Colombia: U´was rechazan consulta previa para desarrollo de proyecto de explotación petrolera

Cubará, Boyacá - El pueblo U´wa, guardián del territorio sagrado “KERACHIKARA”, manifestó su decisión de no acogerse al proceso de consulta previa para el desarrollo del proyecto de exploración y explotación petrolera Sirirí-Catleya. Dicha posición se sustenta en un comunicado del Resguardo Indígena Unido U’wa a la opinión pública, difundido a nivel internacional con fecha del 30 de abril, que señala: “hemos tomado la decisión oficial de no ir a la CONSULTA PREVIA ya que desde ningún punto de vista este instrumento legal garantiza el respeto al derecho ancestral sobre nuestro territorio que desde nuestro origen venimos ocupando, manteniendo y conservando como entorno natural y cultural que garantiza nuestra integridad étnica y cultural –VIDA-...”

Señala el comunicado que “el gobierno nacional en un nuevo intento de violentar nuestros derechos históricos, patrimoniales y milenarios de rango colectivo pretende el próximo lunes 2 de mayo de 2005 iniciar un proceso de consulta previa (...) para tratar de legitimar su presencia en nuestro territorio y continuar sin obstáculos legales, políticos y culturales, con sus planes de explotación petrolera. (...) Entendemos que trata de cambiar su imagen de gobierno al pretender acercarse a nuestras demandas, y olvidar sus acciones públicas de violencia ejecutadas en años anteriores con el desconocimiento de los derechos que tenemos sobre nuestro territorio.”

¿Desconocía el gobierno la posición de los U´wa?

Para la mencionada reunión del 2 y 3 de mayo, al parecer los funcionarios de la empresa y de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, del Ministerio de Público, la Defensoría de Pueblo, la Gobernación de Cundinamarca e INCODER desconocían la posición de los U´wa, pues viajaron a Cubará convencidos de que harían la instalación de la Consulta Previa y trabajarían con la comunidad en la elaboración del plan de actividades de la misma.

Sin embargo, todo auguraba un mal desenlace de ese esperado momento por parte del gobierno, pues antes de despegar el avión se tenía ya información de que el operativo de aseguramiento de la zona, previsto para garantizar la integridad de los funcionarios en esa región dominada por las FARC y el ELN, había sido suspendido por una orden directa del Ministerio de Defensa. Al llegar a Saravena, el delegado de la Gobernación de Cundinamarca caldeó el ambiente al confirmar la noticia de que habían más de 200 hombres de las FARC en las inmediaciones de Cubará, y que en esas condiciones él no estaba dispuesto a salir del área urbana para acudir el territorio indígena.

En efecto, al llegar a Cubará, el capitán Ortiz de las FFAA abordó la comisión para explicarle que se había desmontado el operativo de la fuerza pública porque estaban cerca los “bandidos de las FARC y del ELN”, que por lo tanto el ejército no se hacía responsable de la seguridad de los funcionarios. Luego, tras un ir y venir de argumentos de los funcionarios que demandaban la protección de la fuerza pública para cumplir con sus tareas oficiales, dada la importancia de este proyecto para el país, quedó claro que las fuerzas armadas del Estado no podían proteger a los funcionarios del Estado para cumplir los compromisos del Estado con los indígenas, y que los funcionarios debían acatar las recomendaciones de la fuerza pública, ó firmar un acta que los eximiera de toda responsabilidad.

En esas condiciones y en medio de una improvisada reunión con el personero, el alcalde y el capitán de la policía de Cubará, Pedro Vallejo, asesor de la Dirección de Etnias, tras señalar lo difícil del proceso explicó que se trataba de un problema delicado porque “por primera vez el gobierno nacional crea un espacio de respeto y participación con los U´wa, un proceso crucial para el país, paradigmático…” donde las implicaciones de no asistir podrían llevar al rompimiento de las relaciones o al señalamiento de que el gobierno no había cumplido, y a que una ONG italiana que acompaña a los U´wa se convirtiera en una “caja de resonancia internacional”.

Así las cosas, acordaron mandar una comisión al resguardo con un mensaje para constatar su presencia en Cubará “con el objeto de cumplir con su compromiso de instalar el proceso de consulta al pueblo U´wa de los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander...” Para solicitarles “se considere la posibilidad de reunirnos en el día de hoy en el casco urbano de Cubará para adelantar el evento programado.”

Mientras tanto, arriba en El Chuscal, unas doscientas personas de las comunidades indígenas y campesinas de Blanquita, El Silencio, Campo Alicia, Fátima, El Guamo y El Chuscal esperaban a los funcionarios oficiales con carne y comida preparada para la ocasión, suministrada por ECOPETROL. El Asesor de la Dirección de Etnias, Pedro Vallejo, leyó el mensaje oficial. Hubo un corto silencio y Roberto Cobaría, Presidente del Cabildo Mayor U´wa cortó el aire y dijo con vehemencia: “Vemos con tristeza que el Estado no cumplió nuevamente… El Estado se comprometió que iba venir aquí a dialogar y hacer la consulta con el pueblo U´wa (…) Teníamos una agenda que se cuadró pero nuevamente el gobierno colombiano no cumplió esa agenda (…) No podemos en esos términos dialogar con el gobierno (…) El país y el mundo ya saben el problema que estamos tratando (…), para otras cosas sí meten ejército pero no para un convenio aquí.”

Acto seguido, los indígenas conformaron una comisión a Cubará para hablar con los representantes del gobierno y reiterar su posición. Pero antes, un delegado de ASUD (Al Sur), ONG italiana, habló en representación del Partido Verde del Parlamento Europeo y diversas organizaciones de derechos humanos de Europa, para “expresar el rotundo apoyo al pueblo U´wa, porque estamos convencidos de que al pueblo U´wa le han sido violados sus derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los derechos económicos, sociales y culturales. (…) Estamos aquí viendo si el gobierno sí tenía voluntad de hacer consulta y respetar los derechos del pueblo U´wa. (…) Llevaremos esto al parlamento europeo. (…) Vemos claro, un pueblo que quiere vivir, y nosotros sabemos lo que pasa a los pueblos indígenas con la explotación petrolera: se contamina y se destruye la naturaleza, la cultura de los pueblos. (…)

“Con todo respeto, -dijo el asesor estatal Pedro Vallejo-, llevamos más de un año tratando de hacer este proceso y sólo hemos logrado una reunión. (…) El más interesado en que se hiciera este diálogo ha sido el gobierno. (…) Siempre hemos coordinado todas las actividades para hacer esta consulta…, hemos respetado el ayuno. Aquí no se ha violado ningún derecho, pero el conflicto armado es una realidad en Colombia. (…) Los funcionarios están sujetos a códigos disciplinarios, si venían tenían que firmar una carta asumiendo su responsabilidad personal sobre su seguridad (…) Estamos aquí como todos ustedes, a pesar de todos los riesgos. (…) Ustedes como entidad internacional pueden acompañar si quieren, pero una veeduría debe ser reconocida por ambas partes para que sea válida. (…) Pueden tramitar esto ante el gobierno. (…)

Ya en Cubará, el Presidente del Cabildo Mayor U´wa, Roberto Cobaría, preguntó a las fuerzas militares y de policía “¿porqué no protegen a su propio gobierno?” (…). Señaló que los U´was han pedido saneamiento del resguardo y consulta previa, pero que si la fuerza pública no ha sido capaz de responsabilizarse él tampoco es “capaz de responsabilizarse de los u´witas que vienen aquí. Tendrían que prohibir guarapo y aguardiente, cerveza y todo. (…) Tenemos un compromiso y por eso estoy aquí. (…) Para mí es un desquite, falta de respeto. La gente viene de caminos de dos días y ustedes no van. (…) Yo no puedo venir a hablar solo porque yo soy sólo un empleado del pueblo, por eso el pueblo los estaba esperando para que hablen con ellos. (...) ¿Para qué hicimos nuestras cartas, nuestros acuerdos, nuestro plan de trabajo, para no cumplirlo?”, –preguntó-.

Luz Helena Izquierdo, indígena arhuaca que ostenta hoy el cargo de Directora de la Dirección de Etnias del Ministerio del interior, respondió que “parte del problema es que ustedes no estaban cuando llegamos y nos sentimos solos, pero con ustedes el ministerio sí subiría.” Finalmente, acordaron que la comisión subiría al día siguiente para hacer la reunión prevista, pero cuando iban camino a Chuscal recibieron la razón de los indígenas de que no habría reunión, informaron fuentes del ministerio.

La Consulta previa no garantiza nuestros derechos

La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas estipulado por el convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia en la Ley 21 de 1991, que busca preservar su pervivencia étnica, cultural, social y económica. Y ha sido reconocido como tal por la jurisprudencia colombiana, con el fin de garantizar su derecho de participación en las decisiones que los afectan, en especial las relacionadas con los grandes proyectos de desarrollo que tienen profundos impactos sobre el ambiente, la cultura y la vida de sus comunidades.

Hoy, el pueblo U’wa representado por Asou´wa renuncia a este derecho, tras reiterar su resistencia a todas las actividades de explotación petrolera en su territorio sagrado, porque consideran que representará “la destrucción y el exterminio sistemático” de su cultura y territorio.

Según el documento Posición oficial del pueblo u’wa, las razones que motivan esta negativa se basan en que su territorio no está en venta ni será objeto de negociación; en el incumplimiento del gobierno frente a sus aspiraciones territoriales y de saneamiento del Resguardo Indígena Unido U’wa; en experiencias anteriores que han demostrado que la consulta se realiza para informar la ejecución del proyecto petrolero “y no para que los pueblos indígenas tomen decisiones autónomas sobre si aceptan o no el desarrollo de estos proyectos”; y porque en ocasiones anteriores “no se ha garantizado la transparencia, imparcialidad y legitimidad” del proceso, y el gobierno ha tomado las decisiones sin contar con la voluntad de los pueblos indígenas.

Según los indígenas, la Consulta Previa no garantizará el respeto del derecho a la vida de su pueblo ni su autoridad jurisdiccional sobre el territorio. Por lo tanto, exigen al gobierno nacional que respete las leyes preexistentes que amparan sus derechos territoriales, conforme lo ordena la Constitución y las leyes internacionales que regulan la materia.

Olga Luz Restrepo F.
Enviada Especial Actualidad Étnica

Fuente: Etnias de Colombia