Colombia: Ley forestal: Uribe echa reversa
La iniciativa que privilegia la explotación maderera y desconoce los derechos de las comunidades ancestrales fue regresada al congreso
Tras 11 intentos fallidos, el 13 de diciembre de 2005 fue aprobada finalmente en la cámara de representantes la ley maderera o ley forestal, señalada por los críticos como una estocada mortal a los bosques naturales colombianos. La bancada uribista votó en bloque la iniciativa haciendo caso omiso de los cuestionamientos hechos por parlamentarios del Polo Democrático Alternativo, ambientalistas, el procurador general, el contralor general, los ex ministros de Ambiente, organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas. ONG como Semillas, Swissaid, Censat, Agua Viva, Ceoin, ILSA y Proceso de Comunidades Negras convergieron al afirmar que la nueva ley, defendida por el presidente Álvaro Uribe y sus ministros de Agricultura y Ambiente Andrés Felipe Arias y Sandra Suárez, afecta los intereses nacionales y las reservas culturales, biológicas y democráticas. "Las desafortunadas declaraciones de los ministros de Agricultura y Ambiente, las entendemos como una defensa de los intereses de las grandes empresas madereras forestales y el programa Colombia Forestal, Usaid", señalaron, a la vez que llamaron a los colombianos que sientan vulnerado su derecho a un ambiente sano a manifestar su rechazo e interponer recursos tendientes a reversar esta ley.
Vicios de trámite
El trámite de la iniciativa fue cuestionado en el congreso por sus opositores, por ser votada en varios de sus artículos sin existir quórum, introducir artículos nuevos a última hora, no aceptar enmiendas, no consultar a las comunidades afectadas e ir en contravía de los intereses ambientales.
Enfoque comercial
Según los parlamentarios opuestos a la nueva ley, ésta constituye un retroceso en derechos de las minorías y privilegia la explotación maderera, lo que favorece intereses de compañías multinacionales interesadas en ella. Coinciden con lo anterior los conceptos del procurador y contralor que indican que provoca conflictos sociales, pérdida del patrimonio ambiental y contiene un enfoque comercial.
La nueva ley fue aprobada en medio de una fuerte polémica que aun no termina, donde el ministro Arias persiguió anular las críticas denunciando a los ex ministros del Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra y José V. Mogollón, quienes son socios de la empresa Refopal, que tiene sembradas 600 hectáreas de árboles maderables. Los ex ministros respaldaron con sus firmas el documento de las ONG que rechaza la nueva normatividad maderera y han afirmado que ésta provoca la destrucción del bosque natural y no consulta a las comunidades ancestrales, verdaderas propietarias de los bosques.
El gobierno echa reversa
Después de haber defendido a capa y espada la nueva ley forestal y preocupado por las demandas que podían terminar tumbándola en la corte constitucional, el presidente Álvaro Uribe decidió el 12 de enero no sancionarla, objetar 11 de los 60 artículos que contiene la norma y regresarla al congreso para que sea modificada. Sandra Suárez, ministra del Medio Ambiente, prepara el pliego de modificaciones, que será entregado al congreso para ser discutido, votado o negado en marzo. Las objeciones presidenciales aceptan varios cuestionamientos hechos al proyecto forestal, pero no eliminan el espíritu comercial que permite la explotación maderera por multinacionales.
Fuente: Semanario Voz, 18 de enero de 2006
Fuente: Prensa Rural