Colombia: contra política forestal

Adital - Las organizaciones indígenas, negras, campesinas, ambientalistas, las y los ciudadanos y demás organizaciones preocupadas por el futuro de las selvas en Colombia, los bosques naturales y las comunidades que los habitan, expresan en una carta abierta la preocupación por las decisiones que se están adoptando, "de manera inconsulta y en contravía con la situación del país", sobre la política forestal que afectarán este patrimonio natural y estas comunidades.

En este momento el Proyecto de Ley Forestal es el tema más preocupante para las organizaciones y que está en último debate en la Cámara de Representantes y a punto de aprobarse al ser catalogada como de alta prioridad e interés del Gobierno. La evaluación de las entidades es que el Proyecto retrocede en la política ambiental en Colombia, puesto que no contribuye a la conservación de los bosques, fomenta la deforestación y abre un camino a la privatización del patrimonio forestal del país. "Este Proyecto de Ley ha sido impulsado sin consultar a las comunidades y sí con una alta participación de sectores empresariales dedicados a la explotación comercial de maderas, resultando similar a un proyecto aprobado en Bolivia".

Este proyecto de Ley, lejos de ordenar, regular y estimular la conservación y manejo sustentable de los bosques y crear nuevas maneras de relacionarse con este patrimonio natural estratégico para las comunidades tradicionales y para la economía y la paz del país, parece más un estatuto de fomento de plantaciones comerciales, un mecanismo de enajenación de los bosques de las comunidades y un factor para la potenciación de múltiples conflictos.

"Los dueños de los bosques, son las comunidades negras, indígenas y campesinas y ellas no han sido consultadas en este proceso. Hoy se encuentran en situación de desventaja, pues ya se presentan impactos catastróficos y presiones para intensificar la explotación del bosque y cambiar abruptamente el uso del suelo. Vale mencionar la situación del Bajo Atrato donde grupos armados anuncian la entrada de 200 motosierras para explotar la madera de las selvas nativas", informan.

Los empresarios, propietarios de 140 mil hectáreas de bosque, estarían direccionando el esfuerzo financiero del Estado y se benefician de mecanismos para la apropiación del bosque natural (cerca de 60 millones de hectáreas). La puesta en marcha de los encadenamientos productivos (Cadena Productiva Forestal) que de hecho se están promoviendo por el Programa Colombia Forestal (administrado por Chemonics) y que es un eje del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, también estarían colocando en condición de desequilibrio y pérdida de los recursos de las comunidades locales que se han asociado con los empresarios de la industria forestal y de los muebles. Esto no se ha reglamentado debidamente y constituye una práctica que se fomentará fuertemente con la nueva ley.

La creación de una nueva empresa llamada Probolbosques (Empresa Colombiana Promotora de Bosques) transferirá a una empresa de economía mixta el timón de la política pública de bosques, borrando de hecho el papel del Ministerio del Ambiente y creando una figura de apertura de créditos externos con organismos internacionales, para el fomento de la agroindustria forestal y la negociación en las bolsas de valores de los servicios ambientales.

Finalmente, el dicho Proyecto no guarda consonancia con los acuerdos internacionales que Colombia ha adoptado, tales como el Convenio de Diversidad Biológica, el Panel Intergubernamental de Bosques de Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT. Abandona los logros en materia de conservación y usos sostenibles acordados en el Convenio de Diversidad Biológica, que fueron incorporados en la legislación colombiana a través de la ley 99 de 1993. "Es por ello que solicitamos no aprobar esta iniciativa, por lo lesiva que resulta para los bosques del país y especialmente para las comunidades dueñas de los bosques", alertan las organizaciones.

Fuente: ADITAL