Colombia: "Exigimos nuestros derechos liberando la madre tierra"

La historia de la invasión española a los territorios indígenas y el tratamiento a los pueblos nativos fue inhumano, inquisitivo y genocida. Sin embargo, en esta región en la cual permanecemos, ocupamos y resistimos hasta el día de hoy no lograron tal propósito en vista de la respuesta valiente y valerosa de nuestros antepasados, obligando al virreinato español reconocer la propiedad del territorio a través de títulos coloniales, bajo la figura de resguardos.

De lo corrido en la historia republicana, las élites criollas no solo preservan la descendencia genética de los invasores, sino también heredaron las prácticas horrorosas de guerra y violencia para mantener la osadía de usurpar de diferentes maneras la propiedad de las tierras ancestrales que la corona española no nos pudo arrebatar. Estos criollos de manera fraudulenta disolvieron muchos de los resguardos y los territorios ancestrales escriturándolos a su ejército.

En la historia reciente de Colombia, resultado del pacto constitucional de 1991 se reconocen derechos colectivos a los pueblos indígenas del país, sin embargo respecto a la propiedad integra de los territorios ancestrales la situación no cambia, al contrario, el poder económico del país, la élite terrateniente y los gobierno de turno han recrudecido la guerra genocida y violenta contra los pueblos que reclaman su derecho al territorio institucionalizándola a través de las Fuerzas Militares y de Policía (ESMAD).

HECHOS:

Desde el día 14 de diciembre de 2014, hombres, mujeres, mayores, guardias, jóvenes indígenas atendiendo los mandatos comunitarios iniciaron acciones de liberación de la madre tierra en la parte plana de Corinto, después de permanecer y ocupar pacíficamente los predios denominados: Miraflores, Quebrada Seca, García Arriba, Granaditas. Las exigencias por el derecho al territorio se han extendido hasta el sector de La Agustina-Santander de Quilichao en la vía panamericana que comunica al departamento con el sur y centro del país, reclamos iniciados a mediados de febrero.

Después de la orden impartida por el Gobierno Nacional para el desalojo de los ocupantes de los predios y el desbloque de la vía panamericana se han presentado las siguientes violaciones a los derechos humanos a partir del uso indiscriminado de la fuerza y el uso de armas largas para acallar las justas reclamaciones:

El Tejido de Defensa de la Vida y los DDHH de ACIN, registra que en los últimos 4 días (24, 25, 26 y 27 de febrero) de arremetida por parte la Fuerza Pública ejército, policía ESMAD se han presentado 53 afectados por parte de las comunidades indígenas movilizadas, heridas que según descripción medica se registran así: heridas abiertas causada por arma contundente, heridas abiertas causadas por objeto corto punzantes, heridas de alto compromiso causada por impacto de arma de fuego, contusiones hematomas en diferentes partes del cuerpo, y compromisos oculares. Los afectados han sido atendidos en los hospitales de Corinto, Miranda y Santander de Quilichao, entre los heridos hay 5 comuneros que por su gravedad fueron remitidos al Hospital Universitario del Valle nivel III en la ciudad de Cali, 3 de los cuales registran herida por arma de fuego.

Lo anterior se ha dado por la desmedida e ilegal utilización de la fuerza, pues se han empleado las armas TRUFLY (lanzagranadas de gas) como arma contundente y letal al disparar de manera directa contra la humanidad de los indígenas, utilización de armas corto punzantes (machetes) y disparos de arma de fuego. Manifestamos que existe asedio y acciones de judicialización de los indígenas heridos en el Hospital Universitario del Valle, a los tres les han retenido su documentación.

También se registra restricción a la misión médica por parte de la Fuerza Pública en los lugares en que la comunidad se manifiesta, seguimientos a autoridades indígenas y guardia, registro fotográfico indebido a comuneros indígenas, estigmatizaciones y señalamiento.

En momentos en que se redacta este comunicado se conoce de la arremetida por parte del ESMAD a los lugares donde se encuentran los víveres y las cocinas de los manifestantes en el sector de La Agustina-Santander de Quilichao y, en la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Corinto se presenta una situación similar.

En medio de estas acciones en la tarde del día de ayer 27 de febrero por medios de comunicación han circulado lo que sería la tercera amenaza mediante panfleto del grupo paramilitar los Rastrojos que junto con las Águilas Negras intentan inducir miedo en la población. También ayer, en horas de la tarde llegó una nueva amenaza, esta vez contra la emisora Radio Pa’Yumat del Tejido de Comunicación de la ACIN. Esta amenaza llegó vía celular a varios integrantes del Tejido de Comunicación desde el número 3207538360, dice: “SAPOS TRIPLE HP LES RECOMENDAMOS MODERAR EL LENGUAJE POR ESA PUTA EMISORA O NO RESPONDEMOS POR USTEDES, SOLICITAMO A FELICIANO V, GOB DE CORINTO Y LOS LLAMADOS CONSEJEROS PARA Q CORRIJAN SUS MENTIRAS X SUS MEDIOS."

El 26 de febrero, la gobernadora de Huellas Caloto MARGARITA HILAMO recibió una amenaza, también vía celular, desde el numero celular 3156957400 en donde le dicen “TIENEN 24 ORAS PARA QUE LEVANTEN ESA GUARDIA QUE ESTA ENSEGUIDA DEL PUEBLO ONO RESPONDEMOS NO QUE REMOS ESOS SAPOS ENLA VIA PASADO 24 ORAS INO ACATAN MIS ORDENES SONDE CLARADO OJETIVO MILITAR DES D EL VALLE LAS ÁGUILAS NEGRAS ASIENDO LINPIESA”

Rechazamos con contundencia los comunicados firmados por grupos autodenominados Rastrojos, Águilas Negras en los cuales amenazan a los cabildos indígenas del norte del Cauca, a la ACIN, al CRIC y a la ONIC, a líderes y a colaboradores de estas organizaciones a quienes han declarado objetivo militar en distintos panfletos que han aparecido en la zona desde finales del año pasado y que en horas de la mañana del día de hoy sábado 28 de febrero distribuyeron por diferentes lugares de la región.

Lo paradójico de la anterior situación es que el norte del Cauca es una de las zonas de mayor concentración de personal activo de las Fuerzas Militares, haciendo presencia con batallones de Alta Montaña en los municipios de Corinto, Miranda, Toribio, Caloto y Jambaló, así mismo con personal permanente en el corredor vial entre los municipios de Miranda, Corinto, Caloto y Santander de Quilichao, además de contar con estaciones de policía en cada uno de estos municipios, lugares donde en lo corrido del año 2015 se han presentado 52 personas asesinadas: 40 en el municipio de Santander de Quilichao, 5 en el corredor de la vía Caloto-Corinto y 7 alrededor del municipio de Caloto, según datos presentados en la presentación del II informe del Frente Amplio por la Paz en el corregimiento de El Palo del municipio de Caloto el 25 de febrero de 2015.

Instamos al Gobierno Nacional que en el menor tiempo posible adquiera los predios que demandan las comunidades indígenas del norte del Cauca ubicadas en los municipios de Miranda, Corinto, Caloto y Santander de Quilichao.

Hacemos un llamado a los empresarios del Valle del Cauca y en particular a la agroindustria de la caña a ser coherente con la campaña “Soy Capaz” lanzada el pasado mes de septiembre de 2014 a que cedan y oferten las tierras que demandan las comunidades indígenas del norte del Cauca.

Alertamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, a las Instituciones, Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que estén atentos a los abusos y posibles violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Llamamos a la Defensoría del Pueblo, para que haciendo presencia en la zona y en ejercicio de las funciones asignadas constitucional y legalmente, verifique la situación descrita y de inicio a las acciones que haya lugar en contra de la Fuerza Pública.

A la Procuraduría General y Procuraduría Municipal, para que desplieguen las acciones pertinentes en materia de Derechos Humanos y Disciplinarias en observancia de su resorte misional. A la Fiscalía General de la Nación, para que dé inicio a las investigaciones a pertinentes, a partir de la situación de vulneración de Derechos Humanos en contra de los Pueblos Indígenas identificados en la zona.

A la Oficina del Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, para que dentro del resorte de sus funciones direccione todos los esfuerzos necesarios para garantizar la legalidad y el respeto a los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas concentrados en el departamento del Cauca.

A las agencias internacionales (ACNUR, OACNUDH, PNUD, CIDH, CICR entre otras) y demás organizaciones de la sociedad civil (CODHES, CCJAR, INDEPAZ, entre otras), para que en el marco de sus funciones misionales exijan al Estado Colombiano, realice las acciones necesarias para garantizar y proteger sus derechos e informen a la comunidad nacional e internacional sobre la grave situación que afrontamos los Pueblos Indígenas en Colombia por el riesgo latente de extinción física y cultural que afrontamos en la actualidad.

Fuente: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca