Colombia: Parques Nacionales Naturales no debe vulnerar derechos de comunidades campesinas

Todo comienza con el proceso sancionatorio que frena la construcción de la unidad sanitaria del internado Juan León, ubicado en la vereda Brisas del Guayabero; un segundo proceso se abrió en contra de la empresa de transportes Cootransariari con ruta Granada – Uribe – San Juan de Losada – La Macarena; por último se detuvo con otro proceso la instalación de equipos para el funcionamiento del programa de internet "Vive Digital" en 22 escuelas al interior de los Parques.

Con estas medidas arbitrarias están siendo afectadas más de 800 familias conformadas por menores de edad, adultos mayores, hombres y mujeres que habitan al interior de estas áreas protegidas; mediante estos actos administrativos impuestos por los jefes de los parques desde la comodidad de sus escritorios:

• Se desconocen y vulneran derechos humanos fundamentales de las comunidades que han poblado como colonos campesinos este territorio incluso desde antes de la constitución de los parques.

• Se desconoce la “Mesa de concertación nacional entre organizaciones campesinas e instituciones para la formulación y gestión de la política pública participativa para la solución de conflictos territoriales en áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.”, mesa creada por mandato presidencial a través del Acuerdo para la prosperidad 079 del 28 de agosto de 2012.

• Se desconoce la Mesa Regional de Concertación que viene ejecutando un Convenio de Asociación con el objeto de aunar recursos técnicos, financieros, administrativos y logísticos entre Parques Nacionales Naturales de Colombia –PNNC– y La Corporación por la defensa ambiental y el desarrollo sostenible del Amem – Corpoamem para la realización de la caracterización socioeconómica de las familias campesinas asentadas en los Parques Nacionales Naturales Tinigua y Cordillera de los Picachos y la precisión de límites con participación de las comunidades locales en los sectores priorizados con el fin de contribuir en construcción de la línea base de uso, ocupación y tenencia.

Frente a estos atropellos las comunidades campesinas ponen en conocimiento a la comunidad y a la opinión pública y manifiesta su repudio ante las actitudes de los funcionarios jefes de los parques quienes, además de tener un desconocimiento de las áreas protegidas que dicen administrar ya que no hacen presencia al interior de éstas, son funcionarios que por medio de estas acciones vulneran los derechos humanos de las comunidades y pretenden sabotear los escenarios de concertación establecidos, demostrando con esto su incapacidad para solucionar conflictos territoriales entre campesinos y áreas protegidas y su incapacidad para construir con las comunidades cualquier escenario de paz y reconciliación dentro de los territorios.

Las comunidades asentadas en esta región reiteran su compromiso con la conservación de las áreas protegida y expresan su voluntad y disposición de diálogo en los escenarios de concertación pactados con Parques Nacionales Naturales.

Se exige levantar de manera inmediata las medidas preventivas y sancionatorias que afectan a las familias campesinas al interior de los parques, se exige la renuncia inmediata de los incompetentes, ineptos, negligentes y malintencionados jefes de los parques Tinigua, Juan Carlos Clavijo y Sierra de La Macarena, César Zarate. Se exige el inmediato cumplimiento de la sentencia T 806 - 14 de la Corte Constitucional que pondera el derecho a la educación con el derecho al ambiente y determina garantizar el derecho a la educación de los niños donde actualmente están ubicados sus centros de estudio. Se exige el restablecimiento de la prestación del servició de transporte y la instalación de los equipos para el funcionamiento de Internet en las escuelas para la adecuada educación de los niños.

Firman en La Julia de La Uribe, Meta, el 19 de febrero de 2016: Corpoamem, Acatamu, Ascal-G, Asopeproc, Corpoayari, Ascagroan.

Fuente: Prensa Rural