Colombia: Las Zidres aún no convencen

Según el Superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, “la creación de las Zidres va a hacer productiva una zona que es absolutamente improductiva, como lo es la Altillanura, además se garantiza tierra para los campesinos que con la Ley 160 son a cinco años”.

Adicionalmente, dijo que “todos los que tengan procesos de adjudicación se van a agilizar esos procesos con el fin de que los dos millones 900 mil hectáreas que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) ha definido como zonas Zidres van a ser de alta productividad, y se va a permitir que la gente trabaje independientemente o se pueda asociar y que la inversión va a llegar con tranquilidad para que haya la seguridad jurídica de poderlo determinar”.

Para el Gobierno Nacional con la aprobación en segundo debate de este proyecto por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes, el país está más cerca de que haya un “renacer de la Altillanura, ya que se van a beneficiar departamentos como el Meta, Caquetá, Casanare, Vichada y Arauca”.

Vélez, fue enfático en resaltar que sí se llega a aprobar definitivamente este proyecto de ley, “las mismas personas serán quienes presenten sus proyectos productivos, sin ningún tipo de obligación. Por ejemplo, si un pequeño agricultor lo quiere presentar lo puede hacer y va tener una ayuda del Gobierno para hacerlo, al igual que un mediano, y en el caso de un grande, éste debe presentarse ante el Ministerio de Agricultura y habrá un Conpes para los mismos, los cuales serán aprobados por el Consejo de Ministros”.

Críticas

Sin embargo, las críticas al proyecto se mantienen, como las de los partidos políticos Alianza Verde y Polo Democrático, quienes unidos a varias organizaciones del sector agro, mostraron su inconformidad por lo que denuncian que en realidad es una contrareforma agraria.

Para el representante Alirio Uribe, “el Gobierno no ha cumplido con la restitución de tierras, no ha aplicado la Ley de Víctimas de fondo. Se quiere legalizar el despojo con la creación de las Zidres. Es falso que se quiera dar unos beneficios a los campesinos. Todo esto es una mentira y se hace imperativo denunciarla. Los empresarios nunca han apoyado, ni han querido ayudar a los campesinos”.

A su turno, el representante Inti Raúl Asprilla recalcó que “para realizar una reforma al sector agropecuario aún nos falta tener información, estamos a la espera del censo agrario y el inventario de terrenos baldíos que no se ha hecho. Debe haber un modelo territorial y no lo hay. Las multinacionales tienen que pagar por nuestras tierras y el Gobierno ha mostrado su incapacidad y no ha ayudado a los campesinos y lo que ha hecho es irse con los ricos, los empresarios y grandes que no son sujetos de la reforma agraria”.

Óscar Gutiérrez Reyes, presidente de Dignidad Agropecuaria resaltó que “en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) hay 35 billones de pesos puestos por capital privado para la creación y desarrollo de las Zidres, los cuales son de grandes empresarios y monopolios y podemos ver que no sólo son para inversiones en la Altillanura, sino para el Pacífico y otros sectores del país, pero es importante resaltar que con las Zidres no se va a beneficiar a los campesinos, sino a las grandes empresas quienes cultivaran alimentos para los extranjeros”.

Proyecto “descarademente ilegal”: Robledo

Para el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, el proyecto de las Zidres es “descaradamente ilegal” al pretender entregarle la tierra que debería ser para los campesinos a magnates más interesados en especular con la tierra que en producir en el campo.

Robledo recordó que por una demanda suya y del ex Representante Wilson Arias, la Corte Constitucional declaró inexequibles tres artículos del anterior Plan de Desarrollo del gobierno de Santos que tenía la misma pretensión de legalizar las acumulaciones irregulares de baldíos.

Según el senador polista “el primer objetivo del proyecto de ley Urrutia Zidres es legalizar los actos ilegales que promovió la firma del exembajador de Santos en Washington”. Para Robledo “la Ley Urrutia Zidres le quitará al campesinado el derecho exclusivo que la Constitución le otorga sobre las tierras baldías del Estado” y en consecuencia, la tierra baldía del Estado que hoy es por derecho del campesinado pasaría, con la Ley Urrutia Zidres, a Cargill, LCSA y otros magnates.

Sobre las llamadas asociaciones que plantea el Proyecto de Ley entre las transnacionales del sector agroindustrial y los campesinos, Robledo comentó que son falsas asociaciones que “equivalen a las de las zorras con gallinas.”

El senador Robledo recalcó que mientras existe una amplia convergencia de sectores políticos y sociales del agro que se oponen al proyecto, en el respaldo a la Ley Urrutia Zidres coinciden la Unidad Nacional y el Centro Democrático.

Proyecto de Zidres amenaza unidad agrícola familiar

Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres) aniquilarían la unidad agrícola familiar, único antídoto contra la concentración de la tierra, según afirma César Jerez, coordinador de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc).

En su opinión, este proyecto de ley, presentado por el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y por el superintendente de notariado y registro Jorge Enrique Vélez, vulneraría el derecho a los baldíos, los cuales deben ser para campesinos pobres o sin tierra.

Asimismo, afirmó que existen algunas desventajas entre el modelo de desarrollo y las condiciones de los campesinos, ya que el proyecto de ley dice que las Zidres no se pueden desplegar en zonas de reserva campesina. “El problema es que el Gobierno no constituye estas zonas desde hace más de una década, de hecho hay un veto constitucional sobre esta figura”, señaló Jerez.

Para Alonso Correa, sociólogo y magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, algunas problemáticas que aparentemente busca solucionar esta iniciativa son la clarificación de títulos, los problemas del posconflicto, la concesión de tierras para minería, el problema alimentario nacional y el intento de vincular capital transnacional y agroindustrial a nuevos desarrollos.

En este sentido, el profesor Óscar Useche, de la Universidad Minuto de Dios, cuestiona la posibilidad de que, tras este proyecto, en algunas zonas se pudieran crear algunas figuras asociativas con campesinos, permitiendo la entrada de grandes capitales.

“La disputa real es qué espacio van a ocupar las economías campesinas, indígenas y otras figuras que existen”, afirmó el experto.

Además citó como ejemplo el modelo de desarrollo aplicado en algunas regiones de Brasil, donde tierras de baja productividad fueron destinadas al cultivo de cereales y a la agroindustria ligada a multinacionales. “Efectivamente, se incrementó la productividad del agro, pero ha recibido fuertes críticas por los impactos sociales y ambientales que hoy defiende el movimiento social en ese país”.

El Observatorio de Tierras en Colombia ha hecho seguimiento a las alianzas entre campesinos e industrias, específicamente para el caso de la palma.

“Es desfavorable en términos de concentración del uso del suelo y de la propiedad de la tierra”, afirmó Jennifer Vargas, integrante del observatorio y magíster en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la U.N.

Según la experta, el Estado debe fortalecer la institucionalidad y un modelo de desarrollo más acorde para un país que ha afrontado el conflicto armando.

”Hay que considerar que los campesinos se han visto obligados a formar zonas de reserva campesinas porque es una forma de protegerse frente a los mercados y frente a los diseños institucionales que buscan quitarle sus tierras”, destacó Vargas.

Finalmente, Javier Lautaro Medina, coordinador del equipo de Tierra y Derecho al Territorio del Cinep, reflexionó acerca de los argumentos de esta nueva ley. Se trata de más de los mismo, dijo, “la economía campesina es un ejercicio inviable y la economía industrial trae desarrollo al campo”, enfatizó Metina, quien añadió que esta es una idea que se vuelve a materializar en este proyecto de ley.

Fuente: El Nuevo Día