícitos, los controles a la minería artesanal y la construcción de tres bases militares en la zona. Mientras las autoridades dicen que esas son peticiones del frente 36 de las Farc en boca de los labriegos y que, sin importar qué tanto tiempo permanezcan a la intemperie, nada de lo que piden se les concederá, los campesinos aseguran que su protesta es legítima y sus necesidades, reales y apremiantes.

Carlos Almanza, quien llegó al parque de Anorí con su mujer y sus tres hijos, niega que la guerrilla esté detrás de las peticiones y dice que tanta gente allí demuestra que llevan años solos, abandonados por el gobierno a su mala suerte. “Tenemos la certeza de que estamos asfixiando las fuentes de financiación de los terroristas en la zona; la presión que ahora ejercen sobre las comunidades es síntoma de eso”, afirma el coronel Édgar Ferrucio Coppola, comandante de la Décima Cuarta Brigada del Ejército. La Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas (Ocha) ha reportado que los campesinos se habrían desplazado presuntamente por presiones de las Farc contra la fumigación de cultivos de coca en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño y que entre ellos habría hasta dos mil niños.

Un elemento en común tienen muchas de las familias llegadas al pueblo en buses escalera: provienen del territorio en el que EPM proyecta construir Porce IV, una hidroeléctrica con capacidad para producir 400 megavatios y cuyo inicio de obras, por la presencia de la guerrilla y el desaforado incremento en el número de pobladores que reclaman una compensación económica, fue suspendido a finales del año pasado.

“Queremos que se reinicien las obras y que nos reconozcan los dineros a los que tenemos derecho”, dice Enrique Pulgarín, otro de los desplazados. El presidente de la junta de EPM y alcalde de Medellín, Alonso Salazar, les ha respondido por la radio.“Ellos mismos hicieron inviable el proyecto cuando dejaron que esas tierras se llenaran de pobladores recién llegados. En esas condiciones, Porce IV seguirá suspendida”, dijo.

Según EPM, un censo inicial estableció en 2.799 el número de campesinos a los que habría que comprarles sus parcelas para desarrollar la megaobra, pero dos años más tarde pasan de ocho mil quinientos, un crecimiento de 204 por ciento. Así las cosas, se necesitarían recursos por más de ciento treinta mil millones de pesos, casi cien mil millones por encima de lo previsto inicialmente, para comprar las tierras del futuro embalse.

Además de acusaciones del Ejército de que una parte de los recién llegados habrían sido enviados por las Farc mediante engaños y presiones para torpedear el proyecto, EPM dice que en la zona hay predios cercados a último momento por miembros de las administraciones locales de Anorí, Amalfi y Zaragoza, municipios de los que ahora se teme que comiencen a llegar más campesinos, con lo cual el número de desplazados podría llegar a diez mil.

La tesis del gobierno, según el ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, es que las Farc buscarían preservar 1.800 hectáreas de coca, un tercio de ellas sembradas en el perímetro del futuro embalse, y que la concreción de Porce IV les significaría la pérdida de una retaguardia hasta ahora protegida, en una zona de nutrida vegetación selvática.

Más allá de si este desplazamiento masivo –el primero de esta magnitud que enfrenta el gobierno de Juan Manuel Santos– es producto de presiones de la guerrilla, del abandono oficial, del conflicto armado o de una mezcla de todo ello, lo más preocupante, además de la suspensión de una obra energética clave para el país, es el sufrimiento que, otra vez, como historia repetida una y mil veces, pagan cientos de familias campesinas. “Estamos aquí para que nos escuchen, y no nos vamos a ir hasta que nos oigan, pues. Que no nos respondan más por la radio. Que den la cara”, sentencia Clara Morales, con un niño cargado al que amamanta debajo del vestido mientras espera una bolsa de leche que la Gobernación de Antioquia mandó desde Medellín.

Fuente: Prensa Rural