Colombia: Niños afectados por fumigaciones con glifosato

Una difícil situación viven los habitantes indígenas, afrodescendientes y campesinos del Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbíos Ipiales-Nariño; ya desde el pasado 7 de abril de 2015, permanentemente la Policía Antinarcóticos, en el marco de su política antidroga, reinició operaciones mediante aspersión aérea con glifosato. Se denuncia la afectación producida por estas fumigaciones a los habitantes de las zonas rurales, en especial a los niños del corregimiento Piñuña Negro perteneciente al municipio de Puerto Asís, que presentan afectaciones en su salud y a la fecha no han sido atendidos por las autoridades del orden municipal ni departamental.

La incoherencia del Gobierno Nacional frente a la política antidrogas muestra una vez más la descoordinación antes las decisiones tomadas en la no utilización de aspersiones áreas con agro tóxicos como el glifosato. Hoy la grave crisis humanitaria de los habitantes de la región, derivada de las aspersiones aéreas, deja ver la falta de compromiso y capacidad de gestión por parte del Gobierno Nacional para avanzar en los diálogos que actualmente se celebran con la Mesa de Organizaciones Sociales de Putumayo, la Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbíos- Nariño.

La Organización Mundial de Salud OMS clasifica a este herbicida como “dañino para la salud humana por su alto concentrado químico que puede causar enfermedades, especialmente cáncer”. Se denuncia a la Policía Antinarcóticos por el mal manejo que da a este herbicida conociendo el informe de la OMS y poniendo en peligro la salud de los habitantes, en especial los niños quienes son más frágiles a los efectos del glifosato, como es el caso concreto de las afectaciones registradas en el Corregimiento de Piñuña Blanco del municipio de Puerto Asís.

Se exige al Gobierno Nacional ordenar el cese definitivo de las fumigaciones con glifosato o cualquier otra sustancia tóxica en el departamento de Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbíos Ipiales- Nariño. A la gobernación de Putumayo y las autoridades municipales de Puerto Asís que pongan en práctica los protocolos de atención en salud a las familias afectadas por las fumigaciones en especial a los niños y niñas. A las administraciones públicas y órganos de control que apliquen de manera inmediata los mecanismos de prevención y protección de derechos humanos y que, dados los casos de gravedad y urgencia médica, activen una ruta conjunta con las secretarías de gobierno municipales y en especial con las secretarías de salud departamental y municipales para garantizar el derecho a la salud y la atención inmediata ante los llamamientos de la comunidad.

Se le solicita asimismo al Hospital José María Hernández hacer práctica las visitas médicas y brigadas de salud respectivas en las zonas rurales, en especial en el sector de Piñuña Blanco.

Se responsabiliza al Gobierno Nacional, departamental y municipal, a la Policía Antinarcóticos, a la secretaría de salud departamental y municipal de lo que pueda suceder con los menores de edad, sus familias y las comunidades que hoy están afectados por las indiscriminadas fumigaciones que azotaron a la región con un inminente riesgo de desplazamiento forzado.

Se responsabiliza también al presidente Juan Manuel Santos por el incumplimiento de los acuerdos pactados desde el 5 de septiembre de 2014 y rectificados el 19 del mismo mes, en los que se comprometía a que la fumigación no afectaría a las comunidades campesinas, indígenas y afros que habitan en la región.

Por último se responsabiliza de esta situación a los funcionarios del Gobierno Nacional que participan en las comisiones técnicas de los diálogos con la Mesa Regional de Organizaciones, quienes han tenido información de estos hechos y trabajan en las discusiones; por la omisión de sus deberes y el incumplimiento de los acuerdos pactados en 2014.

Se solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), en el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas. A la comunidad internacional que se continúe con el seguimiento y el monitoreo frente a la grave situación de derechos humanos y agresión e intimidación permanente a los luchadores sociales en Colombia y realizar seguimiento sobre las investigaciones que se adelanten frente a los hechos de la presente denuncia.

Fuente y foto: Agencia Prensa Rural