Colombia: bajo la lluvia de veneno

A los colombianos las desgracias no solo nos llegan por tierra, también nos llueven.

Y sin embargo está comprobado que los cultivos de coca y amapola no han disminuido, y por tanto, el mercado se mantiene intacto y con enormes ganancias.

Es decir, como ya muchos han señalado, este modo de adelantar la 'guerra contra el narcotráfico' no solo es un fracaso, sino que levanta sospechas de si existe una voluntad real de acabar con este flagelo o simplemente se mantiene como pretexto para intervenir tras otros objetivos.

Los desplazamientos y afecciones de salud de campesinos, indígenas y afrocolombianos a causa de las aspersiones con las nocivas y misteriosas sustancias y la represión que las acompaña, si han tenido resultados para las bandas de ultraderecha y el enriquecimiento ilimitado de los jefes narcoparamilitares a costa de las tierras abandonadas.

Además de servir para adelantar dicha contrarreforma agraria, no hay duda que el pretexto de que los cultivos se han extendido a los parques naturales, donde se encuentra la gran reserva de la biodiversidad de nuestro país, despierta sospechas también.

Lo cierto es que la empresa Chemonics de Estados Unidos, por supuesto, y empresarios colombianos se proponen alcanzar la privatización de estas reservas de biodiversidad.

Chemonics ya hizo su trabajo en países como Ecuador, Chile y Bolivia y ya ha dado algunos pasos en Colombia pues administra el Programa Colombia Forestal y está al frente de un proyecto para crear la Empresa Colombiana Promotora de Bosques (Procolbosques) que tendría el manejo de la política forestal.

Desde luego, para esa empresa 'mixta' sus intereses están muy lejos de la conservación de nuestros recursos y sí muy cerca de obtener colosales ganancias con ellos, sin que el ecosistema cuente para nada en sus planes comerciales.

El pretexto para fumigar los parques es el mismo que el Consejo Nacional de Estupefacientes esgrimió hace un año: que los cultivos en estas áreas protegidas han aumentado.

Las tres reservas que se señalan son la Sierra Nevada de Santa Marta, con 230 hectáreas de cultivos ilícitos, que representan el 0,05% de su extensión, el Parque Catatumbo-Barí con 107 hectáreas o sea el 0.06% de su territorio y 2.630 hectáreas de la Sierra de La Macarena, que son el 0,4%.

Por cada hectárea de coca que se fumiga, se ha comprobado que se destruyen tres de bosques y esta situación se agrava por dos razones más: una, que los cultivos ya no se hacen en grandes extensiones, sino en pequeños y dispersos terrenos y la segunda que implica la deforestación de las fuentes de agua y su contaminación. Evidentemente el desastre está a la vista.

Todo esto tiene sin duda un fuerte olor a TLC amarrado, a invasión.

El gobierno de los Estados Unidos no ha ocultado su gran interés por la rica biodiversidad colombiana, recordemos que somos el segundo país del mundo con ese privilegio, y presiona no solo en cada ronda sino a través de su embajada a sabiendas de que no es en estos parques donde se encuentran la mayoría de los cultivos de coca y amapola.

Como puede observarse los parques condenados están ubicados en lugares estratégicos del país, al norte, oriente (frontera con Venezuela) y al suroriente y son además territorios con conocidas riquezas forestales, animales y especialmente minerales.

Por otra parte, es bien significativo que se intensifiquen las fumigaciones en estos lugares donde hay una importante presencia insurgente y los cultivos son una mínima parte de los que existen y sin embargo no se hable de fumigar zonas donde están las grandes producciones de coca, marihuana y amapola, como Urabá y otros territorios bajo dominio paramilitar.

Tanto el Congreso colombiano, como las entidades gubernamentales implicadas han consultado a los empresarios interesados en las riquezas de los parques naturales pero no a los pueblos nativos ni a los campesinos que viven allí y son los reales dueños y protectores de esos territorios.

Ellos son acusados de sembrar las plantas narcóticas y de ser colaboradores de la insurgencia, por tanto se les tilda de terroristas, son asesinados, perseguidos y encarcelados y todo esto está contemplado dentro de los objetivos del Plan Colombia.

Son innumerables las denuncias sobre las consecuencias que para la salud y la alimentación traen las aspersiones, pero el gobierno sigue sin emprender una acción investigativa.

Ninguna de las propuestas que han surgido para la erradicación manual de la coca y la amapola, ni las promesas de ayuda mediante la creación y apoyo de las familias guardabosques han sido cumplidas.

Es fácil deducir entonces que hay una clara disposición de colaboración con el gobierno estadounidense y sus transnacionales y que evidentemente las fumigaciones se utilizan como arma química en la guerra contra el pueblo colombiano.

La seguridad de los habitantes del territorio colombiano en todo sentido y la de nuestras reservas naturales figuran en la constitución como obligaciones del Estado. Por el contrario, hay un claro y determinado interés por brindar facilidades a las empresas extranjeras del turismo, de las medicinas y de la biogenética.

El objetivo de las fumigaciones no es acabar con el cultivo de la coca y la amapola y tampoco con el narcotráfico. El verdadero propósito es mantener una apariencia de lucha contra ese flagelo y contra el 'terrorismo', mientras de las enormes ganancias del narcotráfico se benefician los capos colombianos y los estadounidenses y, lo más importante, se adelantan los megaproyectos económicos y la geoestrategia del imperio.

La defensa de nuestros recursos, de nuestra salud, de nuestra seguridad alimentaria está en las manos del pueblo, está claro que no se puede contar ni con la oligarquía, ni el gobierno, sumisos a la voluntad de los yanquis.

La lucha es desigual por el gran poder militar y económico del enemigo, pero la historia ha demostrado que la victoria es posible. Los colombianos, a pesar de los enormes sufrimientos a que nos está sometiendo el gobierno de Uribe Vélez, a pesar de que llueva veneno, seguiremos buscando los caminos hacia la soberanía y la paz con justicia social.

Fuente: ARGENPRESS