Colombia: denuncia de la Convergencia Campesina, Negra e Indígena ante amenazas recibidas

La CONVERGENCIA CAMPESINA, NEGRA E INDÍGENA DE COLOMBIA - CNI- denuncia ante la comunidad nacional e internacional la amenaza de muerte que fue víctima el señor ANTONIO GUERRERO GARCIA, Gerente nacional de la Federación Nacional de Cooperativas Agrarias - FENACOA, y el señalamiento como objetivos militares de EBERTO DIAZ, presidente de la Federación Sindical Nacional Agropecuaria - FENSUAGRO, EDILIA MENDOZA, dirigente nacional de la Asociación Nacional de Usuarios campesinos ANUC - UR y GERMÁN BEDOYA, presidente del Coordinador Nacional Agrario - CNA.

HECHOS

1. El pasado jueves 10 de febrero, a las 11:00 a.m. fue dejado por debajo de la puerta de la sede de la Federación Nacional de Cooperativas Agrarias - FENACOA - en la ciudad de Bogotá, un panfleto, con el logo que identifica a las Autodefensas Unidas de Colombia, en los siguientes términos:

"Señor

ANTONIO GUERRERO GARCIA

HOLA GRAN HIJUEPUTA ¡!! ES QUE NO ENTIENDE O SE HACE EL GUEVON, O TOMAREMOS REPRESALIAS CONTRA ESA MARICA ACTITUD SUYA, NO NOS OBLIGUE A MANDARLE A PONER SU PIYAMITA DE MADERA GRAN MARICON.

EL SEGUIMIENTO QUE LE HEMOS HECHO, NOS MUESTRA QUE HA SEGUIDO CON SU TAL LUCHA TERRORISTA AHORA EN JUNTA DE EBERTO D., EDILIA M., GERMAN V., POR SUPUESTO OBJETIVOS MILITARES NUESTROS; DESDE HACE RATO?. PERO EN ESPECIAL USTED.

YA SABE LO QUE LE PASO A SUS HIJUEPUTAS COMPAÑEROS DE PENACOA.

ULTIMA ADVERTENCIA, ENTIENDA, O NO QUERRA QUE LE HAGAMOS ENTENDER A LA FUERZA.

COMANDANTE BLOQUE CAPITAL A.U.C.

CARLOS CALICHE "-

2. A esto se le suma los constantes seguimientos por personas desconocidas, la recepción de llamadas telefónicas en las oficinas, sin que nadie hable, y los persistentes hostigamientos de que han sido víctimas los dirigentes campesinos y agrarios reseñados en el panfleto.

ANTECEDENTES

El señor JOSE ANTONIO GUERRERO GARCIA, quien se encuentra en el programa de protección a líderes políticos y sindicales del Ministerio del interior, ha sido amenazado en varias oportunidades desde 1992.

La última fue una llamada que recibieron sus escoltas en el mes de octubre pasado, en la cual les manifestaban que ya sabían cuáles eran las regiones en las que trabajaban los dirigentes agrario de FENACOA, y que con escoltas o sin ellos, los matarían.

Igualmente en el mes de agosto de 2004, recibió una llamada en horas de la mañana en la sede de FENACOA, en la cual un hombre que no se identificó le sugirió que abandonara el trabajo que realizaba en la Federación, o de lo contrario se atuviera a las consecuencias.

No hay que olvidar que el 22 de de junio del año pasado, el vicepresidente del Consejo Administrativo de la Federación BENEDICTO CABALLERO, fue asesinado en la vereda de la Mula del municipio de Mesitas del Colegio, debido a la labor que realizaba en esta región.

Así mismo, el 17 de febrero de 1999 en cercanías a la oficina de FENACOA, en la ciudad de Bogotá, fue asesinado el señor Julio Alfonso Poveda, dirigente agrario y uno de los fundadores de dicha Federación.

Sus muertes aún se encuentran en la impunidad.

Igualmente, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, ha recibido constantes amenazas y hostigamientos en los últimos meses.

Es así como, el pasado 10 de noviembre de 2004, miembros que hacen parte del Ejecutivo de ésta organización, fueron víctimas de seguimiento por parte de 2 hombres desconocidos, que se movilizaban en una motocicleta sin placas.

De igual manera, ese mismo día, se estacionó frente a la sede de FENSUAGRO, un vehículo de placas BKZ 800, de color rojo, dos puertas, marca Vitara, con dos hombres de civil quienes permanecieron en ese lugar durante dos horas aproximadamente, luego de lo cual y al ver salir otro de los directivos de la Federación, realizan una llamada telefónica desde una cabina telefónica cercana al sitio, para retirarse posteriormente, justo cinco minutos antes que llegaran los agentes de la policía a quien se acudió en este caso.

Todo esto sin contar con las detenciones tanto masivas como individuales, el desplazamiento forzoso, la tortura y el exilio de que han sido víctimas los integrantes de esta organización desde hace varios años, situación que se agudiza con la implementación por parte de Alvaro Uribe Vélez de su política de seguridad democrática.

Por estos hechos, solicitamos al Estado Colombiano lo siguiente:

1. Se garantice la vida y la seguridad física y psicológica de ANTONIO GUERRERO GARCIA, EBERTO DIAZ, EDILIA MENDOZA, GERMÁN BEDOYA.

2. Se investigue, juzgue y sancione a los responsables físicos e intelectuales de las amenazas, hostigamientos y seguimientos proferidos.

3. Se verifique la procedencia del panfleto amenazante, tomando las acciones correspondientes, máxime si se tiene en cuenta que el Bloque Capital, fue uno de los grupos paramilitares que firmó con el gobierno nacional un cese de hostilidades.

DECLARACIÓN DE LA CONVERGENCIA CAMPESINA, NEGRA E INDÍGENA

Nosotros y nosotras, en representación de la Convergencia Campesina, Negra e Indígena, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, las constantes amenazas, hostigamientos y seguimientos de que somos víctimas, y en especial la amenaza recibida el día jueves 10 de febrero, en horas de la mañana, en las instalaciones de una de nuestras organizaciones, en la cual, en un panfleto firmado por el Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia - A.U.C. amenazan de muerte al Gerente de la Federación Nacional de Cooperativas - FENACOA, Antonio Guerrero y se señala como objetivo militar a EVERTO DIAZ Presidente de FENSUAGRO, EDILIA MENDOZA, dirigenta Nacional de ANUCUR y GERMAN BEDOYA presidente del COORDINADOR NACIONAL AGRARIO.

Consideramos que esta amenaza además de atentar contra el derecho a la vida y a la integridad de las personas amenazadas, hace parte de una estrategia contra el derecho a la organización del campesinado; estrategia que busca exterminar a mujeres y hombres líderes consecuentes con los intereses de las bases campesinas, destruir la autonomía de las organizaciones y someterlas de una manera u otra a los dictados del régimen, de los latifundistas y de las transnacionales.

Claro es para nosotros y nosotras, que la política de seguridad democrática del gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez ha agravado nuestras condiciones de trabajo en las regiones, nos ha hecho blanco fácil de quienes evidentemente les molesta el desarrollo e impulso del movimiento social, sindical, campesino y agrario, máxime ahora, que se están tomando graves decisiones, con la implementación del Tratado de Libre Comercio - TLC - , en las cuales el sector campesino es uno de los más perjudicados contra las cuales nos hemos manifestado mediante diversas acciones de resistencia civil, planteando claras alternativas, incluidos proyectos de ley.

Es muy importante clarificar si efectivamente la amenaza proviene del Bloque Capital de las A.U.C. en momentos en que bajo el beneplácito de este mismo Congreso, el gobierno, adelanta un proceso de supuesta desmovilización con grupos paramilitares.

Habría que preguntarle a este mismo Congreso, si realmente se está cumpliendo el cese de hostilidades decretado en el marco de las negociaciones, si existe una real verificación internacional del mismo o si por el contrario solo era un requisito de papel, para legitimar este proceso, ante una sociedad que tiene vendados los ojos frente a la realidad de los acontecimientos.

Habría que preguntarle al Gobierno nacional, porqué en la propia capital de la república se amenaza y hostiga impunemente a las organizaciones nacionales campesinas y de diversa índole, que con autonomía defienden los intereses de sus asociados y asociadas, de su sector y del país. ¿Es esto es la generalización de la impunidad?

Habría que preguntarles al Gobierno y al Congreso, cuál es el verdadero compromiso que tienen con el sector campesino y agrario, cuya única lucha es la reivindicación de nuestros derechos, la construcción de una gran alianza que fortalezca la lucha por la Reforma Agraria Integral, la Soberanía Alimentaria, el derecho a la territorialidad y la vida digna, tal y como lo expresa el Mandato Agrario.

Igualmente, habría que responsabilizar al Estado, por la falta de garantías para poder continuar con nuestro trabajo, por los continuos hostigamientos y amenazas de que somos víctimas, por los asesinatos continuos y selectivos de nuestros dirigentes y dirigentas indígenas (110 en el 2004 y 11 en los primeros 45 días de este año), campesinos y afrocolombianos, por la impunidad reinante en cada uno de estos casos, por lo que pueda pasarle a cada una de las personas que integran nuestras organizaciones.

Solicitarle así mismo, al Estado, se pronuncie públicamente frente a estos hechos, aclare cuál será el destino de las tierras que los grupos paramilitares nos quitaron a cientos de miles de familias campesinas, indígenas, afrodescendientes o de los territorios que han obligado arrendar para sembrar Palma Africana.

Así mismo le exigimos al Estado, y en especial al Gobierno nacional cumplir las sentencias judiciales y compromisos adquiridos con las comunidades afectadas por megaproyectos, como es el caso del pueblo Embera- Katio, que se ha visto afectados por la construcción de la represa Urra I , y que 6 años después de haber sentenciado la Corte Constitucional la reparación integral, sigue esperando el cumplimiento de la mayoría de los puntos de la sentencia, mientras ha sido víctima del asesinato, y desaparición forzada de 17 de sus líderes.

CONVERGENCIA CAMPESINA NEGRA E INDIGENA

Bogotá , febrero 14 de 2005.